Prostitución y trata de personas
Las feministas apremian a León a «sacar del cajón» la ordenanza antiprostitución
Movilización y llamada a ayuntamientos, Diputación y Junta. Las feministas de León calientan motores para la manifestación convocada en Madrid el 28 de mayo que exigirá la aprobación de la Ley de Abolición de la Prostitución. En León han remitido cartas a los 28 ayuntamientos más importantes de la provincia, la Diputación y la Junta. En el caso de la capital exigen que se apruebe la ordenanza municipal contra la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual que, denuncian, «está en el cajón».
Adavas, Flora Tristán, Feministas Bercianas, la Plataforma Feminista Abolicionista de León y la Plataforma Abolicionista de la Prostitución apelan a ayuntamientos, diputación y gobierno autonómico en la lucha para conseguir la abolición de la prostitución . Un total de 28 municipios, los de mayor tamaño de la provincia han recibido el escrito.
En el caso concreto del Ayuntamiento de León , las organizaciones exigen que cumpla con lo requerido en el acuerdo de adhesión a la Red de Ciudades Libres de tráfico de mujeres , niñas y niños destinados a la prostitución, al la que León se sumó por unanimidad el 23 de octubre de 2020.
En este sentido, exigen que se tramite con carácter de urgencia la ordenanza municipal ya redactada para luchar contra esta explotación en este municipio. El borrador de esta ordenanza, que está en fase de revisión de su redacción, según fuentes municipales, incluye multas de 500 a 3.000 euros. Esta ordenanza, que tiene como precedente la que está en vigor en Sevilla, prohíbe realizar cualquier actividad de tipo sexual mediante pago en el espacio público, aunque la multa nunca recaerá sobre la persona prostituida.
Se prohíben todas las conductas que favorezcan o promuevan el consumo de prostitución y otras formas de explotación sexual, incluido el transporte a los lugares donde pueda tener lugar. Otra parte del borrador de ordenanza que maneja el Ayuntamiento de León está enfocada a intervenciones específicas como prestar información y ayuda, con acompañamiento policial si es necesario, a todas aquellas mujeres que se encuentren en situación de prostitución y explotación sexual en el municipio.
Las organizaciones feministas pretenden que ayuntamientos, Diputación provincial y admonistración autonómica impulsen
la abolición de la prostitución y eleven la propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (Loasp) al Gobierno del Estado español, con el fin de que la ley pueda ser tramitada y aprobada en el Congreso de Diputadas y Diputados, y con ello «erradicar de nuestras vidas esta forma de violencia contra las mujeres que significa la prostitución».
Y es que el borrador de esta ley hace alusión directa a las competencias de las administraciones locales y gobiernos autonómicos en la lucha contra el sistema prostitucional. La campaña insta a estas entidades a hacer lo propio en sus territorios, tomando las medidas políticas, materiales y económicas necesarias. Las herramientas son las ordenanzas municipales.
Un total de ocho ayuntamientos leoneses se han adherido a la Red de municipios libres de trata y prostitución. Se trata de La Pola de Gordón, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, La Bañeza, Fabero, Cacabelos, León y Villaquilambre.
La Asociación Feministas Bercianas, que forma parte de la plataforma abolicionista de León, denuncia que desde que se aprobó la incorporación de Ponferrada a esta red municipios «no se ha hecho nada, no hay una ordenanza municipal específica y reclamamos que se haga», apunta su presidenta Noelia Fernández.
Los municipios a los que se pide que colaboren en la campaña y pidan la aprobación de la Loasp son León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Astorga, Villablino, La Bañeza, Fabero, Cacabelos, La Robla, La Pola de Gordón, Boñar, Murias de Paredes, Valencia de don Juan, Sahagún, Valderas, Bembibre, Villaquilambre, Santa María del Páramo, Camponaraya, Congosto, Benavides de Orbigo, Veguellina, Cabrillanes, Vilafranca del Bierzo, San Emiliano, Cistierna, Matallana del Torío y La Vecilla.
Las asociaciones convocantes de la movilización resaltan que en «España nos encontramos en un marco político-jurídico, en el que, a pesar de haber suscrito todos los instrumentos internacionales referidos a prostitución y trata con fines de explotación sexual se han respaldado las prácticas proxenetas y a la industria de la explotación sexual de mujeres».
Sobre todo desde que en el año 1995 se despenaliza el proxenetismo no coercitivo en el Código Penal y en concreto la penalización de la tercería locativa. Lamentan que en España «las mujeres prostituidas, carecen de los más elementales derechos de protección e intervención, de medios económicos y laborales que les permita rehacer sus vidas fuera del ámbito prostitucional».
Mientras tanto, «el proxenetismo goza de gran impunidad y la demanda de prostitución carece de reproche administrativo o penal alguno», subraya el colectivo de asociaciones.
La Plataforma Abolicionista de la Prostitución (PAP) redactó una ley, la Loasp (Ley orgánica de abolición del sistema prostitucional), que «pretende dar una solución abolicionista a esta situación». Se presentó al Gobierno el 4 de diciembre de 2021 y su pilar es la «garantía de los derechos de las mujeres prostituidas y la penalización de puteros y proxenetas».