La ULE tiene dos años para adaptarse a la Losu, que entra en vigor el 12 de abril
La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), que entrará en vigor el 12 de abril tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado: reconocerá a los estudiantes el derecho al paro académico e impedirá a los colegios mayores adscritos a universidades públicas segregar por sexo. Entre las modificaciones de la nueva norma destaca el compromiso de gasto del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2030; incluye entre las funciones del claustro universitario «analizar y debatir temáticas de especial trascendencia», o que una persona no funcionaria pueda ser rector de Universidad. Precisamente, la norma señala que los candidatos a rector «deberán ser personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo y reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los Estatutos».
Asimismo, el texto inicial aprobado por el Gobierno fue modificado durante su tramitación parlamentaria en el Senado para establecer que, hasta que se produzca la adaptación de los Estatutos y se determinen por la universidad los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que deberán reunir los candidatos a rector, se les exigirá como mínimo estar en posesión de tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. Las universidades tienen un máximo de dos años para adaptar sus Estatutos a la Losu.
Las autonomías gobernadas por el PP —Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y Castilla y León—, anunciaron ya ayer que coordinarán sus desarrollos legislativos para «paliar los efectos negativos» de la Losu. Los consjeros de Educación populares, señalan que ante el «desasosiego, incertidumbre y preocupación» generados en el sistema universitario.
Por otra parte, el Pleno del Tribunal Constitucional rechazó ayer la sentencia propuesta por el magistrado Ricardo Enríquez sobre el recurso de Vox contra la conocida como ley Celaá porque respaldaba la norma salvo en dos cuestiones: el rechazo a la segregación del alumnado por sexos y en centros de educación especial.