El Gobierno no recentralizará impuestos para frenar ‘la guerra de las autonomías’

El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, puso por delante, antes de tirarse ayer a la piscina, que su apuesta por recentralizar los impuestos para evitar que las autonomías entren en un «despropósito» de competición fiscal a la baja era meramente personal, pero eso no evitó que el Gobierno se viera obligado a aclarar, pocas horas después, que el asunto no está sobre la mesa del Ministerio de Hacienda siquiera como debate teórico o que la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, tuviera que emplear en desestimar la idea un esfuerzo que, en su organización diaria, había previsto dedicar a algo mucho más beneficioso para los intereses del PSOE: la batalla ideológica contra las comunidades del PP que han emprendido una campaña de rebajas fiscales a ocho meses de los comicios.

Los socialistas aseguran que, lejos de verse amenazados, iniciativas como la del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno —que el lunes anunció la supresión del Impuesto de Patrimonio— son un caramelo que facilita la entrada del mensaje con el que, desde hace meses, tratan de recuperar terreno electoral, el de que el PP sólo sirve a los intereses de los «poderosos».

Rodríguez tenía preparada, de hecho, una suerte de representación al respecto para que el argumento cale en el imaginario colectivo y, desde la sala de Moncloa en la que comparece ante la prensa tras cada Consejo de Ministros, mirando a cámara, interpeló a la ciudadanía: «¿Piensa usted que está entre los elegidos a ser eximidos de ese impuesto? Pues no. Son un grupo de elegidos con patrimonios superiores al millón de euros (...) «¿Y cree usted que le afecta? Claro, se van a dejar de recaudar más de cien millones por regalar a los más ricos este impuesto, y los impuestos están para contratar maestros, médicos...».

El discurso del Ejecutivo tiene algunos peros y no es sólo que fuera José Luis Rodríguez Zapatero quien en 2008, con el argumento de que perjudicaba a las clases medias, suprimió el impuesto de Patrimonio (las autonomías que no pueden eliminarlo como tal y recurren a una bonificación del 100%). A eso se puede contraponer que el mismo presidente socialista lo recuperó en 2011 para patrimonios superiores a 700.000 euros. Pero hay otra contradicción más complicada de explicar: en 2020 el PSOE se comprometió a armonizar este tributo para recabar el apoyo a los Presupuestos de ERC, recelosa del ‘dumping ‘ con el que, a su juicio, la Comunidad de Madrid, perjudicaba a Cataluña. Una acusación que mantienen otras autonomías como el País Vasco o la Comunidad Valenciana.

Dos años después, esa armonización, también incluida entre las recomendaciones que hicieron los expertos consultados por Hacienda para la elaboración del libro blanco sobre la reforma fiscal, no se ha producido.

La ministra María Jesús Montero argumentó en su día que el asunto debía abordarse en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómica, empantanado desde hace más de diez años. Esa sigue siendo ahora la razón esgrimida para no tomar una medida que impediría a los barones del PP bonificar al 100% un tributo que, según el propio Ejecutivo, solo beneficia a «los ricos». Rodríguez, de hecho, echó mano del mismo mantra (que el marco para hacer una reforma de esta naturaleza es el sistema de financiación) para desestimar la sugerencia del ministro Escrivá, un profesional independiente y no vinculado al PSOE a quien los miembros socialistas del Gobierno central miran con cierto resquemor por su tendencia a ir por libre y «pisar charcos».

En Moncloa, trataron de quitar hierro a la última digresión, en Onda Cero, del que fuera presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) pero es cierto que, de no ser porque también los socios del Ejecutivo han aprendido a tomarse con cierta cautela sus palabras, porque el Gobierno aclaró pronto que la idea no tenía recorrido y porque la propia Constitución y los Estatutos de autonomía complican sobremanera un cambio de modelo de esa magnitud, podría haber provocado un serio conflicto político. S

ofocado el incendio, al Gobierno le queda otro: el del goteo de autonomías que, como demanda el PP, han ajustado su parte de la tarifa del IRPF (Impuesto de la Renta) para mitigar la imparable inflación de los últimos meses, De momento, en Hacienda insisten en que no harán suya la medida porque, arguyen, ni ayudará a los más vulnerables ni permitirá combatir el alza de los precios.