Toreno ofrece vivienda social para evitar que Educación cierre un aula

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha determinado el cierre de una de las tres aulas de Educación Infantil del colegio Valladares Rodríguez de Toreno. Así se lo comunicó a la dirección del centro hace unos días, una vez terminado el año lectivo y en plenas fiestas patronales. Los 25 alumnos de 2 y 3 años que habrá el próximo curso no son suficientes —según el ratio de la administración— para mantener el número de aulas actual. Entrarán únicamente cuatro niños, pero serán diez de cara al curso 2023-24, explicaron fuentes del centro. Por eso, la comunidad educativa reclama que se mantenga el aula, apoyada también por el Ayuntamiento de Toreno, que tratará de atajar el cierre ofreciendo vivienda social a un precio bajo para familias con hijos en dicha edad escolar.

Las madres y padres del Valladares Rodríguez, que actualmente cuenta con 105 alumnos, no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados ante lo que consideran una «injusticia». «No se puede valorar de igual manera la tasa de alumnado en un colegio de un pueblo como este y en una ciudad como Ponferrada o Valladolid. No podemos compararnos», aseguraron los afectados. El primer paso que han dado es la convocatoria de una concentración de protesta que tendrá lugar hoy mismo, a las 12.30 horas, en el patio del colegio. También han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org.

«Exigimos la paralización del desmantelamiento de las escuelas de nuestros hijos e hijas», recoge la petición firmada por la Ampa, desde donde aseguran ser conscientes de que una vez cerrada el aula, será imposible recuperarla aunque se incremente el número de alumnos, como así se prevé en dos cursos.

La pérdida de una de las tres aulas de Educación Infantil no solo supone el cierre de una clase y la reagrupación de alumnos, sino también la merma de la plantilla docente y los consiguientes reajustes que afectarán a todo el centro. Un colegio en el que, además, hay varios niños con necesidades especiales que requieren de una atención más precisa y acompañamiento.

«Así es como el gobierno de Castilla y León apoya a la España Vaciada», se lamentó el alcalde de Toreno, Laureano González, que ayer mismo conoció la noticia. Apoya la concentración, apoya la recogida de firmas y hará lo único que está en su mano para tratar de revertir la situación y frenar la intención de la Consejería de Educación. El municipio dispone de tres viviendas sociales en la cabecera municipal que pondrá a disposición de cualquier familia con niños de dos y tres años. El precio del alquiler es más que asequible y está recogido en una ordenanza. Es el 10% de los ingresos brutos de una familia.

«Estamos tratando de paliar el problema, pero esto no es más que un parche. La solución la tiene que dar la Junta de Castilla y León», aseguró el regidor que, como las madres y padres, insistió en la necesidad de cambiar el planteamiento y que las ratios varíen en función del contexto. «No pueden tratar igual a una zona rural que a una zona urbana. La Junta no está para ganar dinero, está para dar servicios y en los pueblos cada vez tenemos menos», defendió.

Laureano González reconoce el problema de natalidad que sufre Toreno, como todos los municipios del medio rural y, sobre todo, en una cuenca minera. Por eso, el Ayuntamiento ha tomado medidas en los últimos años que pueden servir como aliciente y complementan esta oferta de vivienda social. Una de las más llamativas es —recordó— la ayuda de mil euros que se da por el nacimiento de un niño empadronado en el municipio. «Si seguimos así, en el próximo presupuesto trataremos de doblar esa cantidad», aseguró. En todo caso, el alcalde insistió en que poco puede hacer la administración local si la autonómica, que es la que tiene la titularidad de los servicios, no cambia el planteamiento ante la acuciante despoblación del medio rural.

A principios del año pasado, los vecinos de Toreno también se echaron en masa a la calle para protestar por la pérdida de la plaza de pediatría de su centro de salud, que también da servicio médico a los municipios de Páramo del Sil y Berlanga. Meses después, la situación quedó resuelta y vuelven a tener pediatra. Ahora, la lucha se centran en la garantizar la educación y evitar a toda costa que la Junta cumpla sus planes. «Quieren agrupar a los niños de 3 y 4 años y la medida acabará extendiéndose a otros niveles educativos hasta convertirnos en un CRA», advirtieron los afectados.