Operación Púnica: las fiscales endurecen las penas para los acusados leoneses

Las fiscales Carmen García-Cerdá y Teresa Gálvez, instructoras para el Ministerio Público de la causa abierta por la pieza leonesa de la Operación Púnica, han decidido endurecer las penas que proponen para los tres acusados leoneses, Marcos Martínez Barazón en calidad de presidente entonces de la Diputación Provincial, Jesús López en tareas de interventor a finales de 2014 cuando se produjeron las detenciones y Pedro V. Sánchez, diputado provincial, por entender 

El concepto de concurso medial es básico para entender el cambio de calificación. Consideran las fiscales que se produjeron supuestos de fraude y falsificación (que van unidos) y prevaricación (que no comporta pena de prisión pero sí inhabilitación para el desempeño de cargos públicos y para trabajar en empleo público). Con este conglomerado de modificaciones, la horquilla de posibles penas se presenta amplia.

La doctrina del Tribunal Supremo fija que la falsedad en documento público absorbe siempre al delito de fraude. Por ello hay que aplicar el artículo 77 del Código Penal, que estipula la obligación de fijar la mitad de la pena en su grado superior. Pero la suma de los dos conceptos no puede exceder lo que resultaría de agrupar las dos penas por separado.

Por lo tanto, lo más previsible es que se sumen las penas por fraude a las penas por falsificación. En el escrito de acusación inicial se proponían ocho años de prisión para Marcos Martínez, siete para Pedro Vicente y siete para Jesús López. A los dos últimos ahora se les propone ocho años de prisión ahora, igual que al expresidente y a los tres se les añade un año más de inhabilitación para empleo o cargo público, que pasan de ocho a nueve años de prohibición.

Las fiscales retiran de su acusación el delito de malversación, después de que el Gobierno lo reformase para adaptarlo a las exigencias del nacionalismo catalán bajo la premisa de que si no se ha obtenido beneficio patrimonial efectivo, no procede aplicarlo como tal y así lo registran para el caso de León las representantes del Ministerio Público. Dan por probado que no se llegó a ejecutar ninguno de los beneficioso que se buscaban con las adjudicaciones y las campañas de reputación, pero comprenden que había un plan listo para hacerlo y que solo las detenciones de la Guardia Civil lo impidieron.

No recogen sin embargo las responsables de la acusación pública la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, en principio cualificada pero que llegado el caso podría llegar a ser muy cualificada. Esta cuestión recoge un recorte sustancias de las penas pero es potestad del presidente del tribunal, Javier Vieira. Debe decidir si los retrasos en la instrucción de la causa, que se ha demorado por un periodo de ocho años, merece un decrecimiento en la condena que, llegado el caso, puede reducir algunos de los tipos penales incluso a la mitad. A partir de cinco años de instrucción ya se considera que una causa está sufriendo retrasos injustificados.

La acusación particular, que encarna para la Asociación de Abogados Demócratas Españoles la letrada madrileña Gloria de Pascual, no presentará hasta el próximo jueves 16 de febrero (fecha de reanudación de las sesiones) su escrito de calificación definitiva. Sí que incluye la existencia desde su punto de vista de un delito de cohecho, que elevaría las penas propuestas por la Fiscalía.

También a estas horas las defensas trabajan en la redacción de sus escritos modificados, en los que en resumen recogen su propuesta de libre absolución para los encausados, por no haber quedado acreditada la comisión de delito alguno. Se quejan los letrados defensores de que el escrito de las fiscales ha pasado de 28 folios iniciales a 52 ahora y se niegan en redondo a retomar las sesiones el próximo martes 14 de febrero, como les había sugerido el ponente.