Aprobada la Ley de Bienestar Animal sin los perros de caza

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente este jueves el proyecto de ley de bienestar animal, que excluye de su aplicación a los perros de caza y otros animales de trabajo, como defiende el PSOE y también la reforma del Código Penal para modificar las penas por delito de maltrato animal por 178 a favor, 165 en contra y 5 abstenciones.

La norma de bienestar animal ha obtenido los 174 votos a favor de PSOE, UP, ERC, EH-Bildu y CUP; la abstención de BNG, Teruel Existe y Compromís y 172 votos en contra del PP, Vox, Cs --que inicialmente había anunciado su abstención--, PNV, PdeCat, Junts per Cat, Más País-Verdes Equo, UPN, Foro Asturias y PRC.

Por su parte, el proyecto de ley de reforma de la ley orgánica del Código Penal que necesitaba mayoría absoluta (176 votos) para salir adelante, ha obtenido dos apoyos más de los necesarios. En concreto, ha contado con 178 que suman PSOE, UP, ERC, EH-Bildu, Compromís y PdCat y la abstención de Teruel Existe y Junts per Cat.

En contra han votado PP, Vox, Cs, PNV, Más País-Verdes Equo, Coalición Canaria, Foro Asturias, BNG, PRC y los dos diputados del antiguo UPN.

Perros peligrosos

El texto de la ley de bienestar animal ha sido aprobado con varias enmiendas pactadas . En concreto, han sido respaldadas dos enmiendas presentadas por EH-Bildu: una que impide derogar el régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos, y otra, para mejorar la coordinación de los registros autonómicos de animales de compañía, pero de acuerdo con el ejercicio de las competencias de estas.

Además, se ha incluido en el texto legislativo una enmienda de ERC para el tratamiento de los gatos y las colonias felinas, de modo que quedan al margen de ser reubicados o desplazamiento de los gatos, los que viven en libertad y supongan un impacto negativo a los espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 o un impacto negativo a la fauna protegida o un riesgo para salud y la seguridad públicas o que sea incompatible con la propia preservación de la calidad de vida de los propios mininos.

Asimismo, otra enmienda transaccional de ERC elimina ciertos requisitos para el transporte de animales de compañía destinados a actividades deportivas o lúdicas, incluidas las cinegéticas, que se efectúe mediante remolques, carros o jaulas. Otra enmienda más de ERC, que cuenta con el apoyo de PSOE, modifica los artículos relativos al artículo competencial de la norma y establece la parte de la ley que será de aplicación en el conjunto del Estado.

Finalmente, el pleno ha aprobado una enmienda transaccional planteada por Unidas Podemos y que cuenta con el apoyo del PSOE por la que se elimina la disposición adicional séptima relativa a las condiciones del mantenimiento de los cetáceos en cautividad.

En el debate, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido que por primera vez España tendrá una ley que sirva "de paraguas de protección" en todo el país, que da un paso adelante para estar a la altura de la sensibilidad de los ciudadanos y que "empezará a terminar con la impunidad de la que han gozado los maltratadores".

Belarra, orgullosa

"Es un orgullo para mi ser ministra de un país que ama a los animales y los cuida y es mi voluntad, hoy y mañana, trabajar por su protección y bienestar", ha manifestado Belarra que ha destacado respecto a la modificación del Código Penal propuesta que permitirá que los "desalmados" que utilizan la violencia contra los animales como instrumento para contra las mujeres vean agravado este comportamiento.

La ministra ha agradecido el apoyo de los grupos ERC, EH-Bildu y PdCAT, pero ha lamentado que se haya roto en el Parlamento el consenso que construyó el Gobierno para proteger a todos los animales y, en especial a los de caza.

Belarra ha subrayado que la norma previene y lucha contra el maltrato y el abandono de los animales, que cifra en 700 al día, y evita el sacrificio de los perros y gatos que son abandonados o no adoptados en las protectoras y que no se deba a motivos eutanásicos.

