El aumento de la recaudación en impuestos hinchará 13,5 millones el nuevo presupuesto de León
El consistorio presenta unas cuentas de 150,8 M€, las más altas desde 2011, con mayor peso de las privatizaciones
El aumento de la recaudación del IVA y del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), unidos a los efectos de la inflación en la bolsa de ingresos del Estado, engordan el presupuesto del Ayuntamiento de León para el ejercicio 2024. Las cuentas municipales, de acuerdo al documento elaborado por el gobierno de José Antonio Diez, se elevarán hasta los 150.866.474,74 euros. La cifra, la más alta desde 2011, marca un incremento de 13.520.455 euros con respecto a las anteriores, aprobadas para 2022 y prorrogadas para el año electoral en curso, anota como novedad la contabilidad de los 4,3 millones del consorcio provincial de gestión de residuos (Gersul) , muestra el mayor peso del coste de los contratos de privatizaciones y externalizaciones y deja para inversiones reales en obras 14,4 millones de euros, aunque a la partida se sumarán en enero otros más de 12 millones de euros de remanentes del actual ejercicio, la mayoría de ellos vinculados a los proyectos subvencionados por la Unión Europea.
El esqueleto presupuestario exhibe la dependencia de las cuentas municipales de los dos primeros capítulos. El personal se lleva 72,9 millones de euros, tras anotar una variación al alza de 3,5 millones de euros sobre las anteriores debido a las subidas del 3% en 2023 y del 2,4% previsto desde el Gobierno ya para los trabajadores públicos. La aplicación de este indicador justifica el incremento por completo, dado que no variará la plantilla, aprobada en paralelo a las cuentas, en la que se cierran 1.437 personas: 476 funcionarios, 614 laborales, 188 operarios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, 105 personas de limpieza de edificios, 20 puestos de confianza de los grupos políticos, 12 con contratos subvencionados por la Junta y 22 concejales en régimen de dedicación exclusiva.
La factura del personal absorbe el 48,3% del presupuesto, aunque llega hasta el 68,38% si se le añade el capítulo dos. Los gastos corrientes en bienes y servicios se desbocan en 2024 hasta alcanzar los 30,25 millones de euros. La cantidad adquiere relevancia cuando se advierte que suponen 4,8 millones de euros más que en las cuentas anteriores. El incremento se justifica en parte por el IPC de los suministros , como la electricidad y el combustible, pero guarda una parte de la carga para la nutrida nómina de contratos que José Antonio Diez privatizó y externalizó en el pasado mandato. Ahí entran el adjudicado por 4,2 millones de euros a Seys Medioambiente y Sogesel por el mantenimiento de la ciudad o los 4,02 millones de euros para la gestión de las zonas verdes , casi medio millón más que antes, ahora que se lo reparten Eulen y Geoxa, la empresa del nuevo presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), que también se hicieron con los 1,4 millones anuales para las obras en parques.
Aunque con menor incidencia, el crecimiento del presupuesto del Ayuntamiento de León afecta también a los gastos financieros. Los préstamos que estaban fuera del plan de pago a proveedores hacen que se tengan que disponer 971.270 euros más por el pago de intereses cerrados a tipo variable. Al contrario, baja la partida para la amortización de los créditos en 293.555 euros.
Más acusada aparece la subida de las transferencias corrientes. El Ayuntamiento de León, al asumir la gestión de los recibos de Gersul que antes realizaba la Diputación, deberá pagar a la institución provincial 4,3 millones al año.
La operación de Gersul no se traduce de facto en un aumento de gasto, puesto que se contabilizan como ingresos los recibos dentro de las tasas, pero sí que lo hacen los 5,8 millones de euros que tendrá que pagar el consistorio por el déficit del transporte público. Los ingresos por billetaje han bajado más de un millón de euros, mientras que a su vez han subido hasta los 7,6 millones los costes del contrato, que ya debía haber vencido pero que se prorrogó con Alsa hasta marzo de 2024 por el parón del covid. Antes de esa fecha, el gobierno de Diez deberá decidir si vuelve a sacar el contrato a licitación pública, para lo que deberá buscar el apoyo del PP, o si, como le exige UPL, municipaliza el servicio que el alcalde socialista prometió en la campaña electoral de 2019 que sería casi gratuito para los ciudadanos.
La merma queda para las inversiones reales. El capítulo, vaciado en parte por el traslado al contrato de mantenimiento de proyectos que antes se contabilizaban aquí, como los planes de asfaltado, se queda en 14,47 millones. Aunque la cifra crecerá en enero. De entrada, sólo se apuntan los 8,9 millones de fondos propios del consistorio para cofinanciar los proyectos de la UE ya concedidos. Las rehabilitaciones energéticas del edificio de Ordoño II, el CHF, el Palacio de Deportes y las piscinas, las peatonalizaciones de las calles del centro o la instalación del equipamiento de la zona de bajas emisiones, en el que se incluyen 100 cámaras de lectura de matrículas preparadas para multar, entran en esta cuenta. Todas tienen ya desde 2023 los fondos de la UE ingresados y, en 2024, al no haberse gastado aún por completo, se incrementarán como remanentes de financiación afectada.
Fuera de este dinero de la UE, que supera incluso al plan de Edusi ya acabado de ingresar, quedan otros 5,5 millones para obras en las que deberá encajar las peticiones de UPL para contar con su voto si quiere sacar las cuentas adelantado, dado que el PSOE se halla en minoría.