Villameca, un dique de silencio y olvido

«Recuerdo de pequeño, a principios de los años noventa, observar el pantano de Villameca como el que mira algo grandioso y a la vez incomprensible. Una masa enorme de agua en medio de la tierra. No lo sé, pero seguramente mi padre y mi madre me explicaran durante alguno de los múltiples domingos que subíamos al pantano a bañarnos y a merendar, que toda esa agua estaba ahí porque tres presas la retenían desde que entraran en funcionamiento en 1947».

Quien así habla es Abel Aparicio, de San Román de la Vega, que ha investigado la participación de 13 presos políticos del franquismo en la construcción del pantano de Villameca, ha seguido la pista a la empresa constructora que levantó el muro de la presa, Ginés Navarro y su transformación a lo largo de las décadas en el emporio actual de Florentino Pérez, y ha puesto el foco sobre la figura de un militar del bando de los golpistas del 36 que llegó a ser presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero y a quien todo el mundo recuerda en la zona como un benefactor a pesar de que las obras que se le atribuyen, asegura, son anteriores a su mandato y fueron sufragadas por la Junta Vecinal.

En cambio la memoria de los presos está atrapada en «un dique de silencio y olvido’, señala. Aparicio, que es activista del Ateneo Republicano de Astorga, explica que inició sus pesquisas hace un año. «Alguien me habló de un campo de trabajo en Villameca, formado por presos políticos, utilizados como mano de obra esclava por el régimen franquista, para gloria propia y enriquecimiento de sus amigos».

A través de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) logró recabar los nombres, apellidos y edad de 13 de estos presos. Contaban entre 16 y 58 años y venían penados de Burgos, Oviedo, Valladolid, Málaga, Segovia, Sevilla, La Coruña y otros lugares no localizados. Estos presos estuvieron alojados en barracones en Villameca. Es todo lo que ha podido saber de ellos.

El investigador siguió la pista de la pasta. Como en la serie The Wire, «cuando la policía de Baltimore se cansó de correr detrás de la droga para dar con los narcotraficantes, decidieron ir detrás del dinero y así encontrar, por fin, a las personas que estaban dirigiendo el negocio».

Así dio con la empresa Ginés Navarro e Hijos S. A., fundada en 1930, que además de la presa de Villameca ejecutó numerosas obras públicas para el régimen franquista, como la carretera que une El Escorial con Villanueva del Pardillo (1940), el pantano de Luna en 1945, el canal del Jarama en 1952, parte de la carretera de Cáceres a Badajoz en 1960 o la zona de regadío entre Ejeme y Galisancho (Salamanca) en 1965.

El pantano de Villameca fue ideado hacia 1900 y en 1934 ya estaba en obras. Así se desprende de una curiosa nota que aparece en el Diario de León el 26 de mayo de aquel año:«Por hechicera. Ante la Guardia Civil de Astorga denunció el vecino Julio Juárez que con ocasión de encontrarse con su esposa Remedios González y su cuñado, Agenar González, viendo las obras del pantano de Villameca habían sido agredidos por ocho o diez vecinos de este pueblo (...)». (A la mujer de Julio la tenían por «hechicera» y había «puesto en entredicho la reputación de una vecina de dicho pueblo»).

La guerra civil interrumpió las obras, cuya reanudación anunció el presidente de la Diputación, Rodríguez del Valle, en el rotativo el 6 de septiembre. En 1941 las obras se desarrollaban con «gran intensidad» y el 2 de octubre de 1946 fue inaugurado por Franco, aunque no se puso en servicio hasta 1947 y proseguirían las obras del aliviadero aún en 1949.

En este contexto aparecen los presos políticos como mano de obra de ocasión. Se calcula que más de 400.000 presos políticos fueron utilizados como mano de obra barata en numerosas obras y sectores tras la Guerra Civil y según el historiador Luis Gutiérrez Molina un total de 90 empresas solicitaron al régimen cuadrillas de estos presos-trabajadores.

