Diez días de protestas
¿Hay riesgo de desabastecimiento en León?
Los supermercados presionan al Gobierno para que desactive la huelga de transporte
Supermercados , fabricantes de alimentos, hosteleros, partidos políticos y sindicatos han apremiado al Gobierno para que actúe cuanto antes para desactivar el paro de transportistas ante los problemas de abastecimiento que ya se empiezan a producir tras diez días de protestas . Ante esta creciente presión, el Ejecutivo ha adelantado un día su reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y está seguro de que se llegará a un acuerdo en su encuentro de hoy, jueves.
Sin embargo, la entidad que convoca el paro es la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte Nacional e Internacional, que agrupa a conductores autónomos y pymes, y estos no están llamados a la mesa y no se sienten representados por el CNTC. "No daremos por bueno ningún acuerdo que no sea tomado directamente con nosotros (...). Siguen sentándose a negociar con interlocutores que no consideramos válidos", ha advertido el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, que ayer convocaba una manifestación a pie para el viernes, día 25, en Madrid con el objetivo de que el Ejecutivo "visualice a las miles de familias" afectadas.
De momento, empresas como la conservera Calvo, Azucarera, la galletera Cuétara o la cooperativa Dcoop (aceite y leche) han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación e incluso han cerrado temporalmente sus plantas por la "falta de suministro", y firmas como Danone, Estrella Galicia o Heineken han advertido de que deberán hacerlo próximamente.
"No daremos por bueno ningún acuerdo que no sea tomado directamente con nosotros"
Además, los responsables de Pastas Gallo han subrayado que ya ven "riesgo real de desabastecimiento a corto plazo" de este producto si el paro persiste, y el grupo gallego Leite Río ha revelado que sus almacenes están cada vez más saturados al no poder enviar leche envasada a los puntos de venta.
"La situación es insostenible", ha destacado el director general de la patronal Aecoc -que agrupa a distribuidores y fabricantes-, José María Bonmatí, quien ha reclamado al Ejecutivo "una solución como sea" para acabar con un paro que sólo a los supermercados les supone pérdidas de 130 millones de euros al día, según los cálculos del sector. La cadena agroalimentaria en su conjunto habla ya de un "problema de Estado" que ya genera más tensiones en su red que en los peores momentos de la pandemia, y ha alertado de que incluso si se desconvocan las movilizaciones se tardarán días en volver a la normalidad.
Respecto al encuentro que hoy mantendrá el Gobierno con asociaciones de transportistas, Bonmatí ha lamentado que no se sienten a la mesa ni quienes están "pagando la factura" ni quienes convocan los paros. De hecho, el presidente de la plataforma convocante ha defendido en Facebook que los transportistas que mantienen las protestas están "muy cerca de conseguir sus objetivos".
Quejas sindicales
A las voces críticas con el Ejecutivo se ha sumado también el secretario general de CC OO, Unai Sordo, quien ha considerado que el Gobierno debería haber actuado ya para tratar de detener el paro generado por los transportistas ante la subida de los precios de los carburantes. "El Gobierno tiene que ser consciente de que una parte del descontento generado en algunos de los sectores más impactados por los precios de energéticos y de los hidrocarburos habría requerido de algún movimiento previo por parte del propio Gobierno", ha subrayado.
Los reproches se han sucedido igualmente en la sesión de control celebrada en el Congreso de los Diputados, donde el PP ha instado al Ejecutivo a bajar los impuestos y dar ayudas directas al sector del transporte ante una situación "dramática", Vox ha acusado a los socialistas de no escuchar a la calle y Ciudadanos ha contrapuesto las medidas ya adoptadas por otros países europeos con la "inacción" de España.
Del lado del Gobierno, la ministra de Transportes Raquel Sánchez aseguraba ayer que "la mayoría" de los transportistas estaba trabajando, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha descartado que la solución a la subida de los precios de la energía pase por medidas como bajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el IVA.