Los ayuntamientos avisan de que no asumirán subida en la tasa de Gersul
Los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes deberán aprobar una ordenanza propia
El nuevo modelo de funcionamiento del Consorcio Provincial de Residuos de León (Gersul) empieza por las formas. La asamblea celebrada ayer puso sobre la mesa la necesidad de que los nueve ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes aprueban una ordenanza propia en la que se regule el pago de la tasa, pese a que la recaudación queda en manos todavía de la Diputación, mientras que en los menores se mantendrá el mismo sistema delegado en la institución provincial. El apunte afecta a Valverde de la Virgen, Villaquilambre, Sariegos, Valencia de Don Juan, Astorga, La Bañeza, Bembibre, Villablino y Cacabelos, como quedó constancia en la reunión, en la que los afectados avisaron de que si se decide subir la tasa, fijada en 36 euros por unidad urbana, los responsables provinciales deberán argumentarlo de manera razonada la incidencia en los ciudadanos del coste en un servicio que, por la ineficiencia administrativa en los cobros, ha visto cómo prescriben más de 17 millones de euros en recibos sin cobrar entre los años 2007 y 2014.
La advertencia quedó en el aire sin anuncio por ahora de que se vayan a subir las tasas. Pero sí que se incidió en que los tres municipios que superan la barrera de los 20.000 empadronados deberán no sólo aprobar una ordenanza propia, sino que además tendrán que recaudar las tasas y aportar la cantidad que les toque a Gersul. La capital ya ha iniciado este camino al que tienen que sumar también Ponferrada y San Andrés del Rabanedo para adecuarse al nuevo funcionamiento.
La liquidación, iniciada con la cesión global de activos y pasivos, derivará en la Diputación toda la deuda del consorcio que se encarga de la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega. La administración provincial se convertirá en el núcleo central de un servicio que debe afrontar una factura anual de 15,6 millones de euros, en los que se anotan el pago a la UTE adjudicataria, el pago al Somacyl de la construcción del segundo vaso y la revisión de precios. Todo después de afrontar los 23 millones de deuda: 10 millones con las aportaciones de la administración y los tres ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y el resto financiados por los bancos.