León cerrará el centro de la ciudad a los coches que no sean eléctricos o ecológicos

La nueva Ley de Cambio Climático pone fecha al fin de la libre circulación de los vehículos contaminantes por las ciudades. El texto, aprobado esta semana en el Congreso y que tendrá que ratificar ahora el Senado, establece que León deberá contar con una «zona de bajas emisiones no más tarde de 2023». La aplicación obligará a definir un área en la que sólo se permitirá la entrada de vehículos catalogados como Cero o Eco por la Dirección General de Tráfico (DGT). Con estos preceptos, el Ayuntamiento afina ahora su espacio acotado, al estilo de Madrid Central, que en el caso de la capital leonesa abarcará el casco histórico y el centro de la ciudad: una mancha de terreno en la que se contienen todas las calles que queden dentro de los límites de las calles Padre Isla hasta Julio del Campo, plaza de La Inmaculada, avenida de Roma, avenida de la Facultad, Lancia, Independencia y plaza de Santo Domingo, según el mapa del borrador que tienen encima de la mesa los técnicos de Movilidad del consistorio.

La delimitación, que aún está abierta a incluir nuevas calles, marca el comienzo del trabajo que deberá concretarse en el próximo año y medio como muy tarde, según exige el texto legislativo, en el que la enmienda incluida por ERC reseña que la obligación afecta no sólo a los municipios de más de 50.000 habitantes, sino también a los que superen los 20.000 y cuenten con altos niveles de contaminación. El funcionamiento de la circulación en la denominada «almendra central» tendrá que regularse para definir con exactitud qué tipos de vehículos tienen cabida en las posibles excepciones. Aunque los ejemplos que hay en funcionamiento, como el de Madrid, regulan que la circulación queda permitida solo a los que tienen etiqueta Cero emisiones y Eco, también se cita que pueden entrar para estacionar en un aparcamiento público, garaje privado o reserva no dotacional los catalogados con los distintivos ambientales C o B. No se trata de la única licencia. El operativo madrileño reseña además otros permisos para las personas con movilidad reducida, vehículos de carga y descarga en determinados horarios, vehículos de servicios de urgencias o industriales, entre otros que podrían contemplarse también para su adaptación al modelo de la capital leonesa.

La normativa deberá recoger de manera exacta todos los casos, incluida la posible moratoria en la aplicación para los vecinos del área afectada que no dispongan de un vehículo catalogado como no contaminante. El texto tendrá que tipificar además las infracciones que se cometan en el caso entrar sin permiso y las consiguientes sanciones, que en el caso de Barcelona van de los 100 hasta los 1.800 euros. Para controlarlo, el Ayuntamiento necesitará instalar un sistema de vigilancia por cámaras en la zona central como el que ya funciona en el casco histórico y Ordoño II, donde el dispositivo de lectura de matrículas envía la imagen de los que entran sin permiso.

La adecuación necesitará inversiones. Para adelantarse, el Ayuntamiento presentó estas pasadas semanas una declaración de interés a la convocatoria abierta por la UE en la estrategia Next Generation. Con los 142.000 millones de euros, desde 2021 a 2021, que recibirá España como bolsa, León solicitó 20 millones para una zona de bajas emisiones. Los fondos, más allá de las cámaras, se piensan para la definición de los aparcamientos disuasorios en las zonas colindantes, como podría ser Papalaguinda, y para todas las medidas que reclama la Ley de Cambio Climático, como «medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables; para la mejora y uso de la red de transporte público; para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano; y para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga».