La lucha de Rubén se alía con el triunfo de Ángela

Aparentemente no tienen nada que ver entre sí. Se trata de un joven leonés con síndrome de Down apartado de la escuela ordinaria y que la Junta de Castilla y León ordenó escolarizar en un centro de educación, ante la negativa de su familia, y una mujer víctima de violencia de género durante años y cuya expareja mató a su hija y luego se suicidó.

Sus caminos se han cruzado en el recurso que el fiscal de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha interpuesto contra el fallo que el pasado noviembre negó a Rubén Calleja y a su familia ser indemnizados —reclaman 350.000 euros— por los daños morales que ha sufrido en los últimos trece años.

La Audiencia Nacional desestimó el pasado 17 de noviembre el recurso que interpusieron en 2021 contra el silencio administrativo del Ministerio de Justicia, que ha hecho oídos sordos de la reclamación por vía administrativa, tras el dictamen del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de 2020.

El espaldarazo de la fiscalía es un aliciente en esta larga lucha, que cumple trece años desde que Rubén fue apartado de la enseñanza ordinaria y quedó en casa sin escolarizar ante la negativa de su padre, Alejandro Calleja, y su madre, Lucía Loma, a matricularle en un centro de educación especial, lo que les costó la apertura de juicio oral a instancias de la fiscalía de menores, acusados de abandono de menor. Ni el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ni el Tribunal Constitucional hicieron caso a las reclamaciones que realizó la familia en 2013. Pero nunca se han dado por vencidos ante las bofetadas judiciales.

Su lema es «seguimos». Con la determinación de seguir hasta el final y el apoyo de Solcom, asociación que trabaja por la educación inclusiva, llegaron al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad del Alto Comisionado de la ONU .  En 2020 les dieron la razón. El dictamen supuso un varapalo para el Estado español. Había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 7, 15, 17, 23 y 24 leídos solos y conjuntamente con el artículo 4 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con esta resolución, Rubén, ya mayor de edad —votó por primera vez en las elecciones generales de abril de 2019— y su familia, reclamaron al Ministerio de Justicia la indemnización por los daños causados. La respuesta fue el silencio, ante lo que interpusieron una demanda de derechos fundamentales ante la Audiencia Nacional. Se trata de los derechos reconocidos en la Constitución Española a la igualdad y no discriminación (art. 14), integridad física y moral (art. 15), tutela judicial efectiva (art. 24)) y a la educación (art. 27).

Reclamaron una responsabilidad patrimonial «por funcionamiento anormal de la administración de Justicia», bajo el argumento de que Rubén fue fue víctima de una «discriminación sistemática y reiterada en el tiempo» por razón de su discapacidad. 

A la segregación escolar que impuso la administración y los malos tratos físicos y psíquicos que Rubén recibió en el colegio, añadieron «los sucesivos avatares desestimatorios de sus pretensiones, tanto por juzgados, tribunales y fiscalía de la jurisdicción ordinaria como de la jurisdicción constitucional y europea» y la persecución judicial a la que fue sometida la familia por negarse a escolarizar al niño en un centro de educación especial.   

Una vulneración de derechos que se ha prolongado durante más de once años «por no haber adoptado el Estado Español las medidas adecuadas y eficaces para evitarlo, así como por no haber dado cumplimiento al Dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 18 de septiembre de 2020».

Y aquí es donde se cruzan los caminos de Rubén y Teresa. El fiscal y también los demandantes enarbolan como sentencia de referencia la que el 17 de julio de 2018 dio la razón a Ángela González Carreño, que se apoyó en el dictamen del Comité de la CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) por vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español en reclamación patrimonial por mal funcionamiento de la administración de Justicia.

Esta sentencia, que la Audienci Nacional considera que no ha sentado jurisprudicencia, es la pieza clave en la que se apoya el recurso de casación interpuesto por la fiscalía y por Rubén y su familia ante el Tribunal Supremo en diciembre. 

La Audiencia Nacional niega al dictamen del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad a favor de Rubén la validez que el Tribunal Supremo dio al dictamen del CEDAW en el caso de Ángela González Carreño. El alto tribunal reconoció la responsabilidad del Estado español en el asesinato de Andrea Rascón González a manos de su padre tras 51 denuncias de la madre en base a la resolución del organismo de la ONU para la defensa de los derechos de la mujer. Había suplicado que no dejaran a su hija con el padre y nadie le hizo caso. El Supremo impuso a la administración demandada 600.000 euros de indemnización.

«Las decisiones de órganos creados por convenciones de Naciones Unidas ratificadas por España, tienen carácter vinculante y obligatorio para España; aunque no regulen el carácter ejecutivo de las mismas», argumenta el fiscal citando la sentencia de Ángela. El recurso, añade el ministerio público, no pretende «revisar sentencias firmes ni de dejar sin efecto el valor de la cosa juzgada». Frente al argumento de la Audiencia Nacional de que no existe en España un cauce «específico y autónomo para para hacer efectivas en el ordenamiento español las recomendaciones de un dictamen del Comité», el fiscal defiende la demanda de derechos fundamentales con reclamación patrimonial como una vía idónea.

«Se trata de dar cumplimiento por los diferentes poderes públicos a través de un cauce procesal adecuado e idóneo, a una obligación internacional hacia los recurrentes, vinculante y asumida por España, en virtud de la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006», recalca. 

Ahora toca esperar de nuevo. «Veremos qué pasa», dice Alejandro Calleja, quien ayer se encontraba en Mallorca impartiendo una charla sobre educación inclusiva. «Seguimos...».

Un joven con síndrome de Down que trabaja con abuelos y abuelas

La vía judicial del caso de Rubén avanza y el joven sigue con su día a día. Muy motivado con su trabajo a media jornada en el centro Alzhéimer León, tras hacer una formación profesional adaptada en Down León-Amidown. Pone el despertador a las ocho para estar a las 9.30 horas en punto y subirse a la ‘furgo’ —el microbús del centro de día— para iniciar con David la primera ruta de recogida de personas usuarias del centro.

Rubén se ocupa de ponerles el cinturón, les ayuda a bajar bajo la supervisión de David y tira de las sillas de ruedas con el brío propio de su juventud. Los «buelos» y «buelas» le tienen encandilado. Les llama por su nombre y recuerda las fechas de su cumpleaños. «Es un compañero que te hace sentir bien por la alegría que transmite y te hace creer en la integración», asegura Flor Juan, gerente de Alzhéimer León.

El ambiente del centro es muy favorable, porque «nuestro gran valor es que nos distinguimos como organización por cómo tratamos a las personas», señala. Rubén espera  con ilusión los viernes para tomarse el ‘vermú’ —un mosto— con Manolo, pero ayer no pudo ser y a la salida del trabajo, tras la sesión de fotos, se encaminó a casa de su abuela. «Hoy me toca fregar», dijo, orgulloso de participar en las tareas domésticas. Por la tarde, tenía su reunión habitual con el «grupo» de Amidown y mantiene sus clases de baile y la ilusión por convertirse en modelo.

La familia de Rubén valora positivamente el espaldarazo de la fiscalía. «Salvo en León, en todo el proceso hemos tenido su apoyo, tanto de la Fiscalía General del Estado como ahora en el recurso de casación». A estas alturas, creen que un triunfo «no será tanto un reconocimiento para Rubén sino un gran avance social».