Los interinos piden a la Administración poner fin al «abuso de la temporalidad»

Uno de cada cuatro funcionarios que trabaja en la provincia de León es interino. Ante esta situación, el personal de las diferentes administraciones que carecen de un puesto fijo están llamados a una serie de protestas que ayer tuvo una de sus jornadas y que se dejó ver a través de las pancartas que colgaron en diferentes puntos de la capital leonesa y de Ponferrada para reclamar inestabilidad laboral con la convocatoria de nuevas ofertas de empleo público. La plataforma convocante ofrece varias alternativas para que los trabajadores se sumen a la protesta. Desde una huelga indefinida desde el 4 de octubre, paros intermitentes que continuarán el 20 y el 27, de 12.00 a 15.00 horas —las dos jornadas previas han sido el 4 y el 13— y dos jornadas de paro completo, ayer y otra que tendrá lugar el próximo 28 de octubre.

Por otra parte, la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reivindicaron el fin del «abuso de la temporalidad» que afecta a 35.000 empleados en la Comunidad, más de cinco mil en la provincia de León.

La plataforma, integrada por las asociaciones de interinos de Castilla y León, en representación de los más de 35.000 empleados públicos temporales de larga duración, recordaron al jefe del Ejecutivo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que España debe poner fin al abuso de temporalidad en el Sector Público, y que todos los estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que den cumplimiento a lo establecido en la directiva de duración determinada.

Proyecto de ley

«En este momento, se está tramitando en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley que decidirá el futuro laboral y vital de estas 35.000 familias castellano y leonesas, y de otras casi 800.000 familias en precario de toda España. Le recordamos que la Comisión Europea tiene varios Procedimientos de infracción abiertos y vigila muy de cerca las medidas que se incluyan en la nueva ley que deberían cumplir escrupulosamente la primacía del Derecho de la Unión Europea y trasponer por fin la citada Directiva al sector público español. No se olviden ustedes de nosotros, y de nuestras familias», continuaba la carta a la que tuvo acceso Europa Press.

En este punto, incidieron que los empleados públicos temporales han sufrido durante años la «mala praxis» de las Administraciones Públicas y, en vez de «reparar el abuso sufrido», ven como sus derechos laborales se pueden ver de nuevo «pisoteados» en el texto del Proyecto de Ley propuesto por su Gobierno, cuyas medidas son «contrarias» al derecho de la Unión Europea.

«Parece que no es el PSOE, sino el resto de los grupos, incluidos sus socios de Gobierno, quienes tratan de no dejar atrás a las víctimas de abuso», añadieron en la carta, para recordar que existen alternativas apropiadas, legales y acordes con Europa, que no incrementarán el gasto público, ni incrementarán la deuda, ni la tasa de paro de larga duración con sus correspondientes prestaciones y subsidios para mayores de 52 años, media de edad de los empleados públicos. «Por el contrario, el pago de indemnizaciones millonarias llevará a un endeudamiento inasumible para las comunidades, ayuntamientos y diputaciones que repercutirá en los ciudadanos», matizaron.

«¿Se ha parado a pensar que el 70% del personal público temporal somos mujeres con cargas familiares, que quedaremos en situación de vulnerabilidad con una casi nula reinserción laboral? ¿Esto lo puede consentir un Gobierno feminista que defiende la igualdad de género?», cuestionaron a Sánchez. «Le pedimos que su Gobierno, que dice ser dialogante, cumpla el trámite de audiencia de los portavoces de la Unión de Plataformas con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para presentarle nuestras propuestas», apelaron.