La liquidación de Serfunle zanjará 20 años de 11,5 M de pagos indebidos al socio privado
Cementerio de León. DL
Como "no se justifica la concurrencia del interés casacional objetivo en virtud de ninguno en los términos que exige la jurisprudencia", el Tribunal Supremo cierra la huida hacia adelante de Mémora para c ontinuar como socio privado de Serfunle , la sociedad de gestión de los servicios funerarios de la capital y el alfoz.
El auto hace que se asienten las sentencias de primera instancia y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en las que se decretaba que la adjudicación del contrato, efectuada en 2003, se hizo conforme a una «ilegalidad grosera» y supone «un manifiesto perjuicio para el interés público". Como consecuencia, León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre deberán liquidar la sociedad, en la que hay unos activos de cerca de 7 millones de euros, y abrir un nuevo procedimiento de concesión.
El pronunciamiento zanja un camino que el Ayuntamiento de León abrió en 2016 a instancias del informe de Gabriel Menéndez Rubiera, jefe de la Intervención. El documento advertía de la nulidad de pleno derecho, avalada por la justicia luego, que se había producido al admitir dentro del contrato firmado con Mémora una cláusula que no venía en los pliegos. La gracia suponía el cobro de manera irregular, como se apostillaba en el dictamen técnico, de un canon de gestión que sumaba una media de 600.000 euros anuales: cerca de 8.419.530,11 euros en 2018 que, a razón de los años que han transcurrido hasta ahora, añaden otros casi 3 millones de euros a la cuenta de la mercantil sin que tuvieran que haberse desembolsado. A mayores, la multinacional, que cuenta con el 49% del accionariado de Serfunle S.A. en virtud de la adjudicación hecha en 2003, percibe cerca de 300.000 euros en cada ejercicio por el reparto de beneficios.
La relación se cortará ahora. Los Plenos de los nuevos ayuntamientos que se constituyan en León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre deberán tomar en consideración el acuerdo que insta a liquidar la sociedad. La decisión seguirá la estela marcada en 2016, pero que se ha dilatado 7 años por las estrategia de defensa de Mémora: primero con la invocación de la caducidad del procedimiento, en la que el juzgado les dio la razón al retrasarse la administración en comunicar el acuerdo, y luego con los sucesivos pasos que se han dado en el Consejo Consultivo, el juzgado contencioso administrativo número 3 de León, el TSJ y el Supremo. Todos los estamentos han refrendado la nulidad del contrato y , pero mientras tanto la mercantil ha continuado con sus ingresos a cuenta.
Continuidad
Ahora, como ya se refrendada en la sentencia de primera instancia, "la continuidad y el dilatado plazo restante de la relación contractual obligan a poner fin a la grave situación de ilegalidad impidiendo que se perpetúe durante el tiempo de duración total del contrato, 50 años". Al final, se han consumido 20 hasta el momento, pero restarían otros 30 que no tendrá lugar cuando se consume la disolución.
Pero antes, los ayuntamientos tendrán que proceder a la liquidación: un proceso en el que dividir los cerca de 7 millones de euros que tienen de activos, entre los cuales se anotan los tanatorios de León y Villaquilambre, además de las reservas y cerca de 1,5 millones de euros en fondos líquidos. En este punto se deberán discutir también las cantidades percibidas en estos 20 años e incluso, aportadas por Mémora, que puso de inicio 6,1 millones de euros de canon inicial, además de 980.000 euros como capital social por el 49% de las acciones.
Las sumas y restas hacen que desde la parte pública se estima que podría haber un equilibrio en el reparto, dado que los cerca de 11,5 millones que habría que devolverle al socio privado por estas aportaciones iniciales y los activos cuadran con la cantidad que se le reclamará que reintegre por los cobros indebidos del fee de gestión. No cabe, además, como se subraya en las sentencias, el pago de lucro cesante a la mercantil, que llegó a hablar de una indemnización no inferior a los 18 millones de euros.
El resultado devolverá Serfunle S.A . al estado anterior a 2003. La gestión retornará a la mancomunidad formada por los tres ayuntamientos, que cuenta con cerca de 6 millones de euros en caja. Los políticos deberán decidir si apuestan por el modelo de gestión pública, sin repartir beneficios fuera y con los activos que ya tiene, o abre un nuevo concurso público para otra concesión que les ligue a un socio privado.