La Fiscalía exige los datos «caso por caso» de los menores repatriados

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para dilucidar la legalidad del dispositivo que el Ministerio del Interior puso en marcha el viernes con el objetivo de devolver a Marruecos a más de 700 menores no acompañados que se encuentran en situación de acogida en Ceuta desde su llegada masiva entre el 17 y 18 de mayo.

Un asunto que también ha provocado las quejas del Defensor del Pueblo y del Consejo General de la Abogacía de España, que piden el «cese inmediato» de estas repatriaciones, y ha abierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición después de que Unidas Podemos, a través del Ministerio de Derechos Sociales —que controla Ione Belarra—, haya mandado una carta dirigida a Fernando Grande-Marlaska en la que expresa su total disconformidad con la situación.

Interior comenzó a preparar el terreno el miércoles, cuando envió una misiva a la Delegación del Gobierno en Ceuta anunciando el inicio de los traslados. Estos se llevan produciendo durante los dos últimos días con el mismo protocolo: agentes de la Policía Local acuden al polideportivo Santa Amelia, uno de los recintos de la ciudad autónoma en los que se encuentran acogidos los adolescentes, y en grupos de 15 los suben a un microbús desde el que son entregados a las autoridades marroquíes en el punto fronterizo de El Tarajal por parte de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Desde el departamento que dirige Grande-Marlaska mantienen que el operativo es legal, basado en un convenio bilateral con Marruecos revisado en 2012, y cuyo objetivo es garantizar la reunificación de los menores con sus familias en Marruecos o, en el caso de que esto no fuera posible, facilitar su entrega al centro de menores de Martin, cerca de Tetuán.

Sin embargo, la Fiscalía percibe cierta arbitrariedad en el proceso y ya ha pedido a Interior que justifique estas repatriaciones «caso por caso». En el Ministerio Público desconocen la orden por la que se autorizó estos traslados y recuerdan que la ley de extranjería establece un proceso garantista para devolver a un menor, en el que el afectado debe ser siempre escuchado.

Algunas ONG ya han presentado varias denuncias con la esperanza de que alguna medida cautelar pueda paralizar estas expulsiones. «Las normas de protección de menores no puede ser resquebrajadas cada vez que haya otros intereses», señala Safía Cantos, portavoz de Amnistía Internacional.

El Gobierno ya había tratado de reagrupar a los niños con sus familiares, pero en plena tensión diplomática provocada por la llegada a España en abril del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Rabat se negaba a colaborar, alejando incluso a los padres de la valla fronteriza. La situación diplomática dio un giro el pasado 12 de julio, cuando José Manuel Albares recibió la cartera de Asuntos Exteriores de parte de su antecesora, Arancha González Laya. Un relevo percibido por el Gobierno del país vecino como un gesto positivo.

Pero el deshielo en las relaciones internacionales ha derivado en una bronca doméstica, la enésima que enfrenta a PSOE y Unidas Podemos.

Ayer, la portavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid y ex secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, defendió la política que lleva a cabo el Gobierno con los migrantes, que calificó de «muy valiente y progresista».

Palabras que no comparten sus socios en el Consejo de Ministros. En la carta enviada por el departamento que dirige Belarra, reprochan que «toda la responsabilidad es única y exclusivamente del Ministerio del Interior», al que culpan de desoír sus propuestas sobre estos menores.