POLÍTICA
Ferraz decidirá el futuro de la alcaldesa de Fabero por su juicio penal
La Comisión de Ética y Garantías estudiará su continuidad tras la suspensión de militancia por el juicio pendiente por presunta prevaricación administrativa
Mari Paz Martínez, en una imagen reciente. L. DE LA MATA
La dirección federal del PSOE ha trasladado el caso de la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, a la Comisión Federal de Ética y Garantías para que valore su continuidad en el cargo hasta que haya sentencia. Así lo ha confirmado a este periódico desde Madrid un portavoz de la Ejecutiva Federal después de que se conociese que Martínez tiene un juicio pendiente para el mes de febrero por una presunta prevaricación administrativa en varias contrataciones del Consistorio de la cuenca minera.
Desde Ferraz también han confirmado que Mari Paz Martínez ha sido suspendida de militancia en aplicación del Código Ético del PSOE. Con la decisión, el PSOE eleva a su máximo órgano de decisión interna el caso de la política berciana
El Juzgado de los Penal número 1 de Ponferrada ha vuelto a fijar la fecha del juicio oral contra la alcaldesa y otros tres acusados, para los días 20 y 21 de febrero después de que se suspendiera por la pandemia.
Martínez anunció a principios de esta semana que recurrirá la decisión del PSOE federal de abrirle ese expediente de suspensión de militancia al entender que es inocente de las acusaciones de la Fiscalía, tras la denuncia interpuesta en su día por Ciudadanos en el Ayuntamiento, y que así se demostrará en la vista oral.
La Comisión Federal de Ética y Garantías está presidida por la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo Roces. Su secretario es Rafael Román Guerrero y forman parte como vocales Carmen Serván Soto, Javier Rodríguez Palacios y Tirso Calvo Zardoya, según se aprobó en el último Congreso Federal.
El Código Ético del PSOE, en su artículo 5, que hace referencia a la actuación del partido en casos de implicación de cargos públicos en procedimientos judiciales, señala en su apartado segundo: «Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido».