Del sueño de la pequeña Vizcaya a la pesadilla de la descarbonización

El 31 de diciembre de 2018 ha llegado, y cumple su condena sin contemplaciones. Para ser exactos, le quedaba en realidad poco trabajo que hacer. Han sido ocho años de creer y no creer que la sentencia se iba a ejecutar, que el coste social iba a ser una vez más el argumento para sostenerse un tiempo, aunque fuera cada vez más en precario. No ha sido así. El plazo estaba anunciado desde julio de 2010 y firmado desde que el 10 de diciembre de ese año el Consejo Europeo aprobara la Decisión 2010/787 relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas. Todas aquellas empresas que a partir de 2011 cobraran ayudas (todas las mineras, al fin) tendrían que devolverlas o cerrar definitivamente hoy. Réquiem por la minería del carbón, y por la industria de generación energética que ha sostenido a la provincia durante un siglo.

Los ocho últimos años de la minería se han esfumado entre la liquidación progresiva del sector y todas sus posibilidades de futuro, y negociaciones de dudosa contundencia para intentar establecer un mecanismo que permitiera la supervivencia a las empresas rentables. Los incumplimientos flagrantes de los acuerdos estatales firmados y la voluntad de acabar con la minería han sido en realidad la tónica de un último capítulo dedicado a desmembrar al sector y quitarse de encima a sus trabajadores para frenar la protesta social. La negativa a buscar fórmulas para que las térmicas siguieran funcionando se salda también en el final del plazo de vida del carbón con el cierre de las centrales, sin perspectivas en un escenario de descarbonización que se acelera.

Para el carbón ya no hay presente, y las cuencas afrontan su futuro sin estar realmente preparadas para el cerrojazo de la que ha sido su forma de vida durante más de un siglo. Queda la baza de aprovechar (y exigir que se cumplan, esta vez sí) las medidas que establece el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón (2019-2027). En buena parte se fían a la iniciativa privada, y recogen un empleo residual en el desmantelamiento de las instalaciones y acondicionamiento medioambiental de las comarcas. El acuerdo protege el futuro económico de los trabajadores de las empresas mineras, pero no el de los empleados de las contratas. Y queda en el aire toda la economía que depende casi en exclusiva de la actividad minera. Toda la economía de las cuencas.

LOS AÑOS DORADOS

El inicio de la explotación de carbón a mediados del siglo XIX se destinó al consumo local con «mineros del país», luego la minería creció hasta superar en 1950 los 18.000 trabajadores directos en la provincia. En los albores de la reconversión, a comienzos de los años 90, en todo el país trabajaban 45.000 mineros, en 234 empresas, y sacaban más de 19 millones de toneladas anuales. Más de 12.000 de estos trabajadores en las cuencas leonesas. El empleo indirecto que generaban se calculaba entonces en más de 25.000 personas.

El último dato de afiliación del Régimen Especial de la Minería del Carbón, que corresponde al mes de noviembre, cifra en 304 los mineros de la provincia. Sólo en los últimos cinco años el marco de reestructuración del sector financió la baja de casi 1.500 mineros, la mayor parte de ellos con prejubilaciones.

Los datos de producción son residuales, aunque hasta el mes pasado habían permitido mantener cierta actividad. El panorama empresarial es desolador: la concentración de las últimas décadas centralizó el negocio en las grandes siglas históricas, que desde hace ya tiempo están en proceso de liquidación. De hecho, según el Ministerio de Transición Ecológica, sólo Hijos de Baldomero García negocia (junto con la aragonesa Samca) un escenario de devolución de las ayudas para seguir funcionando. Aunque ya no hay térmicas a las que abastecer.

Resumir aquí la historia de la minería leonesa es imposible. Ni siquiera los acontecimientos que han precipitado su liquidación en tiempo récord. Es sin embargo el relato de más de un siglo de vida de la provincia, desde aquellos primeros arañazos en las vetas minerales en el siglo XIX y las pespectivas de suministro a la pujante industria metalúrgica a la explotación de un potencial energético enorme escrito con siglas y nombres para la historia (Hulleras de Sabero, MSP, Hullera Vasco Leonesa, y tantas otras) que ha dejado riqueza, pero también cicatrices y una herencia difícil de gestionar. Desde el punto de vista económico y social.

