El año que cambió el porvenir de La Recuelga
Los últimos 365 días han resultado cruciales para el lavadero de carbón de Santa Cruz del Sil y detrás del éxito de su defensa hay una comunidad de colectivos y personas que no han bajado la voz desde el 7 de enero de 2022
El 7 de enero de 2022, el Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León dio a conocer, a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el inicio del plazo de información pública de un proyecto fotovoltaico que pretendía la instalación de más de 23.000 paneles solares en los terrenos de La Recuelga de Santa Cruz del Sil y, por consiguiente, el derribo de todos los edificios e instalaciones existentes, incluidos los de valor patrimonial, incluido el lavadero de carbón de Antracitas de Fabero.
De aquello hizo ayer un año y esa acción en principio encaminada a limpiar el terreno del pasado minero tuvo el efecto contrario, porque 365 días después, el porvenir del viejo lavadero es totalmente opuesto. Esta misma semana, otro Boletín, el de la Junta de Castilla y León, hacía pública la orden de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de 23 de diciembre, para incoar el expediente en el que se estudiará la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto minero de La Recuelga.
En solo un año, el lavadero de carbón construido al pie de la carretera minera CL-631 y activo entre 1946 y los años 70 ha pasado de la condena al amparo, del olvido al auxilio, del abandono a la salvaguarda. Y ese cambio ha sido el resultado de una acción conjunta, el efecto del trabajo independiente pero cohesionado de una comunidad unida en la defensa del patrimonio industrial que ha actuado desde varios frentes para tratar de dar sentido al Inventario del Patrimonio Histórico Industrial de Castilla y León, encargado por la propia Junta en 2010. Un catálogo que, ya hace casi 13 años, certificó el valor del lavadero de Antracitas de Fabero y también el de las instalaciones de Victoriano González, sin que nada se hubiera hecho desde entonces para garantizar su protección.
Del olvido al auxilio
De la intención de una empresa asentada en Madrid con raíces en la zona, Genelec Invest S.A. (Geninvest), de derribar todas las instalaciones industriales de La Recuelga para sembrar el suelo de placas solares emanó una retahíla de acciones. Se presentaron decenas de alegaciones al proyecto de cuyo desarrollo nada más se ha sabido, se registraron dos solicitudes —de parte de cinco entidades— para que la Junta de Castilla y León incoara el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), se organizaron exposiciones y conferencias y se trasladó el debate a las Cortes de Castilla y León en varias ocasiones impidiendo que el tema cayera en el olvido político.
Además, Hispania Nostra incluyó los dos lavaderos de Santa Cruz en la Lista Roja del Patrimonio y el Ayuntamiento de Páramo del Sil anunció haber llegado a un principio de acuerdo con el promotor del parque fotovoltaico para que, de salir adelante, respetara la construcciones de valor patrimonial.
El Club Xeitu, la Junta Vecinal de Santa Cruz del Sil, la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la Uned, profesores y catedráticos de la Universidad de León (ULE), el Instituto de Estudios Bercianos (IEB), la Asociación Cultural Ferroviaria Berciana (CFB), la Asociación A Plena Cultura, el Colegio Oficial de Arquitectos de León (Coal), partidos políticos como el PSOE, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Coalición por el Bierzo (CB) y el papel protagonista que ha tenido La Recuelga en los medios de comunicación son parte de una estrategia en la que también se han involucrado personas a título particular, principalmente con una vinculación directa con la cuenca minera del Sil.
Todos ellos han hecho ruido durante meses para que 2022 fuera el año de la defensa del patrimonio industrial minero del Bierzo, representado por el que fue el lavadero de carbón más importante de España. Queda por ver ahora si el paso dado por Patrimonio culmina en la protección de La Recuelga como Conjunto Etnológico y si esa protección lleva consigo una intervención real sobre el bien para garantizar su pervivencia.