Obras paralizadas
La subida de precios acorrala a la construcción y pone en riesgo cientos de obras
Las empresas aseguran que no pueden asumir los sobrecostes y que muchas licitaciones están en riesgo si el Gobierno no impulsa nuevas medidas de choque
El sector de la construcción no es el único que padece los rigores de la tormenta perfecta que viene sufriendo la economía desde 2020: pandemia, crisis de materias primas y transporte, encarecimiento de la energía y finalmente una guerra en Ucrania que ha agravado aún más la situación . Pero, sin duda, el elemento que más les preocupa desde hace semanas es la inflación galopante, que cerró marzo con un alza del 9,8% -la mayor desde 1985- empujada por una subida del 107,8% en la electricidad y casi del 40% en los carburantes. Ello se ha traducido en un fuerte aumento "sin precedentes" -según Seopan, patronal de las grandes constructoras - del precio de los materiales básicos que precisan para su actividad. El sector sitúa el inicio de este movimiento alcista en 2020 y calcula que desde enero de ese año hasta marzo de 2022 la electricidad se ha encarecido un 1.224%, el gas otro 1.163% y el petróleo un 84%. Ello ha causado que en ese mismo período el precio de la madera que compran para sus obras haya aumentado un 227%; el del aluminio, un 125%; un 93% el acero, y otro 77% el cobre.
Solo en el primer trimestre el acero corrugado ya ha igualado la subida que sufrió el ejercicio pasado (21%), mientras que el cobre y la madera duplican el crecimiento mensual medio de sus precios en 2021. Peor aún es el panorama con el aluminio, cuyos incrementos mensuales están siendo más de cinco veces superiores a los del año pasado. Esta evolución alcista de horizonte incierto ha distorsionado en parte la estructura de costes de las empresas de la construcción y amenaza con ahondar en ello. Los consumos intermedios (incluida la energía) suponen dos tercios de sus gastos y solo la factura en materiales representa entre el 33% y el 40% del total; esto es, al menos 41.560 millones de euros anuales y hasta casi 50.000.
Por esa energía mucho más cara, la industria siderúrgica, cementera y de hormigón ha ralentizado e incluso paralizado en algunos ámbitos su producción. El resultado ha sido "una ruptura del mercado nacional" -alertan desde Seopan- que, "según los casos", ha provocado incrementos de precios de doble dígito semanales o directamente "la imposibilidad de garantizar un suministro en plazo ante la incertidumbre del coste productivo". Y de no resolverse, "anticipa un período de desabastecimiento", un riesgo agravado con la reciente huelga de transportistas y que todavía no se ha despejado del todo.
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Incremento "inasumible"
Por ello, tanto Seopan como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) piden al Gobierno medidas "urgentes" ante ese incremento "inasumible" de costes. Entre ellas, una actualización del decreto aprobado en marzo que permite la revisión de hasta el 20% del presupuesto en las obras públicas si algunos materiales suben más de un 5%. Lo ven ya "insuficiente" porque en la práctica "excluye a casi todos los contratos firmados en 2021" y se deja fuera la energía, pese a que en muchos trabajos supone el 30% de los gastos o más. Esa revisión de precios "quedó desfasada" en poco tiempo, dice Antoni Cunyat, profesor de Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "La cadena de valor del proceso constructivo está en serio peligro", asevera Iván Zamarrón, ingeniero de caminos y profesor de la escuela de negocios EAE, quien apunta que los márgenes de negocio "ya venían tradicionalmente ajustados" y critica que las medidas tomadas "no dejan de ser un alarde de marketing político". Seopan solicita que las licitaciones se aplacen "hasta que el mercado recupere la normalidad", al menos uno o dos meses. "Resulta extremadamente arriesgado presentar una oferta sin garantía del mantenimiento de los precios", avisa. De lo contrario -añade-, la Administración tendría que "contratar a los precios máximos de la coyuntura actual y sin seguridad sobre la viabilidad de la ejecución de los contratos".
Las grandes empresas "pueden echar mano de su músculo financiero, pero en las pymes podemos ver cierres de empresas si las condiciones se agravan", avisa Cunyat. La construcción -apunta- es, "en general, uno de los sectores más castigados cuando hay crisis". De noviembre a febrero se habían acumulado más de medio millar de licitaciones públicas que quedaron desiertas y cuyo valor superaba los 250 millones de euros, según la CNC. Y en el primer trimestre, al menos el 10% de las adjudicaciones acabaron igual, apunta la plataforma Gobierto. "La paralización es alarmante y puede frenar la recuperación económica", advierte Pedro Fernández, presidente de la CNC. Las empresas medianas y pequeñas corren más riesgo de "no poder completar los proyectos, sufrir problemas de caja y empeorar su calidad crediticia", señala Rigel Scheller, directora de calificaciones en la agencia de rating Scope. Esta patronal pide establecer un sistema automático de reequilibrio de precios para afrontar los sobrecostes -más de la mitad de las empresas ha tenido que paralizar o cancelar obras-, considerando las alteraciones posteriores a la presentación de ofertas tanto al alza como a la baja. Y, además, solicita actualizar las cifras de proyectos anteriores conforme a los valores de mercado.
Las previsiones de crecimiento quedan en duda
Este 2022 debía ser de consolidación de la recuperación iniciada el curso pasado en la construcción tras un 2020 de fuerte crisis por la pandemia. Los datos parecían avalarlo: en 2021 su facturación en España alcanzó los 107.200 millones de euros, un 1,3% más que el ejercicio anterior, cuando su negocio sufrió un retroceso interanual del 13%, según la consultora DBK Informa.Para el presente año, el consenso económico nacional apuntaba un crecimiento de la inversión en construcción del 7,5%, aunque los más optimistas lo duplicaban. Y la Comisión Europea lo situaba en el 7,6%. No obstante, Seopan, patronal de las grandes constructoras, rebaja esas expectativas y apunta un incremento de la actividad nacional del 3,9%. Pero, a la vez, no descarta un segundo escenario si hay desabastecimiento de materiales por no reactivarse la industria electrointensiva, que, de prolongarse un mes, "implicaría una contracción de la producción anual del -3,8%", con una reducción de actividad de 2.385 millones de euros a la semana.
La inyección multimillonaria de los fondos Next Generation de la UE puede paliar parte de esas dificultades , "pero no van a ser suficientes para cubrir todas las necesidades identificadas", afirma Ovidio Turrado, socio responsable de Infraestructuras de KPMG en España. Por eso ve necesario complementarlos con modelos de colaboración público-privada , pero la contratación de concesiones en obra civil es "prácticamente inexistente", según Seopan. Aunque la licitación pública sí se recuperó el año pasado. Sus 23.648 millones de euros mejoraron en un 68% el dato de 2020. En este contexto , la internacionalización de las grandes constructoras españolas realza su valor. Las siete mayores compañías del sector (ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr, OHLA y San José) facturaron el año pasado 43.627 millones de euros en otros países respecto a una cifra de negocios global de 57.759 millones. De media, tres de cada cuatro euros que ingresaron vinieron del extranjero, aunque los porcentajes varían desde el 89% de ACS y el 86% de Ferrovial hasta el 41% de FCC y el 27% de San José.
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