Deuda pendiente
AI exige respuesta a los casos de bebés robados
La oenegé exige al Estado una ley que dé cauce a miles de denuncias En León quedaron sin resolver al menos 21 casos
Amnistía Internacional recogió ayer firmas en León para una ley sobre bebés robados. FERNANDO OTERO
España tiene una deuda pendiente con los bebés robados y sus familias y Amnistía Internacional quiere saldarla. De las 2.158 diligencias incoadas por la fiscalía entre 2011 y 2021 en España por casos sospechosos de bebés robados, 77 corresponden a Castilla y León y de éstas 21 corresponden a la provincia, donde todas han sido archivadas sin apenas investigar.
El grupo local de Amnistía Internacional en León salió ayer a la calle a recoger firmas para exigir que se dé respuesta a las miles de denuncias de desaparición forzada, apropiación y/o sustitución de identidad de niños y niñas que se han producido en España y promover una ley sobre bebés robados «que permita la búsqueda e identificación de niños y niñas, y garantice verdad, justicia y reparación».
La oenegé denuncia que entre 1939 y los años 90, el último caso recogido es de 1993, «miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades. Se vulneró, también, el derecho a la protección de la vida familiar, el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre, y a las relaciones familiares sin injerencias ilícitas».
De 1939 a los noventa
AI señala al Estado en la causa de los bebés robados porque su respuesta, denuncia, «ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años, hasta la actual atención desinteresada, inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda iniciados por personas que no conocen su identidad ni la de su familia biológica; o por madres y padres, hermanos o hermanas, que desconocen la suerte y paradero de sus hijos o hijas, o familiares».
Primero las cárceles, luego los hospitales, maternidades y centros de beneficencia, en muchos casos gestionados por congregaciones religiosas, fueron el escenario de estas desapariciones forzadas. La «desaparición legalizada» afecta a un número desconocido de personas, aunque se sabe que entre 1944 y 1954 un total de 30.960 niños y niñas, hijos de presas, fueron tutelados por el Estado y que 20.266 niños y niñas fueron repatriados tras la Guerra Civil en 1949, según datos de Falange.
Amnistía Internacional ha constatado cómo bebés llegaron a ser entregados a familias de México o Chile, siendo registrados como hijos e hijas biológicos.
«La ideología de género franquista que puso el foco en el control de las mujeres, su sexualidad y su maternidad, impuso la creación de leyes, algunas vigentes hasta finales de los 90, que permitieron amparar la sustracción ilegal de bebés, apuntan las conclusiones del informe, ‘Tiempo de verdad y de justicia’. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de «bebés robados», presentado hace un mes por Amnistía Internacional.
El informe recopila las denuncias colectivas inició Anadir en 2011 y deja constancia de que hay 2.286 perfiles de ADN repartidos en cinco laboratorios y solo 590 en el Instituto Nacional de Toxicología. La única denuncia abierta en este momento es una que se presentó en Barcelona en 2020.
También recoge las leyes que ampararon el robo de bebés: Ley del Registro Civil de 1941 y su reglamento de 1958 vigente hasta 1999. el decreto de creación del Patronato de la Mujer (1941), y otros como el que reguló el parto anónimo entre 1948 y 1999.
AI lamenta que la falta de respuesta del Estado «acrecienta un sufrimiento psicológico que alcanza el umbral de la tortura y otros malos tratos, según reconocen organismos internacionales y alienta al Parlamento a impulsar una ley que lo repare.