Desaparecen 10 juntas vecinales en 13 años por falta de pedáneos y pone en riesgo la singularidad de León

m. rabanillo | león

Acumular varias elecciones municipales sin encontrar candidato para presidir una junta vecinal es motivo directo e irreversible para la disolución de la pedanía y la causa directa de la desaparición de diez juntas vecinales en los últimos trece años.

Se trata, según los registros actualizados de la Diputación, de Castrillo del Monte, en el municipio del mismo nombre; Pedrosa del Rey y Salió, ambas de Boca de Huérgano; Montes de la Ermita y Urdiales de Colinas, de Igüeña; Santibáñez de Montes, de Torre del Bierzo; Nistal, de San Justo de la Vega; Valdearcos, de Santas Martas y Urdiales del Páramo, de Urdiales del Páramo.

La lista crecerá y la última en comenzar el inevitable camino hacia la extinción ha sido la entidad local menor de Matilla de la Vega-San Román El Antiguo, perteneciente al municipio de San Cristóbal de la Polantera. El pleno municipal de este Ayuntamiento aprobó el pasado octubre iniciar el expediente del proceso, una cuestión que ya había quedado decidida cuando el 21 de diciembre de 2015 no se presentó nadie a la ‘repesca’ de los comicios municipales de mayo.

Entonces fueron otras 55 las pedanías que se vieron forzadas a concurrir a la repetición electoral. De ellas, quince no consiguieron candidato. Dos de ellas optaron por la vía de la disolución mientras que el resto sobreviven con una comisión gestora. Junto a Matilla de la Vega-San Román El Antiguo tiró la toalla Urdiales del Páramo, perteneciente al municipio homónimo. El expediente para su disolución se inició en febrero de 2016 y quedó extinguida oficialmente seis meses después. Sus bienes pasaron a manos del Ayuntamiento.

Despoblación y partidos

A pesar de la pérdida que supone para el mundo rural leonés la supresión de una pedanía, en cuanto que muere una parte de la singularidad que caracteriza la organización local de la provincia, lo cierto es que se percibe una tendencia ascendente en la evolución de la representatividad en los últimos años. En las elecciones municipales de 1991 fueron 351 las pedanías sin representante, una cifra que ha descendido de forma paulatina en las sucesivas convocatorias hasta llegar a las 56 de 2015. Este descenso se ha producido incluso en un periodo de acusada caída poblacional en los pueblos de León y es que los partidos políticos han asumido la necesidad de cubrir las candidaturas, mayoritariamente con la lista de los concejales que se presentan a los municipales.

Sin embargo, la cobertura de estos puestos no ha significado que las juntas vecinales hayan logrado ocupar el papel que les corresponde en la administración local. Esta es la percepción de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. Su secretario, Carlos González-Antón, considera que la supresión de pedanías es el reflejo de cuáles son las políticas territoriales del Estado y de la Comunidad Autónoma y la «hipocresía» que hay alrededor de esta figura administrativa. A su juicio, los representantes políticos están «diciendo que promueven políticas para fijar población cuando ni siquiera abordan una gestión del territorio con la población existente». Y es que «la gente se desafecta, se desanima porque no tiene ni ayuda ni apoyo de las administraciones». Por eso siempre hay una «espada de Damocles» sobre las entidades locales menores especialmente por una cuestión «absolutamente democrática» ya que no se ha definido quién tiene que prestar los servicios. «El tema de la secretaría está sin resolver en la mayoría de los pueblos y los acuerdos que se adoptan pueden estar sujetos a cualquier impugnación o anulación», señala González-Antón, para quien existe una política clara para «hacer desaparecer las juntas vecinales». «Hay muchísimos pleitos abiertos por cuestiones decididas en el seno de una junta vecinal y que cualquiera puede impugnar porque hay una grave inseguridad jurídica», remarca el secretario del colectivo.

Competencias

La federación exime de culpa a los ayuntamientos, cuyos secretarios «no dan abasto» y traslada la responsabilidad a la Diputación que «gasta millones en carreteras que, repartidas entre tantos pueblos sólo son parches, mientras que no gastan dierno en un servicio en condiciones de apoyo a las juntas vecinales».

Las entidades locales menores ostentan una serie de competencias importantes pero que no se han regulado a través de convenios con los ayuntamientos para ver quién presta los servicios. «Es la asignatura pendiente de nuestro territorio», critica González-Antón, quien también reprocha la «falta de interés» de la Junta de Castilla y León por la supervivencia de las entidades locales menores. «Son una especie a extinguir tanto por la legislación estatal como por la autonómica» ya que «ni siquiera con la nueva ordenación del territorio que la Junta ha empezado desde arriba, se ha preocupado por las juntas vecinales». Por eso, aunque «cada pedanía que se suprime es una pérdida absolutamente irreparable», la federación considera que con las políticas actuales «están esperando a que se mueran los pueblos».