La jueza cita a declarar a Mario Rivas como investigado por un delito de prevaricación

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Villablino y actual regidor municipal, Mario Rivas, tendrá que declarar como investigado por un delito de prevaricación administrativa. Así consta en el auto firmado por la juez de Villablino que acuerda incoar diligencias previas y que responde a la petición de la Fiscalía de Ponferrada de diciembre del año pasado. 

Fuentes de toda solvencia aseguran que los plazos para la apertura del expediente de la declaración del alcalde en el juzgado no debería demorarse más allá de la próxima semana —el auto es del 6 de marzo—, con lo que, de cumplirse, la cuenta atrás del futuro político de Mario Rivas podría comenzar el próximo 20 de mayo a más tardar, siete días antes de las elecciones.

La candidatura de Mario Rivas fue presentada el pasado 5 de abril en un acto al que acudieron el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, la procuradora Nuria Rubio y la anterior alcaldesa de Villablino, Ana Luis Durán. El auto de la juez precisa que los hechos que resultan de la investigación del fiscal hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa. Los hechos, publicados por DIARIO DE LEÓN, indicarían el presunto fraccionamiento de contratos —a través de un decreto de Alcaldía— para adjudicárselos de forma directa a una asesoría.

134.000 euros a la gestoría

Según consta en la denuncia, desde esa fecha se pagaron con carácter mensual 2.478,96 euros, lo que habría sumado un total de 134.000 euros cuando la ley de contratos del sector público lo limita a 15.000 euros anuales. 

La información, que nunca ha sido negada por Mario Rivas , revela que el Ayuntamiento habría destinado de manera presuntamente ilegal 30.000 euros al año a una gestoría de Villablino, G&G Asesores, para la elaboración de las nóminas del personal municipal. Este pago comenzó en 2017, cuando el funcionario encargado de realizar esta tarea enfermó y con posterioridad falleció, sin que por parte del equipo de gobierno se arbitrara una solución para sustituirlo, lo que hizo que los pagos a la asesoría se prolongaran.

El decreto por el que Mario Rivas, aprobó con la citada G&G un contrato menor por valor de 2.478,08 euros data del 6 de noviembre de 2017 y especifica que esa partida se destinará a «labores de revisión y mecanización de envíos a Seguridad Social del mes de septiembre de cinco empresas, confección y revisión de recibos de salarios del mes de octubre y mecanización de las empresas citadas». La ley de contratos públicos impide que los contratos menores se prorroguen, como ocurrió en este caso.

En la presentación que Luis Tudanca realizó el pasado día 5 de abril en Villablino, citó entre las cualidades de Mario Rivas la de pertenecer a una estirpe que «se ha jugado la vida en las minas de esta tierra y ha sudado sangre y lágrimas por levantar a sus familias». No es el caso de Mario Rivas, que trabajó tan sólo en una contrata de los cielos abiertos de Victorino Alonso, hasta su traslado a Cerredo con la clausura de esas explotaciones. 

Su familia formó parte de la comisión que firmó el contrato por el que MSP se comprometía a devolver las fincas de San Miguel al pueblo con el fin de poder utilizarlas para la explotación.  Sin embargo, Mario Rivas ha sido uno de los compradores que más terrenos de San Miguel ha adquirido presuntamente en las subastas de la liquidación de la empresa minera, si bien no ha explicado aún cómo han pasado a su poder. Además, tanto su hermano como su familia política han sido denunciados por varios vecinos de Villablino, que les acusan de quedarse con terrenos de su propiedad, así como de ser autores de varias agresiones físicas.

Sin dar explicaciones

El pasado 5 de abril, el candidato Mario Rivas lamentaba el «camino complicado» que había sufrido durante estos últimos años y confesaba haber recibido no menos de catorce denuncias. «La inmensa mayoría no ha llegado ni siquiera a diligencias previas», aseguraba y añadía que, en su caso, «el delito ha sido no achicarse y no responder a chantajes de los que se creen poderosos». Mario Rivas terminaba su intervención asegurando que saldría «de nuevo a por todas, sin complejos, sin arrugarse y siendo sinceros, honestos y honrados» para «representar al municipio de la mejor manera posible, con trabajo, dedicación y esfuerzo».

Sin embargo, el todavía alcalde no explicó a qué responden las 14 denuncias que aseguraba haber recibido y cuáles de ellas han prosperado. Entre ellas se encontraría precisamente la que podría acabar con su carrera política y de la que nunca ha dado explicaciones a la oposición.

Entonces, trató de zanjar la denuncia —hace casi un año— admitiendo que la citada asesoría G&G recibía pagos del Ayuntamiento. Lo justificaba en unos «servicios de acompañamiento», al tiempo que negaba que hubiera contrato alguno . Recordaba además que, tras cursar baja el trabajador municipal que realizaba este servicio, el Ayuntamiento había iniciado una colaboración externa con esta asesoría y alegaba el ahorro «significativo» que suponía para las arcas municipales.

Según Rivas, el coste del trabajador era de unos 60.000 euros y el coste con esta colaboración externacera «prácticamente menos del 50 ciento».  Además, explicó que se había iniciado un expediente de contratación para poder realizar este trabajo de manera externa, si bien se suspendió al llegar la nueva secretaria porque «entendía que era más conveniente hacer ese trabajo a través de empleados públicos». 

Aseguraba Rivas en el Pleno, celebrado el 6 de junio de 2022, que el Ayuntamiento buscaba a trabajadores municipales con la cualificación profesional adecuada pero no había encontrado ninguno que quisiera «acometer esa responsabilidad».