La huelga de letrados judiciales en Ponferrada retrasa un año los primeros 12 juicios penales

Solo uno de los 13 juicios penales convocados para esta semana en el Palacio de Justicia de Ponferrada podrá celebrarse. Se trata de un caso donde el acusado se encuentra en prisión y por tanto entra dentro de los servicios mínimos -junto con los casos de violencia de género o el juzgado de guardia- de la huelga de letrados de la Administración de Justicia a la que desde este lunes se han sumado los once funcionarios especializados (antiguos secretarios judiciales) que trabajan en la cabecera del partido judicial berciano.

Los letrados posaron este lunes junto a una hilera de togas simbólicamente colgadas de las paredes del vestíbulo del Palacio de Justicia para anunciar que se suman a la huelga nacional indefinida que mantienen desde el pasado 24 de enero sus compañeros en otros territorios. Los antiguos secretarios judiciales habían retrasado su incorporación a la huelga estos días hasta asegurarse de la correcta implantación de la separación de jurisdicciones y los cambios en la gestión judicial que debían producirse en Ponferrada, explicó el portavoz del colectivo, José Miguel Carbajosa, en una convocatoria de prensa.

Los letrados, que desde las reformas judiciales de 2015 han asumido labores que antes solo realizaban los jueces como las admisiones a trámite de las denuncias, por ejemplo, no solo reclaman una aumento de las retribuciones hasta cobrar al menos el 85 por ciento que un magistrado. También una representatividad en las negociaciones laborales que ahora no tienen y garantizar las sustituciones. En Ponferrada, son 11 letrados de una plantilla de funcionarios judiciales de 180. Y eso se nota a la hora de que los sindicatos negocien mejoras para todos ante el Ministerio de Justicia.

Carbajosa, en nombre de sus compañeras, pidió "disculpas a los ciudadanos" por los retrasos que a partir de este lunes acumularán los juzgados.  "Nosotros somos los primeros en no querer tirar por la borda todo el trabajo que acabamos de hacer", comentaba una de las letradas, en alusión a la implantación de la separación de jurisdicciones. Cuando acabe la huelga, los letrados se enfrentarán a una nueva sobrecarga de trabajo. Su decisión de secundar el paro, dejará bajo mínimos la actividad judicial porque aunque los jueces puedan seguir dictando sentencias, sin la firma de letrado no se podrán notificar. Eso sí, no correrán los plazos. "Nos duele tener que hacerlo", lamentó Carbajosa.

Carbajosa negó que haya una motivación política en una huelga que defiende "la dignidad" de la profesión, que ha descargado de trabajo a los jueces sin lograr mejoras. Y recordó que tres asociaciones profesionales de distinto color político respaldan la huelga indefinida. Sin embargo, se quejó, el Ministerio de Justicia todavía no ha convocado al comité de huelga a pesar de que los paros a escala nacional comenzaron el 24 de enero.

En el caso de Ponferrada, Carbajosa recordó que las reformas judiciales hacen necesario contar con al menos otro letrado de la Administración de Justicia más.