Merita Juárez: «Quiero recuperar a mi hijo, que me lo robaron en el Hospital de León en 1979»

«Me enseñaron vivo a mi hijo y al día siguiente vino uno vestido de paisano diciendo que tenía una enfermedad muy grave y que de esos salvaban poco. Y ya no volví a ver a mi hijo ni vivo ni muerto». Merita Juárez, que dio a luz en la residencia Virgen Blanca de León  el 27 de julio de 1979 a un bebé varón, espera desde hace cinco años que la justicia investigue la presunta desaparición forzada de su hijo.

Tras ser rechazada su demanda en el Juzgado de Instrucción número 4 de León en 2019, está a la espera, desde entonces, de que se resuelva el recurso de reforma y subsidiario de apelación por el que reclama que se tome declaración a los dos médicos que firmaron la autopsia de su hijo Lupicinio.

Ante la dilación judicial, el pasado octubre presentó un nuevo escrito a la jueza en el que reclama que se investigue al Hospital de León por los hechos que denuncia. «Me dirijo con este escrito al juzgado número 4 de León para ver cómo está el recurso de mi hijo Lupicinio González Juárez, que me lo robaron en el Hospital de León y quiero recuperarlo porque mi hijo está vivo», escribió de su puño y letra.

Merita Juárez, que tiene ahora 84 años, tenía 45 cuando nació su segundo hijo, tres años después de la primogénita. En su escrito asegura que el niño estaba sanSe había casado con 36 años con un minero que estaba empleado en la Hullera Vasco Leonesa y vivían en Ciñera. Su marido, ya fallecido, no estaba presente cuando le comunicaron que el niño estaba enfermo. 

«Le pidieron a mi marido 3.500 pesetas para el entierro, pero no llamaron para ir», añade. Merita asegura que su marido y ella acudieron al cementerio un mes después cuando ella salió del hospital pero «donde dijeron que lo habían enterrado no había nada de tierra movida, allí no había nada. Me engañaron». Sin embargo, en aquel entonces no iniciaron ningún procedimiento judicial. El marido de Merita, Lupicinio González Villayandre, falleció en junio de 1982 y ella regresó al Bierzo con la niña. 

Cuando se decidió a presentar la demanda, en 2017, en el cementerio de León le dieron los datos de la tumba donde figura como enterrado, la número 45 del cuartel B de la manzana I del camposanto de la capital. «Hice un panteón en mi pueblo para mis hermanas y vine al cementerio para decirle que quería trasladar allí los restos de mi hijo. Y ¿sabe lo que me dijo? Que no había nada».

De hecho, no es posible realizar exhumación para comprobar si hay restos y hacer estudio de ADN debido a que las tumbas donde se enterraba a los recién nacidos fueron removidas años después y los huesos mezclados en el osario común del cementerio de León. Las fechas que aparecen en los documentos oficiales son, cuando menos, chocantes. 

El niño de Merita figura en el Registro Civil de León como nacido el 27 de julio de 1979 y fallecido el día 30 del mismo mes a causa de «parada cardiaca y malformación congénita». Un escrito firmado por la responsable del Cementerio de León certifica «que los restos del neonato Lupicinio González Juárez fue inhumado en el Cementerio Municipal de León el día 3 de agosto de 1979, habiendo sido su defunción el día 30 de julio de 1979».  En el apartado de observaciones del Libro de Familia se señala que la anotación de la defunción se realiza el 6 de agosto de 1979.

La autopsia está firmada el 7 de enero de 1980, cinco meses después del fallecimiento del bebé, por los doctores Fernández Rojo y González Núñez. En el recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el sobreseimiento de la denuncia que presentó en 2017, la representación legal de Merita Juárez solicita que se tome declaración a los médicos que firmaron la autopsia. Este periódico ha podido saber que el doctor Fernández Rojo, experto en Anatomía Patológica, falleció en septiembre de 2011. 

Asimismo, requiere a Serfunle que «indique el lugar exacto de los restos del recién nacido Lupicinio González Juárez a los efectos de solicitar su posible exhumación y comprobar si efectivamente se encuentran sus restos allí».

La denuncia de Merita Juárez es la última que permanece viva de los 21 casos de bebés robados que llegaron a la vía judicial en León desde 2011. Todos los demás están archivados. «Presenté la denuncia porque vi un programa en la tele en la que había señoras que decían que habían vendido niños, si no yo sabía nada; si sé de esto, robo el cuello a todo León», comenta la mujer.

«Ayúdeme el juzgado y el juez para poder encontrar y ver a mi hijo», suplica en el último escrito que ha presentado al juzgado de instrucción el pasado mes de octubre. Merita Juárez, natural de Toral de Merayo, está asistida por el turno de oficio por una abogada y un procurador.

La búsqueda de los bebés robados en España se ha encontrado con un muro administrativo y judicial que ha dejado en el aire la mayoría de denuncias presentadas y ha hecho desistir a muchas madres o hijos e hijas a tramitarlas. Los casos han ‘muerto’ en la carpeta de sobreseímientos y en las hemerotecas de los medios.

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor hace dos meses, reconoce el tráfico de menores de 1936 a 1978. De esta manera, el caso de Merita Juárez quedaría excluido, a priori, de las investigaciones que tendrán que emprender las fiscalías de derechos humanos y memoria democrática que se han de poner en marcha en todas las provincias.

Según Neus Roig, presidenta del Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores en España, señala que «si son los mismos médicos, monjas u hospitales habría una posibilidad». Con la nueva ley se podrá pedir que se reabran investigaciones que fueron archivadas en el pasado. 

Neus Roig realizó su tesis doctoral sobre el tema de las desapariciones forzadas bajo la codirección de Fernando Martínez, actual secretario de Estado de Memoria Democrática, entones catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. Este trabajo científico divide la causa de los bebés robados en tres etapas concretas. La primera va de 1938 a 1952; la segunda de 1953 a 1977 y la tercera desde 1978 en adelante sin fecha de fin.

«En la tercera etapa ya no se podía forzar a la madre a la renuncia por ser soltera o no ser apta. Las renuncias de esta etapa, si las haya, son totalmente voluntarias, pero siguen las comunicaciones de falsas muertes». señala Silvia Climent en el libro Trauma, búsqueda e identidad que recoge las actas científicas celebradas en Donostia en 2021 y en Bilbao en junio de este año.

En España hay presentadas aproximadamente unas 3.500 denuncias de bebés robados. En algún caso se ha llegado a la exhumación del supuesto bebé fallecido. Pero después de un cuarto de siglo desde que empezaron las primeras reclamaciones se desconoce cuantos reencuentros se han producido a raíz de pruebas de ADN realiadas en el Departamento de Toxicología y Ciencias Forenses, planteó Ana Cueto Eizaguirre en dichas jornadas.

La falta de acceso a datos oficiales hace imposible saber el número de tumbas sin restos que han aparecido en las exhumaciones o cuántos casos de falsos biológicos se han acreditado en la Oficina de Víctimas de Madrid creada en 2013 con ámbito estatal. Muchas preguntas han quedado en el aire sin respuesta oficial. «A día de hoy no hay ningún condenado por estos delitos y somos las víctimas las que tenemos que aportar la carga de la prueba». lamenta Ana Cueto.