Primer caso de eutanasia en León

El primer caso de una persona que ha recibido ayuda para morir en León bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia , ocurrió hace apenas tres semanas. Al filo del aniversario de la entrada en vigor de la norma, hoy hace un año, se realizó esta prestación sanitaria a una mujer a la que el primer médico que le atendió le negó hacer el informe preceptivo, un trámite que no tiene que ver con la objeción de conciencia, según ha podido confirmar este periódico.

La Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad de Castilla y León ha tramitado un total de 17 solicitudes en el primer año de vigencia de la Ley orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. De estas solicitudes, un total de cinco han completado todo el procedimiento de forma positiva, realizándose las correspondientes prestaciones tanto por el primer médico asignado como por otros a los que se les ha pasado ante la objeción de los primeros.

Según la Consejería de Sanidad, otras cinco solicitudes han sido denegadas , tres revocadas y una aplazada. Además, en tres casos se ha producido el fallecimiento del solicitante con anterioridad a la resolución de la petición (al menos uno de estos casos se ha producido en la provincia de León). Actualmente, hay una solicitud más en tramitación.

La primera prestación asistencial de ayuda a morir en la Comunidad se produjo en el mes de noviembre de 2021 en Valladolid, otra más se ha producido en Salamanca (donde hubo que recurrir a un segundo médico). Desde el mes de mayo hasta ahora se han producido las otras tres, incluida la de León.

La Consejería de Sanidad mantiene un total mutismo sobre la procedencia tanto de las peticiones como de las prestaciones de ayuda a morir en base a la protección de datos y mientras no exista una masa crítica que asegure la confidencialidad y la intimidad de los pacientes y sus entornos, según ha manifestado a preguntas de este periódico.

Teresa Ribas , médica jubilada y una de las voluntarias de DMD en León, destaca como balance de este primer año de vigencia de la ley «las diferencias entre Comunidades Autónomas. Han sido 17 velocidades diferentes, claramente marcadas por el signo político de la Comunidad». En el caso de Castilla y León valora que «el arranque fue difícil, pero poco a poco se han ido conociendo las diferentes actuaciones, y a mi juicio no estamos en el furgón de cola».

Destaca también «la generosidad de los profesionales implicados, responsables, consultores y de apoyo, con una gran amplitud de miras y gran valor en una situación tan nueva e impactante para ellos». La gratitud de pacientes y familiares son «la recompensa» a tener que enfrentarse a una situación nueva en la práctica asistencial médica que no deja indiferente a nadie. Su disposición, recuerda, ha permitido a las 180 personas que se han acogido a la ley hasta ahora en España «poder ejercer ese derecho a adelantar la muerte de una manera digna, evitando tanto sufrimiento innecesario».

El Colegio de Médicos ha realizado formación para profesionales sanitarios y también la Comisión de Bioética del Caule ha llevado a cabo un curso para ayudar a los profesionales que se enfrenten a esta prestación asistencial que, aunque minoritaria, entra en la cartera de servicios de Sacyl.

En la otra cara se encuentran los 44 profesionales sanitarios de León que se han inscrito en el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda para morir en Castilla y León, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

La creación de este registro se publicó el 15 de marzo de este año en el Bocyl y se han inscrito un total de 664 en la Comunidad. El registro es único para toda la Comunidad y la objeción de conciencia se puede revocar o presentar en cualquier momento, según precisa la Consejería de Sanidad. La asociación DMD destaca en su balance del primer año de la ley que su aplicación ha tropezado en ocasiones «Pacientes cuyo médico no quiere recoger su solicitud de ayuda para morir o que no está dispuesto a remitirla a la dirección médica de su centro; plazos que se incumplen; informes negativos mal justificados; objeciones ‘de conveniencia’; exigencia de ciertos requisitos no previstos en la ley o, incluso, instituciones que se niegan a que una eutanasia pueda practicarse en sus instalaciones», son algunas de las barreras que han llegado a su conocimiento a través de la red asociativa.

«A todo esto hay que sumarle el hecho de que la Atención Primaria está saturada y no cuenta con los suficientes recursos en la mayoría de las comunidades autónomas»., añade el presidente de DMD, Javier Velasco Laiseca. La aprobación de la ley, en marzo de 2021, fue precedida de la recogida de más de un millón de firmas entre la ciudadanía española. Desde el 25 de junio de 2021 entró en vigor la posibilidad de pedir ayuda para morir en determinados supuestos y bajo un riguroso proceso en el que intervienen el paciente o la familia si tiene testamento vital, el médico responsable, el médico consultor y la comisión de garantías de ámbito autonómico.