La Peñina, presa en San Marcos

La primera mujer taxista de León, Piedad Álvarez Rubio, conocida como la Peñina, fue encarcelada en 1937 en el campo de concentración de San Marcos a consecuencia del hallazgo de munición y armas en el tejado de una vivienda adosada a la muralla de Independencia en la que vivía su hermana Alejandra Álvarez Rubio.

La popular taxista leonesa fue encausada en un delito de auxilio a la rebelión, aunque finalmente su parte fue sobreseída. El caso arranca el 26 de junio de 1937. Unos muchachos, jugando a la pelota, encontraban en el tejado de la casa del número 19 de la calle Independencia (una de las adosadas a la Cerca Medieval), y habitada por Alejandra Álvarez Rubio, dos cargadores de pistola completos del calibre 7,65 y una granada de mano Laffite.

Los cargadores llegan al alférez Avelino Fernández Millares (de 24 años, soltero, destacado en León en el 9º Batallón del Regimiento de Infantería Mérida 35, alojado en el cuartel del Hospicio), que ignora qué ha sido de la bomba. Al día siguiente, provisto de una escalera de mano, pretendía el oficial comprobar si en el tejado se hallaban otras armas, y al subir al mismo salió a un corral interior la dueña de la vivienda, Alejandra Álvarez Peñín.

Desconocedora de aquel hallazgo, como toda su familia, a la que no se dio aviso alguno de ello ni de tal comprobación, tiró piedras, insultó y mandó bajar al alférez. El oficial se personó en la Comisaría y el agente José María Franganillo Barrios lo acompañó a registrar el domicilio, pero la inquilina de la vivienda (Francisca Fernández Dueñas, de 27 años, nacida en Benavides de Órbigo, cuñada de Alejandra) se lo impidió y fue en busca de la propietaria, que también se opuso a la entrada de los uniformados, salvo que lo hicieran por la puerta del corral.

Más tarde, con la ayuda de otros dos agentes policiales (Fernando Martínez y Bernardo Díaz Caro) se detuvo y se trasladó a Comisaría a Alejandra Álvarez Rubio (natural de León, de 35 años, soltera, sus labores), que recriminaba a los militares «abusar del elemento civil aprovechándose del Estado de Guerra, pero pronto lo pagarán», y «no ser de los mejores, aunque lleven muchas medallas en el pecho».

Los hermanos de la detenida Lucio Álvarez Rubio (de 37 años, casado, chófer, residente en el mismo domicilio) y Piedad Álvarez Rubio (de la misma edad y estado, vecina de la calle de la Rua y «choferesa desde 1932»), se personaron en la Comisaría pretendiendo, «en tono violento e irrespetuoso», una vez que se ultime la denuncia de Alejandra, denunciar a su vez ellos al alférez, a otros oficiales y a varios soldados «por haber saltado ayer una tapia de su casa, causando daños y dejando abierta la puerta que da a un patio», sin pedir permiso a nadie y sin que el capitán (Juan Pérez Pardo) hiciera caso de sus quejas. Los policías los llaman al orden y alegan que «toda la familia Álvarez Rubio (apodados los Peñines) (es) de marcada ideología izquierdista —los culpan de haber pertenecido a Unión Republicana— y mostrar desagrado y antipatía por los militares», agregan a las diligencias iniciadas a Piedad, Lucio, y su esposa Francisca. Los encierran a todos en San Marcos y los encausan en el procedimiento sumarísimo 309/37 «por auxilio a la rebelión militar» que instruye el teniente de Infantería Ricardo Aguilar Martínez.

En el antiguo convento, convertido en prisión y campo de concentración de prisioneros, los interrogan a primeros de julio. Piedad manifiesta que en la Comisaría los trataron muy descortésmente cuando, conociendo la detención de Alejandra, allí se personaron Lucio y ella. José Peláez Zapatero, secretario de la Diputación Provincial, declara a mitad de mes que en las elecciones de febrero de 1936 requirió particularmente, y pagándolos, entre otros vehículos «dos coches situados en el punto de la Iglesia de San Marcelo», el de Lucio Álvarez «el Peñín» y otro, para traer de los pueblos a la capital personas de derechas en ellos residentes pero que tenían el voto aquí, ambos se negaron a complacerlo, dándole a entender que para la derecha no hacían tal servicio.

A Lucio le recriminan que en agosto de 1936 desobedeció a varios guardias municipales y se negó a cumplir una prestación urgente impuesta por el gobernador civil. Cipriano Acero, comisario de Investigación y Vigilancia, informa de sus antecedentes político-sociales, calificando a la familia de «los Peñines» de izquierdistas y francamente desafectos al Movimiento Nacional, y afirma que en octubre de 1934 sus coches de alquiler, se usaron por el Comité revolucionario de la provincia para llevar el aviso escrito del día y hora de la revolución y las consignas a los comités de otras poblaciones, a veces solos, y otras en compañía de un elemento marxista (para la zona de La Bañeza lo hizo Piedad Álvarez, percibiendo por ello cien pesetas).

A Piedad Álvarez y a su marido, les acusa de responder, a los pocos días de que los milicianos perdieran La Robla, «al saludo fascista de ahora» de otro taxista con el que se cruzan con el brazo en alto y el puño cerrado y a Lucio de haber sido furibundo propagandista de Gordón Ordás, de ser provocador de huelgas ilegales del transporte y de arrojar en una de ellas en 1935 junto a otros dos y para impedir la circulación gran cantidad de clavos por la Plaza de Santo Domingo y otros lugares y carreteras de salida de León.

Piedad y su marido rechazan la acusación, pues «todo el último periodo electoral alquilaron un coche al candidato católico independiente Valeriano Bautista Díez-Arias, y en otros anteriores han trabajado con sus dos automóviles ‘del punto’ para el canónigo de la Colegiata de San Isidoro —Julián García Díez— bajando gente derechista de los pueblos a votar», extremos que los aludidos ratifican. El sacerdote añade que Piedad evitó en uno de tales viajes, entre Piedrafita y Canseco, que varios izquierdistas que les salieron al paso impidieran votar a los de derechas. El comisario acusa a los tres hermanos de agredir, en 1936 con ocasión de un mitin de Calvo Sotelo, a un joven derechista «que intentaba expulsar a un interruptor», que hay fundadas sospechas de que aprovechando sus desplazamientos por la provincia y regiones de la «España liberada» espían al servicio de los rojos, y que son peligrosos para la Causa Nacional. De afectos al Frente Popular y de mala conducta y proceder los cataloga desde la Comandancia de la Guardia Civil el capitán Bernardo Venta Venta.

El 10 de agosto encarcelan en la prisión provincial a Francisca Fernández, consorte de Lucio, continuando en San Marcos él y sus hermanas. Dos días más tarde notifican a Alejandra su procesamiento por los delitos de desobediencia e insultos a Fuerza armada, y se ordena el siguiente el traslado de Francisca del caserón de Puerta Castillo a la Casa de Maternidad (en el Hospicio Provincial), ya que se halla en el octavo mes de embarazo. Ella y los también sobreseídos Lucio y Piedad continuarán presos a disposición del Delegado de Orden Público, «a efectos gubernativos» y por tiempo indefinido, seguramente hasta abonar las considerables multas que como a tantos en parecida situación les impondrían.

El 30 de agosto Alejandra Álvarez Rubio, tildada de «izquierdista e impetuosa de carácter, fue condenada a seis meses de cárcel en consejo de guerra en el Cuartel del Cid.

 

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