Medio ambiente
Cazar lobos está prohibido desde hoy
La orden ministerial que incluye a la especie bajo la protección del Lespre desata una oleada de reacciones a favor y en contra El Consejo de Estado avala la decisión que cree «suficientemente motivada y con una base científica sólida»
Anunciado y cumplido. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba ayer la orden ministerial que incluye al lobo ibérico ( Canis lupus signatus ) en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y su caza queda prohibida desde hoy en todo el territorio nacional, también en el norte del Duero donde hasta ahora era especie cinegética. El Gobierno asegura que la normativa ha recibido el aval del Consejo de Estado que, después de haber estudiado las alegaciones de organizaciones conservacionistas y gobiernos autonómicos, ha considerado que la decisión de incluir al lobo en el Lespre está «suficientemente motivada, cuenta con una base científica sólida y responde al principio de precaución». Como consecuencia de este cambio de estatus jurídico, las poblaciones de lobo de León dejarán de ser consideradas objeto cinegético y las medidas de control de la especie «pasarán a tener carácter excepcional».
La decisión ha desatado una oleada de reacciones de todo tipo que se resumen en la satisfacción entre los conservacionistas, que aplauden una medida que enmienda «un error histórico», como defiende la asociación Ascel, promotora de la iniciativa, y en la indignación de las Comunidades Autónomas con territorios ‘loberos’, las organizaciones agrarias y los cazadores. En medio de ambas posturas, la del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que reiteró ayer su apoyo al orden pero recordó que «los ganaderos sienten miedo muchas veces».
A nivel nacional
Los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria han expresado en los últimos meses su intención de continuar con el control poblacional de la especie a través de la aplicación de sus planes de gestión, puede que no sea tan fácil. De momento, los servicios jurídicos de la Junta tendrán que analizar la orden y proceder a su interpretación. Por su parte, el Gobierno advierte de que únicamente podrán ser autorizadas capturas y extracciones de manera justificada cuando todas las medidas de prevención se hayan revelado ineficaces; con la garantía científica de que no comprometerán el buen estado de conservación de la especie y ante la evidencia de daños importantes o recurrentes en la actividad ganadera.
A partir de ahora se homogeneiza en todo el territorio nacional la gestión de la especie, como las medidas preventivas, las indemnizaciones y los procesos de control de la especie que se adopten para evitar y paliar los daños provocados a la ganadería por las manadas de lobos.
Bajo la lupa
El dictamen del Consejo de Estado demás rechaza la solicitud realizada por «algunas comunidades autónomas, organizaciones ganaderas y la secretaria general técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación» de retrasar la entrada en vigor de la orden hasta que el censo estatal del lobo estuviera actualizado y se aprobase la nueva estrategia de gestión y conservación de la especies.
Según recoge Efeverde, lo argumenta en razones de seguridad jurídica, antecedentes de otras órdenes similares, que han entrado en vigor de manera inmediata, y porque «la temporada de caza de esta especie comienza a finales de septiembre».
Considera adecuada y válida la segunda votación realizada en el seno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural «sin oposición, ni objeción de ninguno de los miembros».
Además la autoridad consultante presentó «una base científica sólida, aunque ciertamente discutible de su propuesta de inclusión» y adoptó la decisión de protección «explicando los argumentos científicos que la avalan y las disposiciones normativas que la amparan».
Por todo ello consideraba que el Miteco «puede aprobar la orden proyectada, incluyendo todas las poblaciones de lobo, con independencia de su localización geográfica». El Miteco recuerda que la decisión cuenta también con el respaldo del informe de evaluación del Comité Científico emitido en 2020, que atribuye el estancamiento de la población de lobo ibérico a la «elevada tasa de mortandad no natural».