La epidemia silenciosa del amianto tiene bajo control sanitario a 900 trabajadores

Aunque su uso se prohibió totalmente en 2002, el amianto arrastra una epidemia silenciosa tras de sí que ha arruinado cientos de vidas y ha causado abundantes enfermedades respiratorias. Se sabe que la exposición a este material puede resultar cancerígena, pero aún sigue presente en la uralita de los tejados, en canalizaciones, salas de caldera y tuberías de abastecimiento.

Por ello, la Consejería de Sanidad hace seguimiento a 4.737 personas con exposición laboral al amianto en la Comunidad, más de 900 de ellas en León, según consta en el registro Team, el censo epidemiológico que la Junta comenzó a elaborar años después de su prohibición en 2007.

Actualmente esa vigilancia se centra en 800 empleados activos en la provincia (3.181 en la autonomía), cuyo seguimiento realizan los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas y supervisa Sanidad. A ellos se suman las 120 personas (1.556 en la Comunidad) que ya están jubiladas o parados y que también sufrieron exposición al amianto. Su inspección la efectúa directamente el sistema público de salud con especialistas en neumología.

La toxicidad de este mineral se debe a la inhalación de fibras que flotan en el aire cuando se manipula, o cerca de los focos emisores del interior de viviendas y locales construidos o revestidos con materiales que lo contengan si se encuentran en mal estado. Con deterioro y en descomposición es cuando libera esas fibras suficientemente pequeñas para inhalarlas, pero demasiado grandes para exhalarlas. Se acumulan en los pulmones por una sobreexposición prolongada cuyas consecuencias se manifiestan entre 20 y 40 años después con un tipo concreto de cáncer llamado mesotelioma, cáncer de pulmón o asbestosis (fibrosis pulmonar o pleural).

De modo que los problemas de salud del amianto dan la cara muchos años después de la inactividad de las empresas que utilizaban este material, sobre todo, en la industria del fibrocemento, reparación de zapatas de embrague y frenos, demolición de construcciones, tintorería industrial o recubrimiento de tuberías y calderas, entre otras.

El pasado 19 de octubre, el BOE publicaba una decisión histórica para las víctimas del amianto: un fondo público para los afectados que consiguió la aprobación casi por unanimidad. Se trata de una reivindicación histórica tanto de los enfermos como de los sindicatos por la que llevaban luchando quince años, ya que muchos quedaron sin alguna indemnización al desaparecer las empresas. El reglamento aún tiene que desarrollarse en cuanto a cuantía de las indemnizaciones, que UGT espera que sean «dignas»; repercusiones fiscales y cómo se va a gestionar. Pero para la secretaria de Salud Laboral de ese sindicato en CyL, María Fe Muñiz Queipo, «supone un gran avance para las personas afectadas y sus familiares a las que UGT ha acompañado y apoyado en todo este largo camino. Es un acto de justicia y reparación para las víctimas».

El amianto se disemina aún en edificios antiguos, depósitos de agua, tuberías, naves industriales y viviendas de la segunda mitad del siglo XX. Este material no es peligroso mientras se mantenga estable, pero sí cuando se manipula o se estropea, por eso lo deben retirar equipos especializados. Sin embargo, veinte años después de su prohibición, la Comunidad no dispone de un mapa de los puntos donde todavía existe amianto y pueden resultar peligrosos para la población.

Fuentes sindicales denuncian la ralentización del desamiantado que pondría fin a un material que no solo produce problemas de salud, sino que también está causando accidentes laborales por el mal estado de muchos tejados. Muñiz Queipo reconoce que «es muy complicado hacer un control por nuestra parte» y que «la bomba de relojería subyace en todos los edificios y trabajadores que estuvieron en su momento expuestos a este tipo de riesgo». Aún quedan por retirar cantidades ingentes de amianto «por lo que es necesario extremar las medidas de prevención, incluyendo a los trabajadores autónomos, para no tener que seguir lamentando la aparición de más víctimas». UGT exige a las instituciones de la UE que agilicen la aprobación y puesta en práctica de medidas de protección laboral frente al amianto, así como la reducción drástica de los límites de exposición a otras 23 sustancias de alto riesgo causantes de cáncer.