«Desde hace unos años en España, se está investigando el origen de las grandes fortunas y de aquellas empresas que cotizan en el Ibex 35. No es casualidad que muchas de ellas se enriquecieran durante el Franquismo, usando para ello, en varios casos, mano de obra esclava», apostilla citando el libro el libro Ibex 35 (Ed. Capitán Swing, 2017) de Rubén Juste..

Abel Aparicio siguió rastro de Ginés Navarro e Hijos en la hemeroteca. Y se encontró con el nombre de Mariano López, presidente de la constructora en 1991, que «tuvo que pagar la cantidad de 100 millones de pesetas para quedar en libertad provisional» acusado de delitos de estafa y fraude fiscal por la compra de facturas falsas (El País, 15 de diciembre de 1991).

Tres años más tarde, las acciones de la empresa Ginés Navarro, S. A. salían a bolsa. Se lanzaba al mercado con la oferta pública que Alba —corporación financiera del Grupo March y propietaria del 35% de las acciones de la constructora— dirigida exclusivamente a sus accionistas.

En este punto, el investigador recuerda que Juan March Ordinas fue el fundador del grupo y quien financió el Dragón Rapide, avión que trasladó a Franco desde Canarias a Tetuán «para comenzar el golpe de Estado contra el Gobierno de la República legítimamente constituido», apostilla.

En 1997, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publica el acuerdo de las juntas de generales de accionistas que acuerdan la fusión de Ginés Navarro S.A. con OGP Construcciones, dando lugar a lo que hoy es ACS cuya cabeza visible es Florentino Pérez.

Más allá del lucro de las empresas, el historiador Nicolás Sánchez Albornoz, que estuvo preso en Cuelgamuros y llevaba la contabilidad de las obras del mausoleo, denuncia que que el Estado «hacía un negocio redondo» con los presos, pues cobraba 10,5 pesetas diarias por preso a la empresa Molán, cuyo rastro ha encontrado años después en la Costa del Sol.

«El negocio que el Estado hacía se descompone en concreto de la manera siguiente. De las diez pesetas con cincuenta céntimos diarias devengadas, dos reales iban a parar a una cartilla de ahorro abierta a nombre del penado. El total economizado por él le era entregado de una vez al cumplir la condena y ser lincenciado», relata en Cárceles y exilios. Anagrama 2012.

Calcula que «por cada año trabajado el preso venía a ingresar unas 150 pesetas, a razón de 50 céntimos por 310 días trabajados, descontando domingos y festivos». «Ahorrar por consiguiente unas mil doscientas cincuenta pesetas después de ocho trabajados —pongamos por caso— suenan a burdo sarcasmo».

La redención de penas por el trabajo ideada por el régimen franquista solventaba al mismo tiempo el grave problema de saturación de las prisiones y fue una fuente de ingresos para el Estado, donde el hacinamiento aumentaba el riesgo de mortalidad. «El preso traía más cuenta en el tajo que muerto», recalca Sánchez-Albornoz.

Por su parte, Aparicio subraya que el Estado español «tiene varias deudas pendientes con el pasado», entre ellas los campos de trabajo como el de Villameca o el de Miranda de Ebro, que fue visitado en 1940 por Heinrich Himmler, que es considerado «el ideólogo de los campos de exterminio nazis y de la Brigada Político Social del régimen franquista».

La existencia y el funcionamiento de los campos de trabajo del franquismo, especialmente al finalizar la guerra, «debería enseñarse en los centros de educación», reivindica, sin olvidar el lucro que supuso para aquellas empresas hoy trasmutadas en poderosos emporios a los que el Estado paga el rescate de las autopistas o una indemnización millonaria —1.350 millones de euros— por el caso Cástor. «¡Qué bien resumido está todo esto en La escopeta nacional!», ironiza.

Abel Aparicio, esta semana, con la presa de Villameca de fondo. RAMIRO