El Común advierte de que la falta de iluminación en León crea inseguridad ciudadana

En medio del escándalo del alumbrado, el Procurador del Común pone luz en las obligaciones del Ayuntamiento. Sin que la documentación aportada por el equipo de gobierno haya podido rebatir el informe del jefe de sección de Gestión Energética, que establece que « no se cumple  con los valores mínimos establecidos», el estamento fijado para velar por la defensa del pueblo insta al alcalde, José Antonio Diez, a que «adopte, a la mayor brevedad posible , las medidas que considere necesarias para verificar que en todas las vías y espacios públicos de su localidad se cumplen con los niveles de intensidad lumínica establecidos reglamentariamente».

La resolución, dictada como respuesta a la queja planteada por la federación de asociaciones de vecinos Rey Ordoño II, subraya la necesidad de que se pueda «garantizar no sólo la seguridad de los ciudadanos, sino la adecuada prestación del servicio público en toda su extensión», dado que las protestas alcanzar a casi todo el municipio. Para lograrlo, el Procurador del Común incide en que el Ayuntamiento debe adoptar « todas las medidas de control necesarias para el estricto cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el contrato de concesión del servicio público integral de iluminación exterior del municipio», después de que las mediciones del jefe de servicio demostraran que «los niveles de luminosidad de la ciudad de León son un 38% inferiores a los auditados y mínimos precisos».

El compromiso, al que alude de manera reiterada, lo mantiene el consistorio con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC, Ingesán y Fermasa, por el que reciben 2.058.255,13 euros anuales durante 10 años, en los que se incluye la amortización de los cambios de las luminarias, el mantenimiento y los consumos. Como consecuencia, a menor consumo, mayor beneficio.

Dentro de este acuerdo, la institución presidida por Tomás Quintana se fija «singularmente en aquellos aspectos que tienen unos efectos más directos en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos, como la atención a las averías, la intensidad lumínica, las zonas oscuras, etcétera, en garantía de los derechos a la igualdad, a la seguridad y a la accesibilidad universal».

La advertencia se apoya en los informes del jefe de sección energética que revelan que, a mayores de la falta de luminosidad constatada mediante mediciones, se aprecian otros posibles incumplimientos de la UTE concesionaria del servicio respecto de las prestaciones que se asumieron con la suscripción del contrato.

Falta de personal

«Debemos destacar, por la incidencia que tiene, la que se refiere a la falta de personal», se avisa en el escrito, en el que se sentencia que la empresa «no dispone de los medios humanos necesarios y ofertados en el contrato». «En la oferta presentada figuraban siete equipos de mantenimiento, pero sólo se disponen de cuatro electricistas, por lo que faltan cinco equipos completos de mantenimiento», subraya el documento.

El resultado deriva en que «las averías tarden mucho tiempo en localizarse y ser reparadas, lo que de forma evidente puede repercutir en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos y que, en todo caso, ha de ser garantizada», como apunta Quintana, a pesar de que desde el equipo de gobierno se insiste en que los avisos son «menos de dos por día», una cifra que consideran «irrelevante», a la vez que ven «adecuados» los tiempos de respuesta.

La obligación de que «los tiempos de respuesta ante las averías no superan las 24 horas», como consta en el contrato, hace que el Procurador del Común avise al Ayuntamiento de León de «la necesidad de reforzar los medios materiales y personales con los que cuenta la unidad administrativa encargada del seguimiento del contrato y, con ello, de la prestación del servicio, de manera que se puedan detectar y atajar los posibles incumplimientos». No los ha advertido aún el Ayuntamiento, pese a los informes del anterior jefe de sección, que dejó el consistorio en verano tras la polémica, aunque el gobierno municipal señala en sus contestaciones están pendientes «de la incoación del oportuno procedimiento para imposición de la penalidades» en el que caso de que se demuestren por parte de los técnicos.

La resolución se para además en apuntarle a Diez que, «en su caso, valore la oportunidad de efectuar una auditoría externa sobre el cumplimiento de los valores de intensidad lumínica existentes, de acuerdo con lo expuesto en el cuerpo de esta resolución». El apunte se recoge tras admitir que, de acuerdo a las contestaciones de los gestores del Ayuntamiento ya se cuenta «con una empresa externa de control de calidad, que supervisa el trabajo realizado por la contrata encargada del mantenimiento de la instalación de alumbrado de la ciudad». «Sin embargo, no hemos podido examinar ninguno de los informes que eventualmente hubiera elaborado y que, en su caso, podrían avalar la posible adecuación y  calidad del servicio que se presta en la ciudad», apostilla el Común.