La parálisis por la huelga de letrados desata una oleada de cierres de bufetes de abogados

La huelga de los letrados de la administración de justicia, que supera ya los dos meses de duración , ha provocado pérdidas de en torno a 10.000 euros por cada bufete individual a los profesionales del Colegio de la Abogacía de León, según una estimación aproximada realizada de acuerdo a los datos extraoficiales facilitados por los profesionales. Las de los procuradores no están cuantificadas y son algo menos, pero también están generando problemas serios.

Decenas de bufetes, han adoptado la decisión en la última semana de paralizar su actividad, por los problemas económicos que está generando el bloqueo, que según afirmaron a este periódico algunos de los especialistas del ramo, está limitando el actual al 10 % de la cifra habitual el trabajo que desarrollan normalmente. En alguno de los casos, según ha podido constatar este medio, se ha pasado de 45 notificaciones mensuales, a tan solo cuatro.

Salvo las causas con preso, los asuntos referentes a pensiones alimenticias y divorcios, o las cuestiones de carácter urgente, los juzgados no tramitan los asuntos que ingresan desde el pasado 24 de enero, cuando comenzó la huelga por las peticiones de los profesionales, antes conocidos, como secretarios judiciales, que pretenden que se incremente su sueldo en función a las nuevas tareas que desempeñan en el ejercicio de sus labores .

El Ministerio de Justicia sostiene que no puede hacer frente a la petición por cuanto inmediatamente desencadenaría un efecto dominó que provocaría que también magistrados y jueces y posteriormente funcionarios de la administración de Justicia solicitasen también un incremento de sus emolumentos en proporciones similares.

Así las cosas, se antoja crucial la reunión que este martes se mantendrá en Madrid, entre el ministerio, Hacienda y los letrados de la administración de justicia, que, a tenor de la opinión de los expertos, puede desbloquear la situación de conflicto que se mantiene desde finales del año pasado .

Los profesionales de la abogacía y los procuradores adoptan una situación prudente a la espera de conocer cómo se desarrollan los acontecimientos, aunque están siendo los principales perjudicados por el cariz que está tomando el problema. «Los ciudadanos ya están acostumbrados en cierta medida a los retrasos en la administración de justicia. Yo he asistido a la cuarta suspensión de un mismo procedimiento recientemente», explicó uno de los abogados consultados por este periódico. «Pero a los profesionales nos está haciendo mucho daño porque son ya dos meses sin apenas facturar».

Los huelguistas someterán a votación este lunes en asambleas provinciales la propuesta de acuerdo que recibieron el viernes de los Ministerios de Hacienda y Función Pública y de Justicia «tras un intenso debate».

«Si los compañeros así lo quieren, la huelga se resolverá esta semana», dijo Juan José Yáñez, portavoz del comité de huelga y miembro de la Unión Progresista de Letrados (UPSJ), una de las tres asociaciones convocantes del paro en reivindicación de mejoras salariales que cumple ya dos meses y que ha provocado la suspensión de más de 360.000 juicios en toda España.

Tras varias negociaciones fallidas y acusaciones mutuas entre Justicia y los antiguos secretarios judiciales, la pasada semana se retomaron las negociaciones entre las partes, con la intervención también del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el diálogo.

Finalmente, el viernes pasado ambos departamentos pusieron sobre la mesa una propuesta de acuerdo, de la que no han trascendido los detalles por respeto a la negociación. Aunque el paro sigue convocado, el comité de huelga se ha comprometido a someter la oferta a consulta de las asambleas provinciales de letrados para dar una respuesta al Gobierno en un nuevo encuentro mañana martes a las 11.00. Todo apunta a un acuerdo.

La principal reclamación de los huelguistas es la llamada cláusula de enganche, una medida por la que su sueldo se referenciaría al de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos.

Sin embargo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, rechazó esta petición por no considerarla «viable» ni «realista».