León planifica las restricciones del tráfico para acceder al centro a partir del año 2023

León pondrá coto a la circulación de los vehículos contaminantes. Como muy tarde dentro de un año, la nueva Ley de Cambio Climático obligará a que la ciudad cuente con una zona de bajas emisiones, cuyo primer borrador dibuja la linde por Padre Isla hasta Julio del Campo, plaza de La Inmaculada, Roma, avenida de la Facultad, Lancia, Independencia y Santo Domingo. Habrá coches que no puedan entrar, en función de su etiqueta medioambiental, e incluso posibles horarios en los cuáles se restringirá el tránsito. Todo lo quede dentro del recinto funcionará con unas normas diferentes al resto. Para definirlas, el Ayuntamiento prepara la realización de un estudio en el que se marquen de manera concisa cuántos automóviles transitan, qué nivel de contaminación generan, cuál es su catalogación y en qué franjas horarias se distribuyen.

El trabajo aportará el material para que los responsables del Ayuntamiento de León decidan las medidas concretas que se aplicarán dentro de la zona de exclusión e, incluso, si se extiende su ámbito de influencia al resto del mapa de la ciudad en momentos en los que la contaminación supere los niveles marcados. El estudio, que todavía no se ha decidido si se hará con medios propios o se encargará a una empresa que desarrolle la asistencia técnica, amparará las restricciones de circulación que empezarán por prohibir el paso a los vehículos que no tengan la catalogación Cero Emisiones: eléctricos de batería, eléctricos de autonomía extendida, eléctricos híbridos enchufables con una autonomía de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible; y Ecológicos: eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, híbridos no enchufables, vehículos propulsados por gas natural y gas o gas licuado del petróleo.

Fuera quedarán las otras dos etiquetas marcadas por la Dirección General de Tráfico (DGT). Las limitaciones afectarán a los identificados con la letra C: turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014, así como los de más de 8 plazas y pesados, tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014. No se librarán tampoco los marcados con la B, en la que se agrupan los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados desde enero de 2001 y diésel a partir de 2006 y los de más de 8 plazas y pesados, tanto diésel como gasolina, matriculados a partir de 2005.

Pero más allá del trazo grueso, la normativa deberá reseñar las excepciones para estos vehículos. Al estilo de Madrid, que inauguró su «almendra central» de restricciones a finales de noviembre de 2018, León podrá contemplar que entren estos vehículos de catalogación B y C para estacionar en aparcamientos públicos y garajes privados o que no tengan limitación alguna en determinadas franjas horarias.

El texto de la regulación tendrá que recoger a demás otros casos singulares, como los permisos para las personas con movilidad reducida, para los vehículos de carga y descarga en los horarios de funcionamiento comercial, los de servicios de urgencias o los industriales. No se podrá olvidar tampoco el tratamiento para los residentes en la zona, a los que se podría conceder una moratoria, en el caso de que no tengan Cero Emisiones o Ecológicos, o eximirles por completo de la obligación de contar con un modelo catalogado como no contaminante.

Toda la casuística deberá trasladarse a una ordenanza, bien con su inclusión mediante la modificación de la de Movilidad y de la de Tráfico o con la redacción de una normativa nueva. Esta necesidad hace que en el primer semestre deba tenerse cerradas las líneas básicas de las restricciones para avanzar después en su tramitación administrativa. El marco temporal apremia. No hay alternativas, ni moratorias para la aplicación de la Ley de Cambio Climático, salvo cambios de última hora. León está obligado a cumplirla. Aunque cuenta con la posibilidad al menos de decidir cómo.