El Gobierno irrita a los jueces al culparles de una aplicación interesada de la ley
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha señalado que los jueces están aplicando de forma "estricta" una ley de cuya repercusión en la rebaja de penas ya había avisado el propio CGPJ
En palabras de Montero, el problema no está en la ley, está en los jueces que no la aplican "por machismo". MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha plantado cara este miércoles a las acusaciones de "machismo" de las responsables del Ministerio de Igualdad a los jueces por el goteo de rebajas de condenas que se han dado a conocer en las últimas horas en aplicación de la ley del solo sí es sí .
Tribunales de Madrid, Galicia, Murcia, Baleares, Andalucía y Cataluña han dictado ya resoluciones judiciales que benefician a agresores sexuales por la modificación del Código Penal en virtud de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que entró en vigor el 7 de octubre e incluso se han producido las primeras excarcelaciones.
Un goteo que previsiblemente afectará a centenares de condenas y del que las principales responsables de Igualdad, la ministra Irene Montero, su número dos, Ángela Rodríguez, y la delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han responsabilizado sin ambages a los jueces.
A su juicio, el problema no está en la ley, está en los jueces que no la aplican "por machismo", en palabras de Montero, y por falta de formación en igualdad. "Fachas con toga", los ha llamado el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, en la línea en la que se han pronunciado la mayoría de los dirigentes morados, si bien la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, guarda de momento silencio.
Han coincidido con ellas en que el problema no está en la ley, sino en la interpretación que hacen los jueces, la diputada de ERC Pilar Valluguera y el del PNV Joseba Agirretxea.
La respuesta de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha sido contundente: Los jueces están aplicando de forma "estricta" una ley de cuya repercusión en la rebaja de penas ya había avisado el propio CGPJ en su preceptivo informe anterior a su aprobación.
Además, ha mostrado su "más firme repulsa" a los "intolerables ataques" contra los jueces.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, se ha adherido a este comunicado y ha subrayado la "sólida formación" de los miembros de la judicatura en igualdad. Desde 2019 han recibido formación en perspectiva de género un total de 1.467 jueces y juezas.
La asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, de corte progresista y de la que fue portavoz Victoria Rosell, también ha subrayado que las revisiones de sentencias hay que hacerlas, dado que lo estipula la ley, y ha tachado de "desafortunadas" e "inapropiadas" las críticas desde el Ministerio de Igualdad.
Fuentes del grupo parlamentario del PSOE han asegurado que advirtieron a Podemos de este riesgo, en tanto que la parte socialista del Gobierno ha dado un paso atrás después de que la ministra María Jesús Montero subrayara ayer la necesidad de estudiar qué está fallando en la ley y opta ahora por esperar a que los tribunales vayan fijando doctrina sobre su aplicación.
"Vamos a ver lo que dicen los tribunales y a que unifiquen doctrina y después tendremos que ver qué pasos dar", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien se ha desmarcado claramente de las críticas a la judicatura de las responsables de Igualdad.
La voces más elevadas desde las filas socialistas han sido la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en defensa cerrada de los jueces ante los ataques, y la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, urgiendo a reformar la ley.
También el PP pretende la "inmediata revisión" de la ley por la "vía de urgencia" y, como Vox, ha incidido en el "fracaso" de Igualdad en una de sus leyes estrella.
La realidad es que una hipotética contrarreforma legal no afectaría a los casos ya revisados y solo afectaría a los delitos conocidos una vez que hubiera entrado en vigor.
De momento, la Fiscalía está estudiando caso por caso las revisiones de las condenas y ha apoyado algunas de ellas. Si lo estima necesario, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, elaborará una circular para unificar criterios, han indicado a Efe fuentes fiscales.
También está fijada una reunión de las 15 secciones penales de la Audiencia de Madrid para el 25 de noviembre con el objetivo de unificar su respuesta ante la revisión de penas.