Victorino Alonso mantenía casi 30 millones en tres sociedades ocultas en paraísos fiscales mientras se declaraba insolvente

El empresario leonés Victorino Alonso ha tenido a su nombre tres sociedades ocultas en paraísos fiscales, una de ellas con entre 25 y 30 millones de euros, según se desprende de la investigación periodística de los Papeles de Pandora que han difundido El País y La Sexta. En concreto, el periódico se refiere a la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, que expidió un poder general en nombre de Alonso en 1996. La sociedad comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso y siguió activa y con el empresario del carbón como beneficiario al menos hasta 2018. En una segunda sociedad, Zimco Bunisses, esta vez en Panamá, que en 2009 se llamó Watercard Holdings,  el empresario leonés figuraba en 2017 como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”, según El País. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que integran el Grupo Alonso. En tercer lugar, en los Papeles de Pandora figura a nombre de Victorino Alonso la sociedad Neilmar Investments, creada en 2016. En mayo de 2017 se abre una cuenta a nombre de esta empresa destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”. De acuerdo con el formulario de registro, el patrimonio total de la sociedad ascendía a entre 25 y 30 millones de dólares. Se da la circunstancia de que Alonso se ha declarado insolvente en los sucesivos procesos judiciales a los que se ha enfrentado. El más llamativo es el juicio por la destrucción de la cueva de Chaves, en Huesca, por la que fue condenado a 25 millones de euros. Precisamente, el pasado mes de septiembre el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha decretado el embargo del coto de Bastarás, ubicado en el término municipal de Casbas de Huesca y propiedad del empresario minero leonés Victorino Alonso. Según publicó ayer el Heraldo de Aragón, la finca de caza de casi 2.000 hectáreas a favor del Gobierno de Aragón servirá para cubrir la indemnización de 25 millones de euros, más 7 millones de intereses, acordada en la sentencia dictada hace cinco años contra el empresario por la destrucción del yacimiento de la cueva de Chaves, ubicado en su coto, para hacer una abrevadero de cabras, destruyendo 1.017 m3 de sedimentos neolíticos. Alonso fue condenado el 9 de noviembre de 2016 a dos años y medio de prisión por un delito contra el patrimonio histórico, aunque se ha librado de entrar en la cárcel.