Las oposiciones de 2024 frenarán la sangría de funcionarios en León

La Oferta de Empleo Público (OEP) para los organismos de gestión estatal que aprobó la pasada semana el Gobierno es la mayor de la historia, casi 40.000 puestos de trabajo para todo el país, repartidos en cinco administraciones diferentes.

A falta de conocer qué parte del pastel se lleva la estructura de la Administración General del Estado en la provincia de León (sus trabajadores son algo menos de una cuarta parte del total de empleados públicos en la provincia), esta reactivación de las oposiciones para acceder al funcionariado está llamada a frenar la sangría que los servicios públicos dependientes del Gobierno central han vivido a nivel local en los últimos diez años. En realidad, desde que se inició la crisis financiera.

Una descapitalización laboral de los servicios públicos dependientes de la Administración Central que es más significativa porque en ese mismo período de tiempo el empleo público dependiente de la Junta (que tiene transferidos los sectores con más trabajadores, como sanidad y educación) se ha disparado , y también ha crecido en las administraciones locales ( ayuntamientos y Diputación ), a pesar de las apreturas presupuestarias y del déficit.

El caso es que la provincia cuenta, según el último dato publicado por el Ministerio de Administraciones Públicas, con 30.516 empleados públicos, de los que 15.964 dependen de la Junta de Castilla y León; 7.569 de la Administración central y otros 6.963 de las entidades locales.

En los últimos diez años el conjunto del empleo público en León se ha incrementado en 177 personas, que suman 496 si la cuenta se hace desde que comenzaron las dificultades económicas (y los recortes presupuestarios) con la crisis financiera, a partir de 2007.

El empuje del Gobierno autonómico en la contratación de empleados públicos está claro: en diez años ha sumado 1.314 trabajadores, que ascienden a 1.900 nóminas más sobre las arcas públicas si se contabilizan desde 2007. Ello a pesar de las constantes denuncias de falta de personal en buena parte de los servicios, pero sobre todo en la sanidad y la educación.

Mientras tanto los servicios de la Administración estatal en la provincia han menguado de manera preocupante. No tanto en los primeros años de crisis como en la última década, cuando los trabajadores que atienden los departamentos ministeriales, la administración de Justicia, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, instituciones penitencias o la gestión de la Seguridad Social, entre otros servicios, se han reducido en 618 personas.

A reforzar estos servicios y cuerpos están llamadas las oposiciones que acaba de convocar el Gobierno, y la provincia tendrá que hacer cuentas para ver cuántos efectivos requiere para prestarlos de forma eficiente, y prestar atención a cuántas plazas se le dedican realmente.