León Alta Velocidad genera facturas ocho años después de cerrar toda su actividad

León Alta Velocidad nació para un cometido que se atragantó con el tiempo. Una sociedad de gestión , un instrumento jurídico y operativo, que en su acta fundacional aireó objetos sociales que no llegaron a ver la luz ni por asomo. Casi 20 años después de su constitución, ocho años después del último latido, León Alta Velocidad da señales de vida porque genera facturas .

La muestra forma parte del repertorio de las cosas que pasan en León sin explicación aparente, como las razones por las que este consorcio que se constituyó para atender la poderosa empresa de meter las vías del tren bajo tierra y cambiar el puzzle urbano del oeste de la ciudad y del engarce con san Andrés del Rabanedo, no ha completado el proceso de la refundación que llevó a colocar la referencia «en Liquidación » como apéndice de la razón social.

León Alta Velocidad nació en enero de 2003, de ahí la primera definición pública de la sociedad, con el año de referencia como asiento y no como objeto social, con un capital de 610.000 euros, con 10.000 acciones nominativas, con un valor de 61 euros cada una; los fundadores, Renfe, el GIF (que gestionaba las infraestructuras ferroviarias en el cometido que anticipó lo que ahora se llama Adif; el Ayuntamiento de León; el Ayuntamiento de San Andrés y la Junta.

Los organismos ferroviarios suscribieron 2.500 acciones cada uno; 2.000, el gobierno autonómico; y 1.500, los ayuntamientos de León y San Andrés. Se creó para atacar varias intervenciones en torno a la modificación del dibujo que dependía del ferrocarril en la ciudad ; el urbano y la infraestructura, el raíl y los tapiales que lo escoltaban; lo escoltan, aún.

Con un propósito de tal calado que si se podía aplicar el axioma de que si la foto de cambio de siglo de León iba a ser irreconocible para generaciones venideras sería gracias a León Alta Velocidad 2003 (antes de añadir en liquidación, otro propósito que no es capaz de solventar hasta la fecha): traslado de talleres (a Torneros); nueva estación (que iba a ser financiada por Vialia, con un centro comercial y de ocio e impulso de nueva centralidad; la permeabilidad transversal y la urbanización y ordenación de los terrenos; el soterramiento, con las obras necesarias para rebajar la cota de las vías, el cambio de la rasante y los complementos que modificarían el entorno del tren.

Entre los objetivos que dieron pie a la constitución de la sociedad se puede salvar el enlace sur, que es un apéndice de 1,5 kilómetros que salvaban el paso de las mercancías a León en el bypass de la apertura a la bifurcación. Hasta la eliminación de paso a nivel del Crucero, que dio paso a diez años de fondo de saco del tren en León, eliminado el pasado otoño, se puede asignar a las funciones consignadas.

El resto se quedó en un limbo . Incluido el guión colindante con las ensoñaciones para armar en torno a la reforma del ferrocarril un barrio de nuevo cuño, elevado en rascacielos y una secuencia de ediciones para albergar hasta 1.800 viviendas.

Entre todas las intervenciones previstas, en el primer balance de números se cerró el coste en 142 millones de euros, desglosado en partidas de 60 millones para el entorno de la estación y otros cuarenta para el nuevo edificio, y partidas más limitadas referidas a obras de urbanización en San Andrés. Con el paso de los años, el límite de inversión se desmesuró; se llegó a contemplar más de 600 millones.