El juez ordena abrir juicio oral para la pieza leonesa de la Operación Púnica
El señalamiento de la fecha depende del expurgo de las llamadas interceptadas por la UCO
Alejandro de Pedro es el nexo común de la pieza leonesa. JAVIER LIZÓN
El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, volvió a ordenar anteayer la apertura de juicio oral contra Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación de León, Jesús López, interventor, el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, el conseguidor Alejandro de Pedro y el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, por su presunta participación en la trama de la pieza leonesa de la Operación Púnica.
La decisión se había adoptado ya en agosto del año pasado, en cumplimiento de la legislación vigente que estipulaba la finalización de los plazos de instrucción. Como quiera que doce meses después sigue sin fijarse la fecha del juicio, decreta una nueva prórroga, para evitar que el asunto prescriba.
El Ministerio Fiscal solicita penas que suman ocho años de prisión para Martínez Barazón, y siete años para Manuel Jesús López y Pedro Vicente Sánchez. Alejandro de Pedro se quedaría con una pena de cinco años y medio en la propuesta del Ministerio Público en caso de ser condenado por los delitos malversación y fraude, por los que comparecerá a juicio, además de la prohibición de recibir subvenciones del sector público durante los tres años siguientes, mientras que Alonso Conesa hace frente a una propuesta de cinco años y medio y también queda excluido de las subvenciones por el mismo periodo. Las defensas exigen la absolución por falta de pruebas.
Media causa
Fuentes del caso aseguraron ayer a este periódico que aún no ha finalizado el expurgo de las llamadas recopiladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que por decisión judicial, deberá seleccionar qué parte de las conversaciones pertenece a la causa y qué parte es ajena a la investigación.
La decisión se basa en «la excepcional y extraordinaria complejidad de este procedimiento», deja constancia de que hay «cientos de investigados —más de 300—, quince líneas distintas de investigación o piezas separadas, 234 tomos (que aumentan cada día) y un volumen gigantesco de dispositivos informáticos a expurgar», según hace constar en un auto.
Los letrados defensores de un numeroso grupo de investigados habían presentado el pasado verano los correspondientes recursos contra la prórroga, por entender que resulta contraria a derecho. El instructor alega «la envergadura de la investigación, la complejidad técnica de los hechos investigados y las múltiples ramas en que se divide una de las mayores tramas de corrupción de la historia judicial española, que lo exigen y justifican».