La ministra ha añadido que para evitar el abandono se establecen medidas para garantizar la identificación de los animales en todo el territorio, crea un registro de criadores y fomentará la tenencia responsable. Por ello, ha advertido a quienes han votado en contra de que tendrán que reconocer que se equivocaron.

En ese contexto, ha admitido que la tramitación de la norma ha sido "enormemente difícil" y ha agradecido a los diputados que han trabajado en la norma, a las entidades de protección animal bajo el lema "Mismos Perros, Misma ley" para que la legislación fuera "lo más ambiciosa posible".

"Hemos llegado tan lejos como hemos podido con las fuerzas que tenemos. Más lejos de lo que había llegado nunca antes España en la defensa de los derechos, pero no tan lejos como querríamos pero más lejos de lo que nunca imaginamos que íbamos a poder llegar", ha apostillado.

Milagros Marcos (PP)

Durante el debate, la diputada del PP Milagros Marcos ha instado al Gobierno a abandonar su soberbia y escuchar a los expertos que aseguran que esta ley no protege a los animales, ni evita el maltrato, ni asegura su bienestar, sino que perjudica la biodiversidad, afecta a la salud pública, puede provocar problemas de control de plagas, promueve el intrusismo profesional y afecta a las gentes que tratan de mantener vivo el mundo rural.

"Retiren esta ley y haga una que no anteponga el interés de los animalistas al interés de los animales. Ya está bien de leyes chapuceras y sin informes que supeditan la legalidad a la gobernabilidad", ha apostillado.

Para Marcos, España "no es un país de maltratadores de animales" y califica de "ironía" que hablen de derechos de los animales quienes "benefician a los maltratadores de mujeres por la frivolidad con la que el señor Sánchez subasta el Código Penal".

"Al PP nos hubiera gustado apoyar hoy aquí una ley que protegiera a todos los animales sin distinción,  como lo hacen las leyes autonómicas de las CC AA  donde gobernamos, en lugar de este despropósito, es verdad que hemos conseguido salvar a unos pocos, al menos gracias al partido popular las personas con discapacidad, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado podrán seguir teniendo perros adiestrados y el mundo rural podrá salvar, en cierto modo, su actividad ganadera, deportiva  y cinegética", apuntó. 

En contra

También contrario a ambos proyectos legislativos, el diputado de Vox Angel López Maraver que ha acusado al Ejecutivo de ser "más falso que quien lleva tres años sin dormir tranquilo y al que no cree ni Patxi". Así, ha advertido antes de la votación a Unidas Podemos que si votaba a favor de la ley iba a traicionar a sus votantes y ponerse al lado de los cazadores, de los propietarios de tiendas de animales.

Mientras, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha advertido de que la norma introduce directrices para la gestión de los gatos que contribuirán a la extinción de varias especies endémicas de como los lagartos, la musaraña canaria o el pinzón azul, y ha exigido que los gatos sean considerados y tratados especies exóticas invasoras.

En contra, el diputado de PNV Joseba Aguirrechea, ha solicitado al Gobierno que retire la norma porque está "inhabilitado" ya que invade de forma incontestable las competencias" derivadas a las comunidades autónomas.

Desde Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz, ha pedido a la Justicia que dicte una "orden de alejamiento" del Gobierno al Código Penal para evitar que lo "manosee" y ha acusado al Ejecutivo de haber cambiado el poder legislativo por el activismo y el 'show'. "La peor salchicha está hecha mejor que estas dos reformas legales", ha valorado.

El diputado de ERC, Joan Capdevila ha lamentado que el Gobierno "no haya podido" con el lobby de la caza pero sí sea capaz de poner impuestos a petroleras y bancos.

Por su parte, Iñigo Errejón, de Más País-Verdes Equo, ha argumentado que una ley que deja fuera a los de caza, a los de trabajo, a los que despelleja la industria peletera o a la tauromaquia no merece su apoyo, igual que una modificación del Código Penal que permite a un maltratador cambiar su pena por una multa.