Los pensionistas no volverán a perder poder adquisitivo con la nueva ley

Los casi nueve millones de pensionistas pueden ya respirar tranquilos: no volverán a perder poder adquisitivo y sus prestaciones subirán siempre con el IPC sin esperar a lo que decida el Gobierno en los Presupuestos.

Este es uno de los puntos clave de la primera fase de la reforma de las pensiones que ayer aprobó el Consejo de Ministros y a la que le falta aún el visto bueno del Congreso de los Diputados, aunque al pactarse con acuerdo de los agentes sociales se espera que pueda tramitarse sin sorpresas y entraría en vigor en 2022.

Se pone así punto y final a la controvertida reforma de las pensiones aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, una vez que se deroga también el factor de sostenibilidad, y se allana además el camino para que en 2023 no haya déficit en la Seguridad Social gracias a que el Estado le hará millonarias transferencias para financiar los gastos impropios del sistema.

«Con este Gobierno estamos volviendo al consenso. Se han logrado acuerdos que hacía diez años que no se lograban», resaltó la vicepresidenta Nadia Calviño en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también hizo hincapié en que ha sido «prioritario» dar confianza a los pensionistas garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo, pero —advirtió— «no se trata de lograrlo a corto plazo, sino de lograr pensiones dignas a lo largo de 20 y 40 años». Puede interpretarse esto como un aviso de que en la segunda fase de la reforma es donde llegarían los ajustes.

Todas las pensiones contributivas, incluidas las pensiones mínimas, subirán cada 1 de enero de acuerdo con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del año anterior. En el caso de que el IPC sea negativo, el importe de la pensión permanecerá invariable.