Sánchez da un cheque de 200 € a familias con ingresos bajos y crea un impuesto a las eléctricas
El plan incluye descuentos en el abono transporte, subida del 15% de las pensiones no contributivas y congela el butano
Sánchez se dirige a explicar las medidas tras el Consejo de ministros extraordinario de ayer. KIKO HUESCA
A solo unos días de que decayera el plan de medidas anticrisis del Gobierno para paliar los efectos de la guerra, el Consejo de Ministros se reunió ayer de forma extraordinaria para aprobar la prórroga, que en este caso no será solo de tres meses, sino que se extenderá hasta el 31 de diciembre, según confirmó el presidente Pedro Sánchez.
Seis meses más y nuevas medidas para tratar de inyectar un balón de oxígeno en unas economías que comienzan a verse seriamente impactadas por esta escalada sin fin de la inflación, que ya no puede considerarse coyuntural y que todo indica que durará por lo menos hasta final de año.
Para proteger a familias, industria y empresas de este alza de los precios, el Ejecutivo, además de mantener medidas como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, el tope al alquiler o la prohibición de hacer despidos objetivos, incorpora otras nuevas como un cheque de 200 euros para familias vulnerables, una ayuda a los abonos de transporte público, una nueva rebaja del IVA de la luz o el límite al precio máximo de la bombona de butano, entre otras. Además, crea un impuesto para gravar a las eléctricas.
Esta extensión del decreto tendrá un coste presupuestario superior a los 9.000 millones de euros. El presidente detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que 5.500 millones son propiamente de gasto para aplicar las medidas y otros 3.600 millones son de reducción de ingresos por rebajas fiscales. Junto con el primer decreto, el coste total para el Estado se elevará en 2022 hasta casi 15.000 millones de euros, más de un 1% del PIB de España. Todo ello para contener la subida de los precios en torno a 3,5 puntos, detalló.
Las medidas más relevantes que se aprobaron ayer son:
- Transporte público. Estuvo en el aire durante toda la semana de negociaciones, pero finalmente el Consejo de Ministros dio luz verde a una reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales con titularidad estatal (como Renfe), además del 30% de recorte de los abonos que dependen de las comunidades autónomas y los ayuntamientos (autobuses y metro), que además podrán llegar hasta el 50% con recursos propios. La medida se aplicará del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Estas ayudas se financiarán mediante un crédito extraordinario de 221 millones de euros, señalaron desde el Ministerio de Transportes.
- Cheque de 200 euros. El Gobierno también aprobó una ayuda directa de 200 euros —100 euros menos de lo que proponía Unidas Podemos— para familias on bajos ingresos, un extra que se va a poder solicitar durante el mes de julio. La medida va dirigida a trabajadores, autónomos o desempleados que residan en hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros, es decir, los hogares que cobren menos que el salario mínimo interprofesional. Se trata de un pago único de 200 euros y para recibir esa ayuda los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes fuera inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio descontando la vivienda no supere los 43.196 euros. Se estima que beneficiará a 2,7 millones personas.
- Tope a la bombona de butano. Se limita el precio máximo de la bombona de butano, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre y «contribuirá al bienestar de los más vulnerables», explicó el presidente en su comparecencia. «Volvemos a congelar el precio de la bombona de butano como ya hicimos durante la crisis del coronavirus», afirmó en redes sociales la vicepresidenta segunda, que indicó que esta decisión supondrá «un apoyo importante en muchas casas de nuestro país para que cocinar o abrir el agua caliente no suponga un gasto aún mayor».
- El IVA de la luz, en mínimos. Nueva rebaja del IVA de la electricidad, del actual 10% al 5%, lo que supondrá un recorte de unos 5 euros en una factura media de 100 euros. El Ejecutivo estima que este descenso les supone una minoración de ingresos de unos 220 millones cada trimestre. Hace un año, cuando el precio de la electricidad comenzó a subir y se situaba en los 85,73 euros el MWh, el Ejecutivo ya bajó este IVA del 21% al 10%. Actualmente, y pese a las medidas que se han puesto en marcha, como el tope del precio del gas, el precio por MWh supera los 200 euros. Se mantienen además el resto de las medidas relacionadas, como la ampliación del descuento del bono social, que está ayudando a casi dos millones de hogares; la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (7%), y la reducción del 5,11% al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad.
- Tope a los alquileres. Se mantiene el tope del 2% de subida para los alquileres que les toque revisión conforme al IPC durante estos meses. Esta fue una de las medidas más aplaudidas en el primer decreto anticrisis porque el problema que tenían entonces muchos inquilinos es que sus caseros podían exigirles, con el contrato en la mano, una subida de la renta mensual de hasta el 8%, teniendo en cuenta la tasa de inflación de estos meses.
- Rebajas en carburantes. Se mantiene también hasta final de año la reducción de 20 céntimos en el litro de combustible. Una medida del Gobierno de Sánchez aplaudida hace tres meses pero que ahora sabe a poco, en un momento en el que la gasolina marcó 2,13 euros el litro de media ayer y el diésel, 2,10. La constante subida de precios ha dejado prácticamente sin efecto la subvención. Los transportistas pidieron esta semana aumentar la bonificación a 40 céntimos por litro para su sector, pero sus reivindicaciones no han surtido efecto.
- Prohibido despedir. Se prohíbe a todas las empresas que reciban ayudas por parte del Gobierno realizar un despido objetivo derivado del alza energética. Al cierre de mayo quedaban 27.380 trabajadores en erte tras la pandemia. Esta figura (denominada ahora Mecanismo RED) sigue activa aunque con menores bonificaciones de las que tenían antes. En cualquier caso, las empresas que los usen -si justifican verse afectadas por esta nueva crisis- no podrán realizar despidos de sus empleados.
- Cuotas y mascarillas. También se prorroga hasta final de año el retraso en el pago de las cuotas de la Seguridad Social para el sector agrario, el transporte y el del mar. Y se prorroga el IVA reducido al 4% a las mascarillas quirúrgicas.
- Impuesto a las electricas. Finalmente habrá un nuevo impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas, después de semanas de intensos debates en el seno del Gobierno. Sánchez, se ha plegado a las exigencias de Unidas Podemos y, aunque no lo ha incluido en el plan anticrisis, lo presentará a lo largo de las «próximas semanas» en el Congreso como una proposición no de ley para que entre en vigor el 1 de enero de 2023, aunque afectará ya a los resultados de 2022. «La idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre de 2022, aunque será exigible a partir de 2023», precisaron fuentes del Ministerio de Hacienda. El Gobierno, dado el impacto que el encarecimiento de los precios de la energía está teniendo en los beneficios extraordinarios de los operadores energéticos más relevantes, está ya estudiando los impuestos que han incorporado otros países europeos para tomar nota, en particular el de Italia, donde se ha aprobado un impuesto extraordinario y puntual del 25% a los beneficios. El jefe del Ejecutivo argumentó que este tributo busca «garantizar un reparto justo de cargas» y «sintoniza con la opinión pública del país, con las medidas adoptadas por otros estados del entorno y atiende a recomendaciones de la OCDE, la Unión Europea y el FMI». Sánchez insistió en que las cargas ocasionadas por la invasión de Ucrania deben «distribuirse con justicia, aportando más quiénes están en mejores condiciones». «Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y contribuir más al sacrificio colectivo», defendió. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mostró su compromiso para «activar con celeridad» este impuesto extraordinario «que permitirá que los millonarios beneficios de estas empresas se puedan sumar a la recuperación colectiva».