Municipalizados los jardines con diferencias sobre personal y costes
El Ayuntamiento de Ponferrada aprobaba ayer en la misma sesión plenaria municipalizar el servicio de parques, jardines, zonas verdes y arbolado. El acuerdo supone incorporar 20 trabajadores a las nóminas del Ayuntamiento, procedentes de la concesionaria FCC, como personal laboral fijo en extinción e incorporarlos al área municipal de Medio Ambiente.
El asunto fue sacado adelante con los votos favorables del equipo del tripartito (PSOE, CB y Podemos), en esta ocasión al completo, dado que Manuel de la Fuente respaldó la medida. También apoyó al tripartito en la municipalización el grupo de dos concejales del PRB que lidera Tarsicio Carballo, que en los últimos plenos se han alzado como imprescindible o fundamental para que no le enmienden la plana al regidor Olegario Ramón, como ya ocurrió en la nominación de una glorieta. Carballo recibía en el Pleno de ayer numerosos halagos —hasta hace poco inusitados por parte de la bancada del alcalde— hasta el punto de reconocerle que gracias a Carballo, (que presentó acción judicial contra la prórroga de contrato en otra corporación anterior), se pudo ayer abordar la municipalización del servicio.
En este punto, los concejales de USE que dirige el ex regidor Samuel Folgueral y los de Ciudadanos que capitanea Ruth Morales votaron en contra. El PP de Marco Morala se abstuvo.
La municipalización de los jardines suscitó un amplio debate y varios encontronazos políticos. A grandes rasgos, la oposición puso en duda que la municipalización tuviese beneficios económicos y supusiera al final menos costes para la ciudadanía. Incluso el alcalde Olegario Ramón llegó a decir, al cerrar con su intervención turno, que la municipalización podría llegar a costar más. «Dicen que será más barato, pero igual la realidad nos dice que no», señaló. Pero esa crítica debería ser una vez que se pusiera en marcha la nueva iniciativa ayer aprobada.
Informes jurídicos
Desde USE y Ciudadanos se dijo que faltaban informes jurídicos sobre la municipalización, que existen dudas de legalidad y que, por eso, planteaban dejar el tema sobre la mesa. «Es una decisión ideológica» dijo Morales, quien señalaba que «se asume la gestión directa con más personal, sin pruebas de igualdad que se exige para un trabajo de servicio público». Y apostillo: «Tenemos dudas de que mejore el servicio y este equipo de gobierno habrá engordado la plantilla hasta límites nunca vistos», al tiempo que incidía en que el asunto podía ser contrario a la legalidad, al entender que no podía pasar personal de concesionarias al extinguirse el contrato de resolución.
Desde Coalición por el Bierzo, Iván Alonso ya avanzaba que «habrá que invertir» en compra de maquinaria, dado que la existente «no sirve ya». Sí valoró como positiva la asunción de los 22 contratos para el Ayuntamiento y la incorporación de otras 20 personas que pondrán los programas del Ecyl de la Junta.
El concejal socialista Pedro Fernández dijo que ahora el contrato costará 966.530 euros, y antes ascendía a 1,8 millones. Señaló que han tenido que ir desgajando servicios del macrocontrato anterior y reconoció que la tercera fase municipalizadora ya no entrará en el actual mandato.
Pero el asunto dio para que el tono dialético y la polémica política se encendiera al máximo entre la concejala de Podemos, Lorena González, al acusar a la edil de Ciudadanos, Ruth Morales de mentir y aludió al actual personal de confianza de Cs, en la figura del abogado Reiner Cortés.
Curso de respeto y educación
La portavoz de Ciudadanos Ruth Morales acusó a la de Podemos, en su turno de réplica, de falta de educación y respeto. «Debía hacer usted un curso de respeto; lo suyo es todo populismo. Nosotros pedimos que haya eficiencia en el eficiencia», le espetó y recordó que el abogado del que habla fue el que ganó el contencioso en el Supremo que condeno al alcalde y al tripartito a reconocer derechos cercenados a la oposición.