La jueza del caso de los anestesistas cita como imputadas a dos enfermeras

Nueve meses después de la declaración en los juzgados del jefe de anestesistas del Hospital de León y Joaquín López Otazu, director de la ahora desaparecida clínica sanitaria, la magistrada del juzgado de instrucción número uno de León mueve ficha y llama a declarar como imputados a dos enfermeras y a otro anestesista responsable de la clínica. Según ha podido saber este periódico, la jueza cita a los tres trabajadores de la desaparecida clínica para el 10 de marzo. La jueza investiga la denuncia de un presunto delito penal por suplantación de identidad y falsificación de documento público. El juzgado abrió diligencias hace un año tras recibir la documentación remitida por la Fiscalía de León, institución a la que remitió Sacyl toda la información relativa al caso tras detectar posibles implicaciones penales. La denuncia presentada en los juzgados y ante la Consejería de Sanidad partió de un anestesista, José Manuel Caunedo, que denuncia que otros colegas utilizaron su nombre en la clínica López Otazu para vulnerar la ley de incompatibilidades que les impedía en ese momento operar a pacientes de Sacyl al trabajar en el Hospital de León. Caunedo presentó ante la justicia pruebas con los que espera demostrar que otros anestesistas realizaron con su nombre al menos 700 operaciones valoradas en 120.000 euros y de las que él asegura que nunca tuvo nunca conocimiento. En la denuncia refleja incluso que le llegaron a ofrecer dinero para que cediese su nombre de forma voluntaria, a lo que se negó.

Caunedo puso en conocimiento de las autoridades sanitarias y la justicia que al menos el 90% de las actividades en la clínica López Otazu, «eran atendidas por esos profesionales, cobrando una importante cantidad de dinero por dicha actividad, algo absolutamente prohibido por la legislación vigente».

Tras la declaración de Joaquín López Otazu y el jefe de anestesistas del Hospital de León, que negaron los hechos, la jueza llama ahora a otro colega que operaba en la clínica pero que no trabajaba en el Hospital y que también aparece en la denuncia de Caunedo. Además, la magistrada instó hace días al director de la clínica a la localización de dos enfermeras, que ahora declararán como imputadas, y que eran las responsables de rellenar las hojas circulantes, es decir, todos los pormenores de lo que ocurre en el quirófano durante la intervención, incluidos los nombres de los prefesionales que intervienen en el proceso.

Con el inicio de los trámites judiciales, la Consejería de Sanidad paralizó la investigación administrativa hasta que la jueza emita su fallo, lo que podría prolongarse al menos un año más, según adelantó en su día el fiscal jefe de León, Emilio Fernández, que calificó el caso de «muy complejo».

El caso en la clínica Otazu coincide en el tiempo con otras denuncias presentadas por anestesistas de la privada contra colegas del Hospital. La investigación administrativa sí continuó en esos casos al no llegar esos procesos a los juzgados. Los tres anestesistas del Hospital denunciados fueron sancionados por Sacyl con un total de un año de empleo con la suma de las tres sanciones, decisión que está recurrida por los profesionales y que todavía no se ha hecho efectiva.