Así se urdió la estafa a 5.000 campesinos gallegos desde El Bierzo

Les hicieron creer que necesitaban un carné de manipulador profesional de productos fitosanitarios para aplicar cualquier producto contra las plagas en los frutales, los viñedos, en los productos de la huerta, aunque fueran para consumo propio. Los metieron en autocares para completar en Villafranca del Bierzo, en Carracedo, en Camponaraya y en Ponferrada, la formación práctica de los cursos on line que la Xunta de Galicia no permite en su normativa pero la Junta de Castilla y León sí. Y ahora los juzgan por estafa continuada y por falsedad documental y el fiscal pide entre 48 y 81 meses de cárcel  (entre cuatro y casi siete años) para los responsables de cuatro empresas de formación y colaboradores que según la Fiscalía se aprovecharon del envejecimiento, las creencias erróneas sobre el uso de los productos fitosanitarios y los escasos conocimientos informáticos de más de cinco mil campesinos gallegos para cobrarles hasta 150 euros por persona para obtener un carné que era «innecesario» y que ahora podría quedar anulado.

La Audiencia Provincial de León juzgará del 24 al 28 de abril a seis personas acusadas de una estafa masiva investigada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La Fiscalía de Área de Ponferrada considera probado que la falsa creencia de que necesitaban un carné profesional para aplicar cualquier tratamiento fitosanitario «fue alentada, incentivada y aumentada» por los acusados, que se aprovecharon de que la legislación autonómica de Galicia no permitía la obtención del título de forma on line para organizar los cursos en la comunidad de Castilla y León.

Era en el Bierzo a donde trasladaban «a cientos de personas en autocares» cada fin de semana para cumplieran con las nueve horas de formación presencial añadidas a las 16 horas teóricas on line. Y a partir de ahí ya podían tramitar la obtención del carné de manipulador de productos fitosanitarios pagando las tasas en su comunidad de residencia, que en la mayoría de los casos era Galicia. 

Policía encubierto

La Fiscalía destaca como las supuestas víctimas de la estafa constituyen «una población mayoritariamente envejecida y perteneciente al entorno rural gallego, en la inmensa mayoría de los casos con escasos o nulos conocimientos informáticos», sin ordenador ni conexión a internet en sus casas, lo que llamó la atención a los responsables del sindicato Asaja en León y motivó la inspección del Seprona en León, por un lado, y de la Policía Nacional en Galicia, por otro. Así fue como un agente en encubierto de la Policía Nacional comprobó la forma en la que los acusados captaban a los alumnos e impartieron hasta 132 cursos entre el 26 de noviembre de 2015 y 22 de agosto de 2016. En ese periodo participaron en los cursos 5.330 alumnos, de los cuales solo 195 eran de Castilla y León.

El fiscal considera que la investigación ha probado que los alumnos fueron informados «de forma tergiversada» cuando no tenían necesidad del carné al no ser ni profesionales de la agricultura, ni comerciales. Así pagaron 100 euros por curso y 25 adicionales por el transporte.

 «Ninguno de los alumnos llegó a cumplir las 16 horas establecidas reglamentariamente» por la Junta de Castilla y León y las conexiones a la formación se realizaban desde la propia sede de la academia por personal o colaboradores de la empresa, afirma la Fiscalía, con tiempos de ejecución «imposibles» de entre apenas 14 y 20 minutos en lugar de las 16 horas. Los alumnos además contaba con asistencia de personal de las tiendas que distribuían l os productos fitosanitarios a la hora de realizar los exámenes. En muchos casos incluso les facilitaban las respuestas. Una de las acusadas asistió así a entre 150 y 200 alumnos.

Cuando el Seprona inspeccionó una de las academias «se llegó al absurdo de intentar disimular que todos los cursos se estaban realizando desde la sede de la empresa» modificando la IP de la conexión de los alumnos como si lo hubiera realizado desde lugares tan dispares como China y Estados Unidos, «muy alejados del entorno rural gallego». Las indemnizaciones que pide la Fiscalía van de los 100 a los 150 euros por alumno. Solo una de las empresas que participó en el entramado, según el fiscal, debe indemnizar a 2.356 personas.