También desde la perspectiva de una representación política local que ha servido más a los intereses de partido que a los del territorio. El carbón y las térmicas de León no pueden (ni deben, ni quieren) luchar contra los objetivos de cambio climático, lo saben y asumen; pero la servidumbre partidista no debió ahogar nunca los intereses y las necesidades de una tierra que tiene enormes compensaciones pendientes.

UNA HISTORIA DE ALTIBAJOS

En realidad la minería del carbón nunca dependió de sí misma. Tanto sus épocas de esplendor como sus crisis han arrastrado a comarcas y trabajadores en subidas y bajadas de mareas que nunca han podido (o sabido) controlar.

El negocio minero comenzó como un fallido intento de los empresarios vascos (con capital madrileño) de abastecer su pujante industria metalúrgica. Fallaron, como si fuera un sino del destino económico leonés, las comunicaciones. Había carbón, pero no cómo transportarlo. El ferrocarril de Ponferrada a Villablino y el de Matallana a Balmaseda, los trenes mineros, consolidaron la industria del carbón, pero los proyectos siderúrgicos de Sabero y El Bierzo ya habían naufragado.

Tras la Guerra Civil la política autárquica puso en valor el potencial energético local, en las décadas de los 40 y 50 proliferó el negocio y por tanto el número de empresas, que además modernizaron y mecanizaron muchos de los ‘chamizos’ existentes. El Plan de Estabilización de 1959 apuntaló una expansión que, con altos y bajos, encontró una nueva agarradera en la crisis del petróleo.

A principios de los años 70 se apuesta en el país por la generación con carbón para luchar contra los altos precios del fuel. León tiene las mayores reservas nacionales, así que se apoya el crecimiento de las centrales térmicas de Compostilla y La Robla y se crea la de Anllares. Se necesita carbón rápido, así que es también la época de expansión de las explotaciones a cielo abierto.

La minería local asienta así un negocio de potentes reservas y numerosas empresas mineras con varias centrales térmicas que abastecen el mercado eléctrico y lo preservan de crisis exteriores tanto políticas como de materias primas. En la década de los 70 se establecen los regímenes de ayudas fiscales y crediticias para la construcción de térmicas y nucleares; y un Plan Energético Nacional (1979) que al año siguiente se impulsó con el Programa Acelerado de Centrales del Carbón.

La situación dio un vuelco en 1986 con el ingreso de España en la Unión Europea, que cambió la política de subvenciones nacionales a la contratación de carbones térmicos. Y, con ella, inició un proceso de reconversión del sector que, apurado después por los compromisos contra el cambio climático, ha acabado con la desaparición de la industria mineraen dos décadas.

Las nuevas exigencias europeas (y los intereses nacionales, amparados en éstas) dieron lugar a partir de los 90 a una reconversión traducida en sucesivos planes del carbón que en la práctica se han resuelto sin solución de continuidad en recortes mucho mayores de los previstos en cada una de las programaciones. Un desmantelamiento del sector no siempre ordenado, ni en las cuotas y fórmulas de producción y consumo ni en la destrucción de empleo. Desde luego tampoco en la eficiencia en los proyectos de reconversión de las cuencas, que han adolecido tanto de falta de miras de las necesidades reales de las comarcas como de criterios de rentabilidad a medio plazo de las inversiones.

Llega así el objetivo de la descarbonización de la economía, al que nadie puede ni quiere oponerse. El esfuerzo ha de volcarse a partir de mañana en ponerse en acción para aprovechar los filones autonómico, nacional y comunitario que tienen puesto el foco (sobre todo presupuestario) en las comarcas atenazadas por la desaparición del carbón.

El León minero puede seguir mirando al pasado irrecuperable o luchar por el futuro sin dejar resquicios por los que se escapen las posibilidades que se abren. No son fáciles, pero no son pocas. Y ya no dependen tanto de los demás. Quizá es la hora de que las cuencas tomen las riendas de su propio destino.

Una puerta se cierra, quién sabe las que se abren. La historia de las cuencas mineras de León se escribe de hoy en adelante.