Operación Púnica: "Era anómalo mandar las facturas a una persona y no a Contratación"

Con más de media hora de retraso sobre el horario de inicio previsto, se ha reanudado esta mañana el juicio por la pieza leonesa de la Operación Púnica, que para la sesión de este lunes ha vuelto a cambiar de sala de celebración en la Audiencia Nacional, siempre en la sede del distrito de Génova.

Definitivamente, los magistrados han decidido que los acusados declaren en el cierre del juicio. Empiezan el turno los testigos y peritos. Lo ha hecho iniciando la ronda el instructor de la investigación, teniente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"De Pedro mejoraba el posicionamiento online con su trabajo y conseguían tratos de favor para contrataciones públicas", señaló el teniente. "En el caso de León, se trataba de consolidar a Marcos Martínez para continuar en la presidencia de la Diputación de León", explicó el responsable de la investigación.

"De la intervención telefónica se deduce que se posicionaban para conseguir negocio en la estación de San Isidro pero necesitaban acudir a terceros en el sector de la nieve. Había contratos de cafeterías y de la estación, que el presidente de la Diputación quería presentar como logros políticos. Fue en tiempo real, era verano y otoño de 2014", explicó el teniente. "La Diputación ponía publicidad institucional para pagarlo", dijo. Cuando había informaciones negativas para la Diputación "se contrarrestaban con hashtags y twits que neutralizaban esas informaciones", insistió el investigador.

De Pedro solicitó más fondos para sus planes "y de una conversación con el presidente de la Diputación se deduce que consiguió 6.000 euros más de Gersul y Ecoembes. Como parte de los servicios se gestionaban discursos para actos públicos", aseguró el teniente. En marzo de 2017 se redactó un atestado más completo respecto a la pieza leonesa. 

Durante un viaje a Murcia detectó la Guardia Civil especial tacto en proteger a Martínez Barazón: "De Pedro se ofreció a conversar con altas figuras del PP nacional para defender su continuidad en la Diputación. Fue en una convención nacional del PP, en la que De Pedro  Alonso y Alonso Conesa (exalcalde socialista de Cartagena) se ofrecieron a concertarle contactos con dirigentes nacionales de su partido". Se refería a Cospedal y Floriano.

Los servicios "se monetizaban por contraprestación publicitaria", dijo el teniente. "En el esquí se originó el tema por una visita de Alonso Conesa a San Isidro porque el presidente quería revitalizar las estaciones y se vio posibilidad de negocio por el asesoramiento técnico. Luego eso se convirtió en que el presidente de la Diputación les abrió la puerta a posibles ofertas, mediante la entrega de los pliegos de contratación a los que los investigados añadieron cláusulas para modificarlo y predeterminar la adjudicación a las empresas de Alejandro de Pedro", dijo e responsable de la UCO. "Varias conversaciones le decían que los pliegos se iban a hacer de tal forma que los adjudicatarios fueran ellos", explicó.

Había "varios proyectos de dinamización, no recuerdo si eran cuatro o cinco, y uno se iba a adjudicar a Alejandro de Pedro y otros cuatro a empresas de viaje con las que habían creado una línea de negocio", señaló el teniente. "Querían unificar la estación de León con unan de Asturias. No se llegó a firmar ningún contrato porque las actuaciones judiciales paralizaron el proceso", señalo. "El interventor no iba a poner problemas porque tenía intereses según grabamos en los audios. Jesús López tuvo conversaciones directas con Alejandro de Pedro sobre la fórmula de facturación", recalcó el instructor de la Guardia Civil.

De las conversaciones interceptadas se deduce que el interventor "tiene un papel próximo a Marcos Martínez. Varias personas dicen que no va a ser un obstáculo a la trama". En lo tocante al diputado  Pedro Vicente Sánchez, parece "una persona de confianza del presidente, recibía las facturas de forma directa". Los periodistas que elaboraban los trabajos "eran becarios sin experiencia, que cobraban alrededor de 400 euros". De Pedro llegó a contactar con Leire Pajín en el marco de sus planes de expansión por Latinoamérica, aprovechando que ella trabajaba entonces para la ONU. Es evidente que la dirección de la trama no se centró en un solo color político.

La investigación deparó contactos de Alejandro de Pedro con el Real Madrid o Telecinco para seguir prácticas similares a las que se detectaron en León "No seguimos porque no había indicios de delito". 

Las defensas han insistido en que los guardias que firman los informes no tienen formación en asuntos informáticos. También han recalcado que no hay pruebas en el sumario de que la estación estuviese generando déficit. El magistrado ha conminado a la defensa de Alejandro de Pedro a "no poner trampas" en el interrogatorio para que el teniente conteste al gusto de los abogados. El de Alonso Conesa se ha preguntado por qué se ha sacado de la investigación a un asesor "que está demostrado que ya tenía contactos con la Diputación desde la etapa de Isabel Carrasco".

Natalia Escanciano, la defensora de Martínez Barazón insistió en conocer la titulación del teniente, al que arrancó una carcajada: "¿Qué tiene que ver la formación de un testigo con su testimonio?", preguntó molesto el magistrado ponente. "Estoy acostumbrado, es una pregunta recurrente", repuso el teniente. "Quiero valorar el nivel de parcialidad del informe de la Guardia Civil", detalló la abogada. La letrada ha recalcado que el informe sostiene que Barazón pretendía seguir siendo presidente del PP en León, cargo que no tenía: "Quería postularse y mantenerse en la Diputación", contestó tajante el teniente. "Era anómalo que mandaran las facturas a una persona y no al servicio de Contratación". Según el teniente no era una cuestión de mejora de imagen de Martínez Barazón "sino de ensalzar su gestión con métodos contrarios a la ley en Castilla y León".

El representante de Pedro Vicente Sánchez preguntó por un oficio a operadoras de telefonía móvil. Juan Carlos Zatarain, en representación de Jesús López se refirió a la dualidad de investigación respecto a la contratación de servicios de reputación digital y de gestión de San Isidro. Se quejó de la falta de concreción respecto a la parte del informe en la que se asegura que el interventor ya estuvo inmerso en un proceso judicial relacionado con unos pisos de su propiedad: "No sé si hicimos alguna gestión para conocer qué intereses tenía en la zona, pero por las conversaciones interceptadas, parece claro". Interesó de forma reiterada la ausencia de su cliente en las visitas, redujo a una conversación las mantenidas con Alejandro de Pedro y subrayó que apenas hubo desde su punto de vistas menciones al interventor en las conversaciones.

Los acusados son Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación Provincial, que se enfrenta a ocho años de prisión , acusado de malversación, falsedad documental o tráfico de influencias. Siete piden las fiscales para Pedro Vicente Sánchez, diputado y para Jesús López, interventor de la Diputación en aquella época. Para el conseguidor Alejandro De Pedro y para el ex alcalde de Cartagena, José Antonio, Alonso, la propuesta es de cinco años y medio de prisión. Tres y medio se proponen para Guadalupe Carrascosa, empleada de las empresas gestoras.

A todos ellos se les atribuye una trama para manipular la concesión de contratos en la estación invernal de San Isidro, a cambio de mejorar la reputación del presidente Barazón, en Internet, a través de trabajos realizados en diarios zombies.