Se abre la vista oral con 21 sesiones para determinar las responsabilidades en el accidente del Pozo Emilio

Siete años y medio después de que un desprendimiento masivo de grisú acabase con la vida de seis mineros que trabajaban en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, y causase graves heridas a otros ocho, a las 10.00 horas de hoy comienza el juicio oral que deberá determinar si el accidente era imprevisible y fue inevitable o si se habían dado suficientes señales de alerta sobre la peligrosidad de los trabajos, y las muertes fueron por tanto homicidio por imprudencia grave, como solicitan las acusaciones de cinco de los seis mineros fallecidos y de los heridos.

Hasta el día 19 de mayo, según los plazos establecidos por la jueza de lo Penal 2 de León, y durante 21 sesiones, se escucharán los testimonios de los 18 acusados (16 miembros del organigrama de seguridad de la empresa, desde el presidente a los vigilantes; además de la propia empresa y la compañía aseguradora, HDI Hannover). Ademas, declararán otros 65 testigos, casi una veintena de ellos peritos de las distintas partes y del propio juzgado de instrucción, que defenderán sus tesis sobre las causas del siniestro y la actuación de la empresa minera.

Debido a las distancias de seguridad y restricciones que impone la pandemia, y ante el elevado número de abogados, acusados y personal del juzgado que tendrá que estar presente en las declaraciones, en los Juzgados de Sáenz de Miera se han habilitado dos espacios que harán las funciones de sala de vistas. En uno de ellos estarán la jueza, las partes y seis personas que podrán asistir al desarrollo del juicio. Otra sala estará habilitada para los imputados en el caso, y las dos estarán conectadas por una señal de televisión para seguir lo que ocurra en ambos espacios.

Durante las 21 sesiones programadas, en las que intervendrán entre otros casi una veintena de peritos que han investigado el accidente para determinar no sólo sus causas, sino en qué medida la seguridad era suficiente en una mina calificada de tercera categoría por su grisuosidad. Se tratará de determinar si se cumplieron todas las normativas de seguridad, incluidas las propias disposiciones internas de refuerzo de la Vasco, durante la explotación de la Planta 7ª Este del Macizo 7º del Pozo Emilio del Valle, del Grupo Tabliza.

Y también si el sistema de explotación del taller se ajustaba a las precauciones que se requerían para una zona virgen (que no había sido explotada en su parte superior), en la que ya se había visto bóveda durante días y a pesar de ello se siguió sutirando, aunque no era recomendable.

Sobre todo, si los reiterados incrementos del nivel de metano en el ambiente de la explotación, y los incidentes más graves que se habían dado en los últimos meses. fueron avisos suficientes como para haber tomado medidas más estrictas, incluso abandonado los trabajos. Se cuestiona también si el sistema de ventilación estaba correctamente ubicado para las características de la explotación, ya que varios peritos consideran que las paradas automáticas programadas ante subidas excesivas de grisú para evitar explosiones agravaron la falta de oxígeno que acabó con la vida de los mineros.

En último término, se trata de determinar también si en caso de que se considere que hubo medidas que no se tomaron correctamente son causa suficiente como para considerar a los acusados culpables de seis delitos de homicidio por imprudencia grave, como solicitan tanto el fiscal como las acusaciones particulares.

El accidente

El mortal accidente se produjo a las 13.24 horas del 28 de octubre de 2013 por una invasión masiva de metano en el taller donde se encontraban los fallecidos. Invadió las zonas este, oeste y transversal de la planta séptima, y además alcanzó el pozo y la culata de los ventiladores. Que al superar el 5% de nivel de metano pararon la ventilación secundaria en el taller.

De manera casi inmediata el nivel de grisú superó el 95% y el de oxígeno cayó por debajo del 1%, lo que causó la muerte inmediata de los mineros, que estaban intentando huir del taller cuando cayeron. Ni siquiera les dio tiempo a colocarse sus autorrescatadores, a pesar de que eran mineros experimentados.

Los compañeros que habían salido a comer el bocadillo en el transversal notaron «un bufido», y durante las tareas de rescate en un primer momento tanto ellos como quienes acudieron en su auxilio desde las otras plantas sufrieron daños por privación de oxígeno. Varios tuvieron que ser hospitalizados.

Sobre las causas que determinaron esa masiva y repentina invasión de grisú los peritos no tienen las mismas opiniones. Está por un lado el informe realizado por el Servicio de Minas de la Junta, que sostiene que ese desprendimiento de metano se produjo por una rotura de la bóveda, que desencadenó una sucesión de caídas y grietas en las capas superiores, que liberaron más gas. Y al no haber espacio por el que pudiera liberarse hacia zonas superiores, invadió desde el postaller tanto el taller como la galería, hasta llegar al pozo. La autoridad minera defiende que la normativa de seguridad de la empresa estaba en orden, y no se había aportado «ningún dato relevante» que evidenciase anormalidades que pudieran haber adelantado lo que iba a ocurrir.

Una serie de interpretaciones con las que no coincide el perito al cual el Juzgado de Instrucción 4 encargó un informe propio. Este experto considera que no se produjo un hundimiento de la bóveda, sino un «súbito fenómeno gaseodinámico que causó una invasión masiva de metano en el taller». Sin embargo, señala que este fenómeno era previsible por los numerosos incidentes e indicios de riesgo que se habían sucedido anteriormente. Y considera que la empresa no tomó medidas suficientes para hacerles frente, a pesar de que la ventilación, por ejemplo, era «manifiestamente mejorable» y estaba mal ubicada.

El perito del juzgado hace hincapié también en su informe en una deficiente estructura organizativa de la seguridad en la empresa, que no se había actualizado, lo que en su opinión impidió ejercer adecuadamente las funciones de prevención.

Por lo que se refiere al perito que realizó el informe de una parte de las acusaciones, asume que el origen del siniestro fue la caída de la bóveda y se suma también a la tesis de un deficiente sistema de ventilación y de organización en las categorías de responsables de seguridad de la empresa. E incide en que la planta en la que se desarrollaban las labores no estaba incluida en el proyecto de explotación del Pozo Emilio del Valle, a pesar de que su Plan de Labores era autorizado anualmente por la autoridad minera.

Una batería de informes

Frente a todos estos estudios periciales los acusados han presentado una batería de informes tanto técnicos, sobre las condiciones de explotación del pozo, el macizo y el taller en el que se produjo el accidente; como sobre los sistemas de ventilación, así como cuestiones topográficas sobre el buzamiento de la capa que se explotaba, que también han sido cuestionadas desde los otros informes.

A las investigaciones de los peritos mineros se añaden informes como los realizados por el Laboratorio Oficial Madariaga, o Aitemin; además de una auditoría de Auditores del Noroeste sobre el organigrama y sistema de seguridad de la empresa.

A la presentación de todos estos informes precederán en el juicio oral las declaraciones de los 39 testigos, entre ellos los familiares de las víctimas mortales y los mineros heridos. Más de un mes y medio por delante para analizar el accidente.