Mario Rivas firmó una moción para exigir que CMC revirtiera las fincas a Villablino

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, firmó en 2016 como alcalde una moción aprobada en un Pleno municipal para exigir a los administradores concursales de Coto Minero Cantábrico (CMC) que revertiera al municipio las fincas de San Miguel de Laciana que utilizó en su día la antigua Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) en su explotación minera, una de las cuales ha quedado en manos del regidor que, ignorando dicha moción, adquirió una de las parcelas que actualmente es de su propiedad.

El Pleno de Villablino reclamaba así el cumplimiento de un convenio entre la comunidad de vecinos de San Miguel y MSP, mediante el cual la minera debía revertir todas las ocupaciones en los montes de las juntas vecinales y fincas privadas.

La moción pedía que el Ayuntamiento de Villablino colaborara con las juntas vecinales en la recuperación de los terrenos, facilitándole a cada junta vecinal una copia de la información recogida en el Plan de Recuperación de Espacios Degradados, relativa a las ocupaciones de sus Montes de Utilidad Pública (MUP). También reclamaba a los administradores Concursales de CMC la recuperación de los terrenos afectados por las ocupaciones en los MUP propiedad del Ayuntamiento de Villablino y exigía la devolución de los terrenos recogidos en el convenio firmado con la representación de la Comunidad de vecinos de San Miguel.

La moción firmada por Mario Rivas demandaba requerir a los administradores concursales de CMC la paralización de cualquier procedimiento de adjudicación, venta, alquiler, usufructo o cesión, que afectara a dichos terrenos.

La moción, el apoyo de Rivas a la misma y la compra de la finca que debería haber revertido en función del convenio al municipio salió ayer a relucir de boca de la oposición en el Pleno ordinario de Villablino

Ante la petición de explicaciones de los portavoces de Ciudadanos y de PP, Rivas se escudó en que el convenio, que en su día defendió él mismo en la moción, «no tiene validez» ya que es «nulo en pleno derecho». El alcalde, que leyó un informe jurídico realizado por la secretaría municipal, recordó que en aquella moción se abstuvo Laciana Avanza, que defendía entonces que el convenio era nulo, aviso que, sin embargo, el propio Rivas ignoró en aquel momento.

La portavoz de Ciudadanos, María Teresa Martínez, recordó a Rivas que su propio padre, Constantino Rivas, fue uno de los firmantes del convenio que ahora denosta y que, de hecho, su hermano Rubén Rivas entró a trabajar en la mina de esta zona por aquella época en virtud también de uno de los acuerdos con MSP incluidos en el convenio.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Roberto González, pidió la dimisión del alcalde ya que consideró «poco ético que no se cumpla lo acordado», recordando algunas prestaciones que se llevaron a cabo bajo dicho convenio como «los 20 puestos de trabajo en el año 95, 10 puestos más en el año 97 y arreglos en la zona de San Miguel». González, que afirmó que «no vamos a entrar en la legalidad o ilegalidad» sobre el asunto de la finca adquirida por Rivas, también se refirió a la rehabilitación del edificio propiedad de la mujer del alcalde, con destino a planta baja de 95 metros cuadrados y un porche de 24, cuyo destino original era un almacén. «Creemos que un almacén no debe llevar unos ventanales grandes, o nosotros eso entendemos», afirmó González. Por su parte, Rivas se remitió a informes municipales que avalaban la legalidad de dicha construcción.

Sobre la petición de dimisión, el alcalde no entró a responder abiertamiente si dimitiría o no de su cargo, aunque advirtió de que «estaré en prensa un año más, hasta que lleguen las elecciones» porque se siente víctima de una campaña de «desprestigio» por parte del Diario de León pese a que su intención es «respetar rigurosamente la ley» y no la interpretarla, como afirmó en varias ocasiones.

En la sesión plenaria de ayer también intervino la concejala de Hacienda, Hermelinda Rodríguez, quien aseveró que el proyecto de la vivienda de la mujer del alcalde cuenta con un informe favorable del Servicio de Atención a Municipios (SAM), además de un informe técnico favorable y que ella misma concedió esa licencia porque Mario Rivas tenía implicación personal en el expediente.

Con respecto a lo de las fincas que debían revertir a San Miguel, Rodríguez destacó que no se puede cumplir con algo que no es legal y recriminó al PP que pidiera la dimisión del alcalde.