MISTERIO EN LA CATEDRAL
Nadie quiere ese muerto: el Cabildo endosa el cadáver de la Catedral a Cultura, que no lo acepta
Máximo Gómez Rascón recuerda que fue la empresa CPA la que se encargó de los trabajos
Imagen del estado actual de la cripta de las termas. DL
Los protagonistas de la aparición de un cadáver en la Catedral en el año 1990 que ayer desveló Diario de León han puesto el foco en la Dirección General de Patrimonio y en la empresa que realizó los trabajos, CPA. Así lo han hecho tanto el Cabildo como el Servicio Territorial de Cultura, que se sacuden la responsabilidad ante un suceso que provocó el cierre en falso de la excavación arqueológica y la desaparición de los restos humanos. «El Cabildo ni se enteró de eso. Eso te lo garantizo yo. A mí me lo contó uno de los obreros de la empresa CPA, que era la que realizaba las obras». El director del Museo Diocesano y responsable de Patrimonio de la Diócesis, Máximo Gómez Rascón, explica que ni el Cabildo, «ni mucho menos el Obispado» son responsables de la paralización de la excavación en la cripta norte de la Catedral.
El arqueólogo Fernando Miguel dirigía unas catas arqueológicas en lo que fueron las termas romanas cuando apareció un cadáver. Las fuentes consultadas por Diario de León colocan en el lugar de los hechos al propio Fernando Miguel, al arqueólogo de la Junta, Julio Vidal, y a Máximo Gómez Rascón. Subrayan, asimismo, que este cuerpo, que se encontraba esqueletizado, no pudo haber tenido más de sesenta años de antigüedad y advierten de que fue colocado allí con la intención de ocultarlo. Los que lo vieron recuerdan que no estaba enterrado sino que permanecía oculto bajo extractos de la obra que puso en marcha Luis Menéndez Pidal, como parte de los escombros que el arquitecto había desenterrado en los años sesenta para de hacer visitables los vestigios. «Yo oí rumores pero nada más». El canónigo subraya asimismo que es la administración autonómica a través del servicio territorial de Cultura el que contrata a la empresa —«la dirección la asume la Junta de Castilla y León»— y zanja la conversación al asegurar que en muchos casos, «han encontrado piezas de las que no nos dicen nada». Una de las personas que tuvo la oportunidad de ver el cuerpo explica que era un hombre adulto, corpulento y con buena conexión anatómica. «Pudo haber sido un accidente de obra, o un asesinato y lo dejaron allí», dice otro de los consultados, y concluye que el cadáver pudo haberse escondido allí tras un ‘paseo’ durante la guerra o un ajuste de cuentas. Y es que un testigo presencial explica que la restauración de Luis Menéndez Pidal limpió y echó el escombro hacia donde estaba el cuerpo.
LA ‘EXPLICACIÓN' DE LA JUNTA
El Servicio Territorial de Cultura de la Junta ha explicado que todas las excavaciones arqueológicas se dan por finalizadas con la presentación de la memoria redactada por el arqueólogo al que han dado permiso para su intervención. «En ese caso concreto parece ser que era Fernando Miguel el arqueólogo que tenía asignada la dirección y seguimiento de la excavación. Esa memoria es la que sirve de documento para ser analizado y dar por concluida la excavación». El servicio territorial indica la «posibilidad» de que el informe se encuentre en la Dirección General de Patrimonio y explica que las obras se llevaron a cabo en el marco de obras de restauración financiadas por esa Consejería. Sin embargo, el propio Fernando Miguel aseguró que ese informe nunca se realizó porque no fue requerido.
Una de las claves para entender la irregularidad de lo que ocurrió la explica un arqueólogo leonés: «Aunque por entonces aún no se había aprobado la última ley de patrimonio, de 1994, ni el reglamento que lo desarrolló y que se ratificó en 1997, la normativa arqueológica ya prescribía que había que presentar el preceptivo informe arqueológico».
Diario de León ha tratado, sin éxito, de contar con la explicación de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.
NI JUEZ, NI FORENSE NI POLICÍA
La ley obliga, ante la aparición de un cadáver, a que sea un juez el que ordene el traslado al depósito o al anatómico forense, un proceso en el que tiene que crearse una comisión judicial —integrada por el propio juez, el secretario, el forense, y la policía judicial. Nada de eso ocurrió en este caso. Ni siquiera se sabe dónde están enterrados —si es que lo fueron— los restos de un cuerpo que, según los testigos consultadas por Diario de León, no tenían origen medieval ni romano. Las fuentes consideran que la datación podría pertenecer a la guerra civil española o a los años sesenta.