El Incibe promueve la mayor inversión a nivel mundial en industria de ciberseguridad
Presentación de la compra pública del Incibe. DL
El Incibe publica las bases de una nueva convocatoria de su iniciativa estratégica de Compra Pública Innovadora (CPI) con una inversión de 137 millones de euros, lo que supone el mayor gasto en la industria de la ciberseguridad a nivel mundial. El objetivo de esta iniciativa es el desarrollo industrial de soluciones necesarias en materia de seguridad digital que actualmente no existen en el mercado.
Desde el centro tecnológico destacan que este modelo de desarrollo industrial se ha consolidado como un instrumento de gran utilidad para impulsar la innovación y la competitividad desde la administración pública.
Así, emplea la demanda pública de productos, servicios y suministros como instrumento mediante el que canalizar políticas públicas para hacerlos realidad y facilitárselos a las entidades compradoras.
También subraya que la iniciativa supone una inversión sin precedentes a nivel mundial en la industria de la ciberseguridad ya que canalizará al mercado un total de 137,2 millones que elevan la cifra global del proyecto, tras la primera convocatoria publicada el 1 de julio de 2022, hasta los 224 millones, mediante contratos en el marco de la Compra Pública Innovadora.
La jornada de presentación, celebrada ayer, contó con la asistencia de más de 120 empresas, y arrancó con la intervención de forma telemática de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Artigas destacó el objetivo de Incibe de impulsar la innovación en ciberseguridad «en el conjunto de la sociedad, en las pymes, en los sectores estratégicos y en la totalidad del mercado creando soluciones competitivas de ciberseguridad, y desarrollando una política de innovación dirigida a fortalecer las capacidades de la industria».
La convocatoria permite la conversión de Incibe en proyectos de I+D+i para generar soluciones de ciberseguridad y se articula mediante 30 retos. Cada uno responde a una necesidad en materia de ciberseguridad que no está actualmente cubierta y sobre la que existe una alta demanda. Asimismo, esa iniciativa se marca cuatro objetivos: reforzar la confianza digital, minimizar la brecha digital, reducir la brecha digital de género y mejorar los servicios públicos.