Diario de León

La eventual amnistía deja solos a los jueces frente al ‘procés’

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«Estamos ante un choque institucional sin precedentes». Quien reflexiona, un miembro de la carrera de origen catalán que prefiere guardar el anonimato ante sus responsabilidades representativas, suena entre indignado y muy preocupado mientras constata cómo la ley de amnistía con la que el presidente Sánchez pretende activar su reelección ha quebrado el alineamiento entre los tres poderes del Estado que dio respuesta al desarrollo del ‘procés’ y, singularmente, a la intentona rupturista de hace seis años; mientras rememora, también, los sabotajes con estiércol de los CDR contra los juzgados de su tierra, «el asalto» a un colega escoltado o los golpes que dejaron incapacitado a un policía. «Pues esto se va a amnistiar. No es ya una ofensa, es animar a que lo vuelvan a hacer», remata.

Esta semana, al compás de la aceleración imprimida por Sánchez a las negociaciones para su investidura con el discurso ante el PSOE en el que defendió la medida de gracia y la fotografía de su número tres en Bruselas con Carles Puigdemont —prófugo de la justicia desde 2017—, se han encadenado tres reacciones que avisan de una colisión inédita en el corazón del Estado tras el traumatismo colectivo que comportó el ‘procés’.

Los ocho vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial, en interinidad desde hace un lustro , han forzado un pleno mañana en el que están a un voto de sacar adelante una declaración que interpreta la amnistía como el cobijo a «una casta impune» y «la abolición» del Estado de derecho.

Y este viernes, a las pocas horas de que el PSOE cerrara su pacto con Esquerra, la Audiencia Nacional enviaba al banquillo con cargos por terrorismo a los doce CDR que aguardan a ser amnistiados, mientras la Guardia Civil entregaba al juez un informe de 202 páginas en el que define las movilizaciones supuestamente espontáneas de Tsunami Democràtic como una plataforma de ataque organizada. Y con la secretaria general de ERC, la huida en Ginebra Marta Rovira, manejando los hilos.

El primer pie en pared puede colocar a la mayoría del CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, abiertamente enfrentada al Poder Ejecutivo; es decir, al Gobierno en funciones de Sánchez, quien estando en la oposición avaló tanto la aprobación por el Poder Legislativo de la insólita intervención de la autonomía catalana por el artículo 155 de la Constitución como la «judicialización» del ‘procés’ de la que ahora reniega.

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