El PSOE sienta en el banquillo al alcalde de Cabañas por prevaricación
Juan Marcos López (PP) votó a favor las licencias de un negocio suyo para una ayuda
Imagen de archivo del Consistorio de Cabañas Raras. DL
El PSOE desveló ayer que el alcalde de Cabañas Raras, Juan Marcos López (PP), tendrá que sentarse en el banquillo de la Audiencia de León acusado de prevaricación, fraude, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias.
Todo ello tras la denuncia formulada por el concejal socialista Antonio Puerto González. Las penas íntegras solicitadas por la acusación particular y la fiscalía alcanzan los 5 años de prisión, multa de dieciocho meses e inhabilitación especial y pérdida del derecho de sufragio pasivo de 8 años.
Según un comunicado del PSOE, la acusación se refiere a la adjudicación de la parcela nº 97 del Polígono Industrial de Cabañas Raras en la que la empresa Clínica Veterinaria Bierzoo SLP, propiedad del alcalde y su esposa, construyó un crematorio de mascotas. Según el auto del Juzgado número 8 de Ponferrada, Juan Marcos López, alcalde del Ayuntamiento de Cabañas Raras y a su vez administrador de la entidad Mercantil Clínica Veterinaria Bierzoo SLP, «a sabiendas de su ilegalidad y del deber que tenía de abstenerse, tanto para solicitar las ayudas para proyectos de inversión para el desarrollo alternativo de las zonas mineras para el 2014, como para firmar como autoridad en el procedimiento de la licencia de construcción y licencia ambiental de la parcela 97 del polígono industrial de Cabañas Raras consiguió obtener una ayuda para su negocio por importe de 53.819,92 euros». «El expediente administrativo se hizo sin respetar de modo alguno el procedimiento legalmente establecido al faltar y omitirse informes y trámites preceptivos (…) Tampoco consta que se publicara la convocatoria del procedimiento en el BOP ni en otro diario oficial», prosigue el auto.
Añade, según la nota del PSOE, que «la empresa adjudicataria es propiedad del alcalde y su esposa, quien presenta la propuesta y declara no estar incursa en ninguna prohibición de las previstas en la ley para contratar con las administraciones públicas». Asimismo, y según el mismo documento, la subvención obtenida para el establecimiento de una industria en terrenos de titularidad municipal se solicitó dos años antes de iniciar el procedimiento de enajenación pública, iniciando legalmente los trámites de obtención de licencia ambiental en el año 2015».
«El regidor popular se adjudicó la parcela por debajo del precio mínimo de licitación y que, al contrario de lo exigido para el resto de licitadores, no pagó el importe de la parcela hasta haber sido notificado de la denuncia interpuesta por el socialista Antonio Puerto González», añade la nota de los socialistas.