Más de 400 empleados públicos cogen 15 días de vacaciones por ir en las listas electorales

Por el artículo 48, letra j, hay 15 días de vacaciones retribuidas para los empleados públicos durante la campaña electoral. Tienen derecho a cogerlos todos los funcionarios y laborales que formen parte de una cualquiera de las 711 candidaturas que se presentan a las elecciones municipales o autonómicas, con independencia de que sean candidatos o tan sólo engorden los últimos puestos de las listas. Una dispensa asentada en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se recoge que los funcionarios públicos tendrán permisos por «tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral».

Ahí, en ese párrafo, caben los 15 días a los que se han apuntado más de 400 trabajadores de las administraciones públicas leonesa, de acuerdo a los datos facilitados por las principales instituciones de la provincia, salvo la Subdelegación de Gobierno, que se negó a aportar los datos a pesar de que se le requirieron de manera repetida. Más de cuatro centenares de empleados que se despidieron de los compañeros el pasado día 8 y no volverán hasta el 25 de mayo, una vez terminados los comicios en los que participan al prestar su nombre para que los partidos lo impriman en las papeletas de votación. Con este pasaporte, certificado por la publicación de las listas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), cuentan con medio mes de asueto, sin que necesiten acreditar su presencia ni en actos del partido al que representan para la petición del voto, ni siquiera en la jornada electoral. No hay ningún control, sino que se confía en la buena voluntad manifestada. Suman en total más de 6.000 jornadas laborales dentro de un grupo de empleo que suma más de 30.000 personas en León: 14.000 de la Junta, 1.300 de la Universidad, 8.300 del Gobierno y 6.500 de las administraciones locales.

Junta, al frente

El principal agujero creado por las dispensas se apunta dentro de los trabajadores que cobran nómina de la administración autonómica. Justo el día antes de comenzara la campaña, la Junta tenía firmadas ya las dispensas de los 15 días para 149 personas que había presentado la copia del BOP en la que aparecía su nombre ligado a una de las candidaturas.

En esta nómina el servicio con más trabajadores de vacaciones por la campaña electoral es el de Sanidad, con 66 empleados de los hospitales y centros de salud de la provincia leonesa que se han alistado en candidaturas de partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. Por detrás queda el sector de la Educación, como ya sucedió en las anteriores convocatorias municipales y autonómicas, en las que hasta completar el total se reparten los permisos en grupos más pequeños entre el resto de áreas que dibujan la estructura de la Junta en León: Industria, Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería...

Subdelegación, no fija

A pesar de que de manera oficial la Subdelegación de Gobierno evitó aportar las cifras —primero con la excusa de que la Secretaría General tenía que resolver algunas solicitudes y luego sin que el jefe de gabinete, Julio Cayón, devolviera las llamadas de teléfono— los estimaciones dadas por los sindicatos la cifran alrededor de las 150 personas. Una cifra, que las citadas fuentes no niegan que podría ser todavía mayor, dentro de la cual casi la mitad se deben a la plantilla que se adscribe a Instituciones Penitenciarias: 72 de los casi 500 empleados de la cárcel de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, han firmado los 15 días de dispensa; son una veintena menos que hace cuatro años, como puntualizan desde las organizaciones sindicales para que conste que es una costumbre que ha decrecido con respecto a 2011, aunque admiten que obliga a que se tenga que hacer encajes de jornadas para regular los turnos de trabajo en el recinto penal.

El resto se reparten entre Hacienda, Justicia y otros servicios dependientes del Gobierno, que cuenta con más de 2.300 empleados en total en la provincia leonesa. Quedan fuera, por sus características especiales, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyos miembros no tienen derecho a acogerse a estas dispensas electorales que sí disfrutan el resto de los trabajadores públicos que forman parte del entramado de las administraciones.

León destaca

Aunque mucho menor en cuanto a plantilla, con cerca de 1.900 empleados en estos momentos, el Ayuntamiento de León también presenta un grado considerable de personal que ha decidido integrarse en una candidatura municipal o autonómica y, como consecuencia, ha solicitado la dispensa de los 15 días que le permite el Estatuto Básico del Empleado Público. Con arreglo a este derecho firmaron parte de vacaciones 46 empleados del consistorio; la gran mayoría de estos empleados están apuntados en listas fuera del municipio de León, aunque también hay ejemplos de participantes en las propuestas de los partidos que aspiran a gobernar el consistorio.

En Diputación, repartidos

Más repartidos aún por los ayuntamientos que dibujan el mapa provincial están los trabajadores de la Diputación que han logrado el permiso electoral. Desde el equipo de gobierno de la institución radicada en el Palacio de los Guzmanes se reconoce que 40 empleados tienen firmados los 15 días de vacaciones, aunque fuentes sindicales admiten que hay más que están liberados que participan en la campaña de los partidos políticos sin firmar el papel correspondiente.

Sin ir en mesa electoral

Todos ellos, al igual que cualquiera de los más de más de 6.643 ciudadanos que forman parte de las listas electorales, quedan fuera además de manera inmediata de su participación como parte de la mesa electoral. No pueden ser presidentes ni vocales en los 502 colegios en los que se repartirán las votaciones el día 24 de mayo, aunque buena parte de ellos actúan en esas sedes como apoderados e interventores de los partidos políticos bajo cuyas siglas se cobijar; sin embargo, tampoco tienen obligación de hacerlo para poder gozar de los 15 días de vacaciones retribuidas.

No entran en el sorteo de las mesas. No necesitan acreditar ninguno de los casos para verse liberados de la obligación por ley de ser presidente o vocal si saliera su nombre en el sorteo que hace cada ayuntamiento de la provincia.

La suerte se reparte entre 2.391 ciudadanos leoneses que figuran como titulares para dar cobertura a las 797 mesas electorales en las que se depositan los votos el 24 de mayo, cuya citación ya les ha llegado. Pese a su nominación cuentan con 7 días desde la fecha de notificación efectiva para poder acreditar alguno de los supuestos contemplados dentro de la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales. Un marco de interpretación al que se han acogido ya más de medio millar de personas que ahora esperan ahora que las correspondientes juntas electorales de zona —una por cada uno de los 6 partidos judiciales— resuelvan si se les aplica el permiso para no asistir, lo que sed les comunica de nuevo de manera postal, aunque la huelga de Correos hace que ya se prevea que habrá alguna demora respecto a los 3 días que hay para la contestación. Para cubrir estas posibles bajas hay 4.782 suplentes ya nombrados: 2 por cada presidente y otros dos por cada par de vocales.

Excusas para no ir

Entre los diferentes motivos que se contemplan está las discapacidades e incapacidades, los embarazos que superen los 6 meses, la lactancia hasta los nueve meses, las enfermedades que impidan ejercer las funciones de los miembros de la mesa electoral, la previsión de la intervención quirúrgica, la pertenencia a confesiones religiosas contrarias a la participación electoral, el cuidado directo y continuo de familiares que no puedan valerse por sí mismos, la prestación de servicios esenciales a la comunidad en esa jornada e, incluso, las celebraciones familiares inaplazables o la participación en acontecimientos públicos, siempre que la falta del afectado provoque perjuicios económicos relevantes. Sin esto, la ausencia acarrea multa