Luz verde a las quitas de créditos ICO y a su conversión en préstamos

El plan de ayudas aprobado ayer en Consejo de Ministros incluye una línea de 3.000 millones de euros para la reestructuración de la deuda financiera de las empresas con préstamos que cuenten con aval público.

El Gobierno ha aprovechado también para ampliar el plazo de solicitud de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta el próximo 31 de diciembre, con lo que más empresas podrán acceder al plan.

La medida llega tras un tenso ‘tira y afloja’ entre Gobierno y sector financiero, ante la rotunda negativa de la banca a asumir quitas generalizadas en este tipo de préstamos que, en el caso de las pymes, están avalados en un 80% por el Estado. Es decir, los bancos asumen el 20% del riesgo de impago. Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que estas garantías públicas han permitido movilizar durante la crisis más de 121.000 millones de euros de financiación.

Finalmente, las quitas se incluirán en el plan, pero las entidades podrán realizar sus propios análisis de las empresas para decidir, tras negociar con ellas, la mejor fórmula de reestructuración, tal y como hacen en su operativa diaria. Tres caminos Según ha explicado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, las entidades podrán seguir tres vías para la reestructuración.

En primer lugar, podrán extender los plazos de vencimiento de los préstamos con garantía pública. En segundo lugar, y tras muchas negociaciones en torno a la medida, la deuda avalada se podrá convertir en préstamos participativos, que tienen un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles, con lo que ayudaría a reforzar los recursos propios de las empresas.

La tercera vía serían esas polémicas quitas que, tal y como señalan desde Economía, solo se utilizarían «como medida de último recurso». La idea es impedir que el remedio sea peor que la enfermedad y que una avalancha de solicitudes en este sentido acabe por poner en riesgo los balances de los bancos. Para poner en marcha esta ayuda, bancos y Gobierno se han comprometido a establecer un Código de Buenas Prácticas, similar al que ya existe en el mercado hipotecario.

Recapitalización

Además del fondo para reestructurar deuda y de las ayudas directas, el Consejo de Ministros también ha aprobado la creación de un fondo de recapitalización de empresas medianas con problemas, que estará dotado con 1.000 millones de euros.

La sociedad pública Cofides, dependiente del Ministerio de Industria, será la encargada de gestionar este fondo, cuyo funcionamiento será similar al de 10.000 millones de euros que maneja la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De este modo, podrán acceder a él las empresas que demuestren que eran viables en diciembre de 2019 y que no puedan solicitar el de la Sepi, que exige una petición mínima de 25 millones.